Comisión de Patricia Juárez busca que el Congreso concentre el poder

La Comisión de Constitución del Congreso se ha vuelto un baluarte importante de la oposición. En el quinquenio pasado, la mayoría de los conflictos entre el Ejecutivo y Legislativo nacieron de los controversiales dictámenes que eran debatidos allí, cuando esta comisión era encabezada por Rosa Bartra, entonces de Fuerza Popular (FP), y luego por Omar Chehade, de Alianza para el Progreso (APP).

La historia no ha cambiado mucho para este periodo. Salvo con la diferencia de que esta vez, según los juristas abordados por La República, la Comisión de Constitución, presidida por la fujimorista Patricia Juárez, ha contribuido a que la balanza de poderes se incline favorablemente al Congreso y ha dejado al Ejecutivo con las manos atadas.

La comisión de Patricia Juárez elaboró el año pasado los dictámenes de los proyectos de ley de interpretación auténtica de la cuestión de confianza y el de impedimento de referéndum para reformas constitucionales con el fin de evitar una asamblea nacional constituyente.

El primero se encuentra en un litigio en el Tribunal Constitucional (TC). El segundo aún no es promulgado por el Gobierno. Y tampoco ha sido observado. De todos modos, es un hecho que Fuerza Popular y sus aliados de Renovación Popular y Avanza País irán por que se promulgue con la insistencia.

Sin embargo, la comisión de la excandidata a la vicepresidencia, con la plancha de Keiko Fujimori, aún tiene cuatro iniciativas legislativas —algunas de reforma constitucional— bajo el brazo para continuar restándole atribuciones al Ejecutivo y debilitando a otras instituciones.

Contrarreforma pendiente

Uno de ellos es el dictamen que contiene las propuestas legislativas de Patricia Juárez y Adriana Tudela, de Avanza País, que pretende restarle facultades al Ejecutivo en la designación del directorio de Indecopi.

A la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y a los ministros de Estado les corresponde esta función. Pero la comisión de Juárez apunta a que primero un comité evaluador, conformado por representantes de la Defensoría del Pueblo, PCM, SBS, Contraloría y el Banco Central de Reserva (BCR), elija a los integrantes del directorio.

Luego, según dicha iniciativa, será la Comisión Permanente del Congreso la que ratifique la decisión del comité evaluador. El argumento es que cuando la designación está a cargo del Ejecutivo, el proceso está politizado.

Pero la Comisión Permanente es una instancia política del Congreso. Con ello, el nombramiento de los directores de Indecopi dependerá del voto de las bancadas.

El dictamen está listo. Y es inminente que llegará al Pleno del Congreso. Implica una reforma constitucional. Por ende, requiere 87 votos a favor, en dos plenos de legislaturas distintas.

Asimismo, a las bancadas vacadoras también se ha sumado Podemos Perú en el intento de debilitar al Ejecutivo. Antes de Navidad, los congresistas de este grupo, José Elías Ávalos, José Luna y Enrique Wong, presentaron dos iniciativas.

La primera es una reforma constitucional que apunta a que el Congreso se encargue de ratificar la elección de ministros, embajadores y los ascensos en las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Nacional (PNP).

Y la segunda es un proyecto que pretende cambiar el Código Procesal Constitucional para que el Ejecutivo no recurra al TC cuando el Legislativo impulse una vacancia presidencial.

La cuarta arremetida de la Comisión de Constitución ocurrió el miércoles. En una sesión extraordinaria aprobaron un dictamen para modificar la elección del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la del magistrado representante del Colegio de Abogados.

El presidente del JNE sería el juez designado por el Poder Judicial (PJ) y el representante del colegiado el que resulte elegido en el Colegio de Abogados de Lima (CAL).

Pero el dictamen multipartidario busca que el titular del JNE sea elegido por el Pleno de esta institución. Además que no solo el CAL, sino todos los colegiados a nivel nacional elijan a su representante.

La comisión de Patricia Juárez dio luz verde a tal iniciativa pese a que, ese mismo día, la decana del CAL, María Elena Portocarrero, le envió un oficio comunicándole que su colegiado estaba preparando la elección de su magistrado en la Universidad San Marcos. Los comicios serían en febrero. Pero la oposición busca adelantarse.

La dejan de lado

En cambio, una propuesta que duerme el sueño de los justos es la reforma planteada por la primera ministra Mirtha Vásquez en octubre del año pasado para reajustar la causal de vacancia por incapacidad moral permanente y la cuestión de confianza. Así se iba a evitar la destitución irregular del presidente y la disolución del Congreso.

Sin embargo, hasta la fecha, la comisión de Patricia Juárez no da luces al respecto. Pese a que ya hubo un primer proceso de vacancia, la Comisión de Constitución ni siquiera tiene un dictamen sobre esto.

Un panorama sombrío

Al constitucionalista Omar Cairo le resulta ilógico que el Congreso pretenda ratificar ministros de Estado, cuando esta institución cuenta con el voto de confianza y la censura como mecanismos para rechazar la permanencia de uno que sea cuestionado.

“Agregarle que el propio nombramiento dependa de una confirmación parlamentaria sería una injerencia desmesurada en el Ejecutivo”, refirió.

Sobre la contrarreforma de Indecopi, señaló que cuando el Ejecutivo designa a los integrantes del directorio de Indecopi, “si el Congreso considera que es inadecuado, la responsabilidad recae en los ministros y los pueden censurar”. No es necesario agregarle una atribución más al Parlamento para confirmar la elección de los representantes de dicho organismo regulador.

En medio de esta coyuntura, dice Cairo, el equilibrio de poderes depende del respeto al diseño de la Carta Magna, “pero se rompe cuando el Congreso inconstitucionalmente pretende modificar la regulación constitucional”.

El constitucionalista Pedro Grandez enfatiza en que esta ola de iniciativas legislativas de la oposición, que responde a la trifulca política, pero no a resolver la crisis institucional, evidencia que el ciclo de la Constitución del 93 llegó a su fin.

“La clase política se ha mantenido todo este tiempo defendiendo el modelo económico y por defenderlo no hemos podido reflexionar, con suficiente distancia, las serias grietas que tiene la Constitución en el modelo político”, lamentó.

La Carta Magna, heredada de la dictadura fujimorista, no ha permitido, asegura Grandez, conservar el equilibrio político. Pero en la comisión de Juárez hacen caso omiso.

Hay un sesgo en desmedro del ejecutivo

Ana Neyra, constitucionalista

Creo que si se va a discutir reducir competencias de un poder del Estado debería ser una discusión mucho más amplia. Lamentablemente, se están aprobando proyectos de ley de manera no pública y debería serlo para ver lo que está pasando.

En el tema del JNE sí creo que era importante que se tomen algunas decisiones en el mecanismo de selección para que no suceda lo que pasó últimamente, que no haya continuidad con el Ministerio Público. Pero, nuevamente, debe haber un debate y a última hora no se cambie un texto que se estaba discutiendo y se ponga que el presidente del Jurado debe ser elegido por el Pleno del Congreso. En el documento tampoco se pone cada cuánto tiempo será la renovación del cargo, eso va a ser un problema.

Me parece curioso que se diga que se está protegiendo la Constitución del 93, pero en la práctica le están quitando contenido a la Constitución.

También es evidente que la selección de la agenda por parte de la Comisión de Constitución tiene un claro objetivo. Hay una propuesta para aprobar una asamblea constituyente y no se ha discutido, pero sí se discute la prohibición de tener un referéndum para reformar la Constitución, y esto se presentó mucho más recientemente como proyecto normativo. Entonces, claramente hay un sesgo en desmedro del Ejecutivo.

Reacciones

Pedro Grandez, constitucionalista

“Se está vaciando el equilibrio de poderes, y el equilibrio es fundamental en una democracia. El Parlamento pretende utilizar la reforma, pero no para un proyecto país, sino para la disputa inmediata y crear inestabilidad política”.

Omar Cairo, constitucionalista

“Hasta el momento, de manera inconstitucional, lo que ha hecho el Congreso es modificar la regulación constitucional de la cuestión de confianza y, de esa manera, restringir las materias sobre las cuales puede plantearse”.

Apuntes

A su medida. El Congreso también aprobó el año pasado una resolución legislativa para que la Comisión de Constitución evalúe cuándo una cuestión de confianza interpuesta por el Ejecutivo es procedente. Dependiendo de esa decisión, se discutirá en el Pleno.