Los ministros (y ministerios) defensores de Dina Boluarte

Los miembros del gabinete ministerial y los propios ministerios se han convertido, en la práctica, en los defensores mediáticos de la presidenta Dina Boluarte, involucrada en serias denuncias por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Recientemente, el ministro de Salud, César Vásquez, acusó a la Fiscalía de tener un “afán enfermizo” por “acosar” al Gobierno y añadió que existe “una politización clara” de la justicia.

Además, señaló a una presunta “influencia caviar” que estaría “infestando” el Ministerio Público.

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Estas declaraciones de Vásquez fueron ofrecidas en el contexto de la decisión de la Quinta Sala Penal de Apelaciones que revocó las detenciones preliminares, entre otros, del hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte, y de su ahora exabogado Mateo Castañeda.

No solamente él.

La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, también se refirió al tema y comentó que las detenciones preliminares se dictan “sin los debidos sustentos”.

Podría tratarse de una opinión a tomar en cuenta, desde luego, si no fuera porque a Urtega recién le preocupan estas decisiones cuando afectan directamente al entorno de Boluarte.

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Urteaga comentó que, incluso, podría haber algún tipo de “sesgo” en contra del Ejecutivo y que se tratarían de intentos por “vulnerar la gobernabilidad”.

Urteaga también defendió a su jefa por el tema de los Rolex y sugirió que las denuncias responderían a un asunto de género: “Desde el punto de vista político, creo que desde que ella ha asumido no está tranquila o no está tranquilo el Gobierno porque siempre hay algo que va saliendo. Entonces, me pregunto: ¿es porque es mujer? No recuerdo que en otras gestiones se haya visto los relojes de otros presidentes”, sostuvo.

Más escuderos 

Otro ejemplo es la de la titular de la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar.

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Cuando se procedió a detener preliminarmente a Boluarte y Castañeda, habló de una “dictadura de la suspicacia”: “Basta que haya una especulación, un “habría” para que se abran carpetas fiscales”.

Pérez de Cuéllar es una de las más cercanas a Boluarte y la ha acompañado en el Gobierno desde que asumió la presidencia, en diciembre del 2022, luego del frustrado golpe de Estado de Pedro Castillo. 

A un similar llamado a la gobernabilidad se le sumaron sus colegas Daniel Maurate, de Trabajo y Promoción del Empleo, y Walter Astudillo, de Defensa. “No hay que generar una percepción de conflicto permanente, de fragilidad institucional, eso han señalado las calificadoras de riesgo como factor para reducir la calificación de riesgo”, manifestó el primero. El segundo, por su parte, advirtió que se está promoviendo un ambiente contrario a la “unidad nacional” y pidió a los poderes del Estado, a los organismos constitucionalmente autónomos y a los medios de comunicación a apostar por la “estabilidad y gobernabilidad”.

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No son solamente los ministros, por cierto.

Los propios ministerios han hecho una defensa institucional a favor de Boluarte.

En un hecho que pasó desapercibido en medio del escándalo por la detención de Nicanor Boluarte, todas las carteras lanzaron al mismo tiempo el siguiente mensaje en sus redes sociales: “La presidenta de la República, Dina Boluarte, reafirmó la defensa de la democracia y el respeto a la Constitución Política del Perú. Asimismo, dijo creer en la justicia del país y a la razonabilidad de quienes administran justicia”. Esto ocurrió el viernes 10 de mayo, el mismo día del operativo del Equipo Especial de Fiscales de lucha contra el poder (Eficcop). ¿Por qué los ministerios utilizan sus medios de comunicación con los ciudadanos para defender, al unísono, a Boluarte?

No quieren que se investigue a la presidenta

Un nuevo episodio de defensa ministerial a favor de Dina Boluarte ocurrió el miércoles, cuando el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, justificó la demanda competencial del Ejecutivo en contra del Ministerio Público y del Poder Judicial. “La Fiscalía de la Nación ha abierto investigación contra la institución presidencial y no ha expresado fundamento alguno. No le corresponde (...) El fiscal de la Nación ha traspasado los límites que corresponden a su propia función”, dijo Arana. La demanda fue aprobada en el Consejo de Ministros y busca que la presidenta no sea investigada.