El proyecto autoritario, por Santiago Alfaro

Una dictadura se diferencia de la una democracia, según Giovanni Sartori (1994), porque consiste en una forma de Estado y una estructura de poder "que permite su uso ilimitado (absoluto) y discrecional (arbitrario)". En una democracia, las decisiones políticas se subordinan a la Constitución, a las leyes y a los controles institucionales que restringen la voluntad de las autoridades. Cuando estos principios se erosionan, no estamos ante simples desviaciones, sino ante una transformación del régimen político.

En el Perú, el pacto que hoy gobierna —integrado por Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, Somos Perú, Avanza País, Acción Popular, Juntos por el Perú y Perú Libre— ha desmontado de manera sistemática las bases de la democracia. Lo ha hecho mediante reformas constitucionales orientadas a concentrar poder en el Congreso, la captura de instituciones clave —como la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación— para conseguir, por ejemplo, la impunidad de sus líderes, y a través de la promulgación de leyes incompatibles con la Constitución y con el derecho internacional de los derechos humanos.

Estos días el presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, ha compartido abiertamente su intención de “barrer el sistema de justicia”. No es una pirueta retórica. Se trata de una amenaza explícita contra la autonomía judicial, como lo interpreta la Sala Plena de la Corte Suprema. Los jueces, al ejercer el control difuso, cumplen una función esencial en cualquier democracia: inaplicar normas contrarias a la Constitución. Atacar esta facultad equivale a negar el principio mismo de supremacía constitucional.

Que el máximo representante del Congreso quiera someter al Poder Judicial es el anuncio, entonces, de su interés, de Fuerza Popular y del pacto del que forma parte, de producir una transición definitiva del Perú hacia otra forma de gobierno: la de una dictadura. Implica reconocer que su proyecto político busca tomar decisiones sin límites. Este discurso no difiere del que hizo el expresidente Pedro Castillo y por el que fue sentenciado por el delito de intento de rebelión.

La diferencia entre ambos es solo material. Mientras Castillo fracasó por carecer de poder real, Rospigliosi —y los partidos políticos que lo respaldan— sí cuenta con la capacidad institucional para avanzar en esa dirección. Esa es precisamente la amenaza que todo ciudadano, que todo elector, debe ser consciente. Las dictaduras ya no se anuncian como tales, con golpes derrocamientos y tanques: se instalan usando las instituciones democráticas y cuando la ciudadanía que no es cómplice deja de reconocer las señales.