
El control del Congreso de Estados Unidos se define este martes en las elecciones de medio mandato, conocidas como midterm. Aunque Donald Trump no aparece en las papeletas, el resultado marcará sus dos últimos años en la Casa Blanca. Están en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado. Los republicanos defienden una mayoría de 218 contra 214 en la Cámara baja y de 53 contra 47 en la Cámara alta. Según Reuters, los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños en cada una si buscan cambiar el control de ambas.
Un escenario adverso hacia el mandatario no implicaría su salida de la presidencia ni la pérdida de todas sus facultades ejecutivas. El impacto se concentraría en su margen político y legislativo. Con una oposición al frente del Legislativo, el presidente tendría que negociar más, enfrentar investigaciones y lidiar con barreras para admitir leyes y confirmar nombramientos. La Constitución le permite vetar proyectos aprobados por el Congreso, y superar ese bloqueo exige dos tercios de los votos en ambas cámaras, un umbral improbable para los demócratas con una mayoría simple.
Si los demócratas recuperan la Cámara de Representantes, encabezarían los principales comités y usarían sus facultades de supervisión para investigar decisiones de la administración republicana. Podrían organizar audiencias, solicitar documentos y emitir citatorios para que funcionarios federales comparezcan ante los legisladores. Entre los asuntos bajo escrutinio figuran las políticas migratorias, las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el uso de recursos públicos y las decisiones de la Casa Blanca en materia de seguridad nacional. Reuters informó que legisladores demócratas ya discutían impulsar pesquisas sobre el ejercicio del poder presidencial.
La Cámara baja también puede iniciar un juicio político contra el presidente. Aprobar los artículos de acusación requiere mayoría simple, pero la destitución depende del Senado, donde se necesitan dos tercios de los senadores presentes para condenarlo. Robert Garcia, principal demócrata del comité de supervisión, situó la corrupción de la familia Trump en primer lugar de su lista de prioridades, mientras que Jamie Raskin solicitó información sobre los negocios de Jared Kushner y Donald Trump Jr. Jason Crow, congresista de Colorado, afirmó que comenzará por el Pentágono, citando informes sobre el desvío de fondos de defensa hacia empresas vinculadas a la familia presidencial.
El partido que controla el Congreso decide en qué se gasta el dinero de los estadounidenses. Esa será una de las grandes bazas demócratas si recuperan el dominio, pues les permitirá dejar sin fondos políticas que no comparten, incluida la guerra con Irán. El liderazgo demócrata prepara una batería de iniciativas legislativas para los primeros 100 días del nuevo Congreso, que operará desde enero de 2027. Hakeem Jeffries, líder de los demócratas en la Cámara baja, resumió sus prioridades. "Tenemos que bajar los precios de la alimentación y la gasolina. Dos, tenemos que conseguir que la asistencia sanitaria sea asequible para todos. Y en tercer lugar, exigiremos responsabilidades a los corruptos que han sometido al pueblo estadounidense a unos niveles de corrupción sin precedentes", declaró.
Esos planes incluyen revertir los recortes a los programas de sanidad pública a rentas bajas, extender los subsidios sanitarios para coberturas privadas, cuyas primas subieron un 58% en lo que va de año, y anular los aranceles del presidente. Si los demócratas conquistan el Senado, además podrían bloquear o retrasar los nombramientos de funcionarios y jueces federales, incluidos los candidatos a la Suprema Corte, el gabinete y las embajadas. Trump ya advirtió que no piensa facilitar la cooperación. "Lo que pasará es que lo vetaré todo y entonces los demócratas vendrán para tratar de negociar conmigo", expresó el mandatario, aunque se mostró abierto a trabajar en vivienda y reforma del código penal.
Aunque los republicanos pierdan la mayoría en una o ambas cámaras, Trump mantendría las facultades ejecutivas que le otorgan la Constitución y las leyes federales. Esto le permitiría seguir usando órdenes ejecutivas y herramientas administrativas dentro de los límites legales, sobre todo en inmigración, comercio y política exterior. De hecho, la Casa Blanca ya prepara alternativas para sostener parte de su agenda si los demócratas toman el Congreso. Reuters informó que funcionarios de alto nivel, entre ellos el subjefe de gabinete Stephen Miller y el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, trabajan en posibles medidas ejecutivas sobre inmigración, aranceles, vivienda y gasto federal. Los abogados de la Casa Blanca revisan qué decisiones puede tomar el presidente sin una nueva aprobación legislativa y cómo defenderlas ante posibles impugnaciones judiciales.
Ese margen tiene límites. Las órdenes ejecutivas no sustituyen todas las facultades legislativas del Congreso y pueden ser bloqueadas por los tribunales cuando exceden la autoridad presidencial. Trump apenas ha utilizado al Congreso en estos dos primeros años y ha gobernado principalmente por decreto, por lo que, incluso convertido en pato cojo, el vuelco podría no tener un impacto profundo. Como otros presidentes en circunstancias similares, pudiera volcarse en la política exterior, menos constreñida que otros ámbitos.

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