El presidente de la República, Pedro Castillo, confirmó el último jueves que se presentará este lunes 28 de marzo ante el pleno del Congreso para hacer uso de su derecho a la defensa ante la segunda moción de vacancia en su contra que impulsa el parlamentario de Renovación Popular Jorge Montoya con el respaldo de la oposición y otras bancadas.
“La próxima semana estaremos en el Congreso para ir a responder de lo que se quiere hacer creer del Gobierno. Esta semana, hoy día y mañana, hay una campaña demoledora contra el Gobierno, sacando hasta el fin de semana algunos mensajes, montajes, audios y algunos videos para que esta prensa haga creer. Estoy seguro de que el Congreso no va a caer en eso”, dijo el mandatario desde Puno.
En ese sentido, se espera que el jefe de Estado responda las imputaciones en su contra que se consignan en la moción de vacancia, que consta de 20 puntos y recoge los cuestionamientos la gestión que lidera Castillo Terrones, tales como designar ministros no idóneos para el cargo o presuntamente dirigir una organización criminal desde Palacio.
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El primer punto hace un recuento sobre las respuestas contradictorias de Pedro Castillo en medios de comunicación e interrogatorios ante representantes del Ministerio Público.
Según la moción, el jefe de Estado habría brindado información falsa al ser cuestionado sobre las presuntas presiones del Ejecutivo en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas y el caso de la adjudicación de la obra Puente Tarata a la empresa vinculada con Karelim López.
“En el interrogatorio fiscal antes mencionado destaca también una serie de respuestas evasivas e, incluso, contradictorias a lo que había declarado en algún momento”, apunta el texto.
Por ello, los congresistas que suscriben la moción lo acusan de haber incurrido en fraude procesal y falsedad genérica.
Según Jorge Montoya, el nombramiento de ministros de Estado con presuntos vínculos con agrupaciones extremistas o investigaciones abiertas en su contra vulnera “principios y valores que la Constitución protege, tal como el respeto por los derechos fundamentales, la defensa nacional, el principio de la buena administración y la lucha contra la corrupción”.
“Las designaciones, hechas por el señor Castillo, mediante resoluciones supremas y que demuestran un patrón reiterado en cada una de las recomposiciones del gabinete ministerial hasta febrero de 2022, son muestra una incapacidad moral permanente, pues quebranta constantemente principios constitucionales”, arguye el legislador.
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El vocero de Renovación Popular plantea la destitución de Pedro Castillo por la presunta existencia de un gabinete paralelo al Consejo de Ministros, que, según denunciaron exfuncionarios del Gobierno, sería la verdadera instancia final de la toma de decisiones de Estado.
“Esto evidenciaría una clara contravención a la Constitución, en tanto se estaría pasando por alto al Consejo de Ministros y dando enorme relevancia y peso político a una institución informal, carente de toda regulación y transparencia, y con real poder de decisión en la más alta esfera del Estado peruano: la Presidencia de la República”, advierte el parlamentario.
Según un reportaje de Cuarto Poder, en noviembre de 2021, el ex secretario general de Palacio Bruno Pacheco organizó una fiesta para su hija en un inmueble de Cieneguilla. La fiesta fue valorizada en cerca de 100.000 soles y contó con la participación de la orquesta de cumbia Grupo 5.
Asimismo, las cámaras del referido programa registraron el arribo de vehículos pertenecientes a Mazavig SAC, empresa de Samir Villaverde García, y Threejots, empresa de Karelim López Arredondo y su esposo. También ingresó al recinto el auto asignado a la gerencia general de PetroPerú, ocupada en ese entonces por Hugo Chávez.
En la moción de vacancia también se incluye como un punto para vacar al presidente Pedro Castillo son sus declaraciones a CNN en Español sobre la posibilidad de otorgar mar a Bolivia. “Cometiéndose posiblemente el delito de atentado contra la integridad nacional regulado en el artículo 325 del Código Penal”, precisa Montoya.
“El presidente de Perú hizo tal afirmación aludiendo estar buscando que este pueda tener una salida al mar para dar fin a una disputa que durante años La Paz ha intentado poner en la agenda sin conseguir la tan anhelada playa para los bolivianos”, acusa.
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Tras la entrevista, el mandatario, así como otros representantes del Ejecutivo, ha negado que sea su intención ceder territorio peruano a la nación altiplánica. Sin embargo, a raíz de sus afirmaciones, se presentó una denuncia constitucional en su contra.
Buscan la salida del jefe de Estado por las reuniones extraoficiales con empresarios y funcionarios en un domicilio del pasaje Sarratea, en Breña. Ello, a pesar de que al inicio de su Gobierno la Contraloría advirtió que mantener encuentros en sedes no oficiales sin registrar a los visitantes infringe “la ley que regula la gestión de intereses en la administración pública”.
Se hace hincapié en que, hasta el momento, no se hace pública la lista de visitantes, pese a que funcionarios del Gobierno afirmaron que Castillo Terrones se comprometió a entregarla.
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La empresaria Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz, brindó su testimonio ante el Ministerio Público, donde aseguró que el presidente Pedro Castillo lideraría una presunta organización criminal que opera desde Palacio y el MTC, cuyo fin sería recolectar dinero a partir del direccionamiento de obras.
Ante la Fiscalía, precisó que se habrían direccionado obras por más de 500 millones de soles a la constructora INIP Ingeniería Integración de Proyectos, de los hermanos Roberto y Alejandro Aguilar Quispe.
“Incluso se da a conocer que Bruno Pacheco le habría dicho a Karelim López Arredondo que “si lo culpan por algo, yo voy a contarlo todo, que asuma Pedro Castillo su responsabilidad, en referencia a los 500 millones de soles por las obras ganadas de los referidos hermanos Aguilar Quispe”, se lee.
Según la empresaria, a INIP estarían vinculados “Los Niños”, cinco congresistas de Acción Popular: “Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori Celis y otros tres cuyos nombres precisaré posteriormente”. “Se encuentran vinculados a la mafia enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, vinculado al otorgamiento de millonarias licitaciones en el MTC desde el 2021″, añade.