Manifestaciones en España por el desahucio de una jubilada de 87 años en medio de una grave crisis en vivienda

El desahucio de Maricarmen, una jubilada de 87 años con movilidad reducida, provocó manifestaciones en Madrid y otras ciudades de España tras su salida en camilla del piso donde vivió durante 70 años. La comisión judicial ejecutó el desalojo después de más de siete horas de operativo policial y trasladó a la mujer al hospital Gregorio Marañón, donde quedó en observación por los efectos de la situación.

El caso volvió a colocar la crisis de vivienda en el centro del debate político y social. Decenas de personas intentaron impedir el lanzamiento desde la madrugada y miles acudieron después a una concentración en Madrid. También hubo protestas en Barcelona y Oviedo, con reclamos de pisos asequibles y medidas que protejan a quienes afrontan dificultades para pagar un alquiler.

Crisis dispara precios de alquiler en España

Maricarmen ocupaba el inmueble bajo un contrato de renta antigua y pagaba 500 euros mensuales. Tras la venta del edificio, la propiedad reclamó un alquiler de 1.650 euros, una cantidad superior a la pensión de 1.450 euros que, según allegados, recibe la mujer. El litigio comenzó en 2018, cuando el inmueble pasó de Renta Corporación a Urbagestión Desarrollo e Inversión SL.

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El episodio ocurre en un mercado con fuertes aumentos. De acuerdo con Idealista, el precio medio del alquiler alcanzó los 15,1 euros por metro cuadrado en agosto, casi el doble que diez años antes. En Madrid y Barcelona, la OCU señaló que apenas quedan pisos por debajo de 700 euros al mes y que el mercado parte de cerca de 1.000 euros.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pidió medidas urgentes con el fin de evitar desalojos de personas vulnerables. Afirmó que el caso muestra “deficiencias, incluso legales” que deben corregirse y reclamó soluciones inmediatas ante situaciones similares.

Sánchez promete un decreto urgente de vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Ejecutivo enviará al Parlamento "de manera urgente" un nuevo real decreto de vivienda. También pidió "responsabilidad" y "altura de miras" a los grupos parlamentarios que permitan conseguir su convalidación.

Sánchez criticó al Ayuntamiento y al Gobierno de la Comunidad de Madrid, dirigido por Isabel Díaz Ayuso, y cuestionó su actuación ante las personas vulnerables. El Ejecutivo busca además acercar posiciones con Junts con el fin de sacar adelante una norma que inicialmente estaba prevista para julio.

Sumar reclamó que el texto llegue al Consejo de Ministros del próximo martes e incluya la expropiación de la vivienda de Maricarmen. El debate, además, generó diferencias entre los partidos. Desde Podemos, Ione Belarra calificó el desahucio de “asesinato”, mientras Alfonso Rueda, del PP, defendió más construcción y mayor seguridad para los dueños.

Urbagestión defiende su actuación tras el desahucio

Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, propietaria del inmueble, presentó en enero una querella frente al Sindicato de Inquilinas de Madrid por presuntos delitos de coacción, revelación de secretos y contra el derecho al honor. La empresa reclama 10.000 euros y una disculpa escrita.

La sociedad cuestionó las acciones del sindicato, incluida la publicación de datos de sus administradores y la imagen de Fernando Alonso Fuentes, propietario de Urbagestión. También rechazó la denominación de “fondo buitre”.

La compañía sostiene en su web que gestiona activos inmobiliarios y busca la “revalorización” de inmuebles, incluso edificios con inquilinos. El sindicato, en tanto, mantiene su posición y afirma que no se retractará. Ambas partes acudieron a un acto de conciliación sin alcanzar un acuerdo y esperan la fecha del juicio.