Derrame se produjo por falta de mantenimiento de tubería de Repsol

Para la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente existiría responsabilidad de la empresa Repsol por el vertido de petróleo registrado en el mar de Ventanilla el 15 de enero de este año, basándose en información obtenida por fuentes propias que confirmarían que el sistema submarino de distribución de crudo (PLEM, por sus siglas en inglés) no recibió el mantenimiento adecuado.

Por su parte, Repsol mantiene su posición de que el desastre se produjo por una mala maniobra del barco de bandera italiana Mare Doricum. Durante el proceso de descarga del petróleo, presuntamente la embarcación chocó con el PLEM, ocasionando la fuga del crudo.

De acuerdo con el procurador del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán Mendoza, en 30 días estará listo el peritaje aplicado al PLEM y en otros 30 días estará lista la demanda civil contra Repsol. En total, 60 días.

La demora es atribuible también a que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) todavía no emiten sus informes finales porque el proceso de limpieza continúa.

De hecho, recientemente, OEFA exigió a Repsol que cese de mezclar arena limpia con la que está contaminada con petróleo, procedimiento que estuvo aplicando para retirar el hidrocarburo de las zonas afectadas.

“Nuestra versión inicial es que el PLEM no tuvo un mantenimiento adecuado y por eso se rompió. Hay una versión de la empresa Repsol sobre la responsabilidad del barco, pero eso es algo que se clarificará con la pericia al PLEM. Hemos recibido versiones extraoficiales sobre la falta de mantenimiento del PLEM y que la empresa fue advertida de eso. La pericia aclarará este punto”, señaló a La República el procurador del Minam, Julio Guzmán.

Tiempos diferentes

Para interponer la demanda civil, la Procuraduría del Minam no está sujeta a los resultados de la investigación del fiscal especializado en materia ambiental Ariel Espinoza, a cargo del caso contra Repsol.

“Como mínimo la investigación fiscal demorará año y medio por su complejidad. Pero si la Procuraduría obtiene todos los elementos para la reparación civil, entonces presenta antes la demanda, porque la responsabilidad que solicita no es penal, sino objetiva, de naturaleza civil”, precisó el procurador Guzmán.

Hay dos equipos que se instalaron después de la declaratoria de emergencia ambiental y son los encargados de hacer las mediciones. Uno es el equipo de control de daños y el otro es el equipo de valoración de daños. El primero se encarga de establecer el nivel de impacto del derrame, y el segundo, compuesto por economistas, cuantifica el impacto. La definición del monto de la indemnización exigible dependerá del resultado del trabajo de los equipos, que todavía no concluye.

“No podría lanzar un monto de la indemnización, porque el equipo de valoración tiene que definir la metodología de cuantificación que van a usar. Todo eso tiene su tiempo. Pero cada vez estamos más cerca de cerrar el ciclo de control de daños, que dependerá de la culminación de la limpieza de la zona dañada”, explicó el procurador del Minam, Julio Guzmán.

La posición de la Procuraduría Pública del Minam sobre la responsabilidad del derrame difiere de las conclusiones de Repsol. El 14 de febrero, la empresa española inició acciones legales contra la compañía italiana propietaria del buque Mare Doricum, a la que atribuye la ruptura de la tubería de descarga del petróleo.

“Esta es la primera demanda civil por un caso de derrame, las anteriores las hemos resuelto por la vía penal. Para inicios del 2020, el Minam, por intermedio de la Procuraduría, asumió las demandas civiles. El Perú no estaba preparado para esto”, relató el procurador Guzmán.

Es muy probable que Repsol intente negociar, en lugar de optar por la vía judicial.

“Lo que pasa es que la responsabilidad penal es una cosa y una responsabilidad civil es otra. Si las pruebas son contundentes, no hay abogado dedicado al derecho económico empresarial que quiera forzar un litigio sabiendo que lo va a perder. Los abogados de estos temas saben que no pueden defender a una empresa cuando enfrenta una enorme publicidad negativa. Repsol está muy dañada”, indicó el procurador Guzmán.

Procuraduría no contempla el daño social

La Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente no puede plantear una demanda a nombre de las personas afectadas por el vertido de hidrocarburo en el mar de Ventanilla.

“Una cosa es el daño nuclear y otra es el daño social. El daño social es algo que le corresponde a las personas afectadas. La Procuraduría no puede demandar en nombre de ellos. Lo que puede hacer es proporcionarle toda la información que contemple el daño social, como el tiempo en que el mar estuvo cerrado y ellos no pudieron desarrollar sus actividades”, dijo el procurador.