Poder Judicial archiva proceso a Nadine Heredia por el caso del hospital Lorena del Cusco y OAS

A pedido de la fiscalía y de conformidad con la procuraduría ad hoc del caso Lava Jato, el juez penal nacional Leodan Cristobal Ayala dispuso el archivo de la investigación preparatoria contra la ex primera dama de la Nación, Nadine Heredia Alarcón por presuntos tratos ilícitos con la constructora OAS para la construcción del hospital Lorena del Cusco.

En este caso, el Equipo Especial del caso Lava Jato atribuía a Heredia Alarcón los delitos de organización criminal y tráfico de influencias, en una investigación que comenzó el 2018. De acuerdo con un colaborador eficaz, luego de las elecciones del 2006, la esposa del expresidente Ollanta Humala habría entablado contacto con los representantes de OAS: José Adelmário Pinheira Filho y Valfredo de Asis Ribeiro Filho, a fin de obtener fondos para las elecciones del 2011.

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Luego, entre los años 2009 y 2010, habría ofrecido a los representantes de OAS darles "apoyo necesario", a través de Víctor Mayorga Miranda, ante el gobernador regional de Cusco, Jorge Acurio Tito, de tal manera que el año 2011 les adjudique los contratos de construcción del hospital Lorena, a cambio habría recibido un pago de 2.5% del valor de la obra.

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La fiscalía no corroboró los dichos del aspirante a colaborador eficaz

Resulta que al cabo de seis años de investigación y una serie de restricciones a su libertad y sus propiedades, la fiscalía no encontró indicios o pruebas que permita probar los dichos del colaborador, ni individualizar los actos que habría cometido cada uno de los investigados. Al contrario, argumentó la fiscalía, se han encontrado evidencias a favor del investigado.

Por este motivo, el Equipo Especial Lava Jato solicitó al juzgado nacional de investigación preparatoria sobreser el delito de asociación ilícita y tráfico de influencias pues, de acuerdo con la Ley 32138, el hecho imputado no es típico y, base al Código Procesal Penal "no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundamentadamente el enjuiciamiento del imputado".

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Junto a Nadine Heredia, el archivo del proceso también incluye a Valfredo de Asis Ribeiro Filho, Leonardo Fracassi Costa, José Rosendo Calderón Huamán, René Concha Lezama, Juan Carlos Paredes Concha y Roberto Zegarra Alfaro. El juez Cristobal Ayala explica en su resolución que en la audiencia pública en la que se evaluó el pedido de archivo, los abogados defensores y la procuraduría ad hoc se mostraron de acuerdo.

La procuraduría ad hoc renuncia a reclamar reparación civil

"Es decir, ante el pedido fiscal de sobreseer a todos los investigados, corrido el traslado, las defensas de los investigados se han limitado a adherirse o expresar sus propias razones por las que debe ser estimado dicho requerimiento fiscal a favor de sus patrocinados. Incluso, aclarada su observación formal, la Procuraduría Pública Ad Hoc, por escrito y a través de su defensa, en audiencia, ha expresado su conformidad con que se atienda al ente fiscal en su pretensión", subraya el magistrado.

Anota que tal es el grado de consenso que, la defensa técnica de la Procuraduría Pública Ad Hoc ha formulado su renuncia expresa al reclamo del objeto civil, esto es, como parte procesal legitimada ha renunciado a su derecho a la reparación civil, lo que fue asentido por las demás partes del proceso. Por este caso, la procuraduría planteaba una reparación civil de más de 214 millones de soles.

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El juez subraya que la investigación no logró su objetivo que es reunir los datos suficientes de la presunta responsabilidad penal para llevarlo a juicio. Por lo cual,resolvió sobreseer, es decir retirar los cargos y pasar el caso al archivo, de manera definitiva en la causa penal y civil, levantando todas las medidas dispuestas contra Nadine Heredia y los demás investigados, respecto de ellos mismos y de sus bienes patrimoniales.

El archivo del caso del hospital Lorena del Cusco sucede días antes de que se dicte sentencia en el proceso por lavado de activos en las campañas electorales del 2006 y 2011, que podría tener a los mismos colaboradores y testigos que generaron el inicio de esta investigación.