La Cantuta, 30 años después

Hay algunas verdades incontrastables en el crimen perpetrado por agentes militares del Grupo Colina, que tenían una orden proveniente del más alto mando político y militar. Bajo esas órdenes, hace 30 años, fueron asesinados nueve jóvenes estudiantes y un profesor. Ellos fueron extraídos de una residencia universitaria localizada dentro del campus de la Guzmán y Valle, un centro de educación superior que forma profesores, ubicado en La Cantuta.

La detención fue extrajudicial, y lo que ocurrió después fue un crimen de lesa humanidad. Luego de ultimarlos, los quisieron borrar de la faz de la tierra y los incineraron. Los restos fueron diseminados para evitar la ubicación.

Justo Arizapana fue testigo silencioso de lo ocurrido. Su hombría de bien evitó la impunidad y su denuncia movilizó a Edmundo Cruz, vinculado a esta casa editora y experimentado periodista de investigación, quien hizo las comprobaciones correspondientes y la denuncia contra la barbarie que se había cometido.

Pese a la insania que denotaba la operación paramilitar, una campaña del fujimorismo que gobernaba quiso calificar a los asesinados como terroristas e incluir el crimen dentro de las operaciones regulares de ese momento. Años después se probó fehacientemente ante la justicia que la barbarie cometida no obedeció a la orientación política de los asesinados. Fueron exculpados por los tribunales de los cargos de terrorismo, por iniciativa de sus deudos.

Con el crimen clarificado y los autores detenidos, llegó la amnistía de los asesinos mediante una ley dada por el Congreso, de mayoría fujimorista. Esa ley permitió que los exmilitares no purgaran prisión. Judicialmente, Alberto Fujimori fue encontrado autor mediato del crimen, y es una de las razones por las que fue sentenciado a 25 años de prisión.

En el camino recorrido durante estos 30 años, el crimen de La Cantuta sigue siendo un baldón para el Estado, que no puede impartir justicia. Todavía hay cinco estudiantes que no han sido reconocidos y sus familiares no pueden cumplir con el rito de enterrar a sus muertos. Una caja olvidada en Londres, a donde se enviaron los restos para el reconocimiento, los cuales nunca se reclamaron, muestra la desidia de una justicia que tarda, es débil y genuflexa ante el poder.