Corte Suprema de EEUU inicia juicio para determinar legalidad de los aranceles impuestos por Donald Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos inició audiencias para determinar la legalidad de la política arancelaria del presidente Donald Trump, su principal herramienta comercial y diplomática para imponer su visión al resto del mundo.

Desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, Trump ha invocado poderes económicos de emergencia para imponer aranceles "recíprocos" sobre prácticas comerciales que Washington considera injustas.

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Además, el mandatario estadounidense ha impuesto aranceles específicos a sus principales socios comerciales: México, Canadá y China.

Sin embargo, estos derechos de aduana (un pilar clave de su política comercial “Estados Unidos Primero”) fueron impugnados rápidamente ante la justicia.

En mayo, un tribunal determinó que Donald Trump había excedido su autoridad al imponer los aranceles, aunque la apelación de su gobierno permitió que permanecieran temporalmente en vigor.

Unos meses después, en agosto, un tribunal de apelaciones federal confirmó que los aranceles eran ilegales, respaldando la decisión del tribunal inferior y llevando a Donald Trump a elevar la disputa ante la Corte Suprema.

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La decisión del Tribunal Supremo tendrá importantes repercusiones, aunque la sentencia podría demorarse meses. La Corte Suprema, en su mayoría conservadora, podría declarar los aranceles ilegales, ya que su imposición corresponde al Congreso.

Sin embargo, los jueces también podrían validar las demandas de Donald Trump, quien sostiene que esa política de represalias comerciales es una herramienta esencial de sus poderes presidenciales.

Además, están en juego miles de millones de dólares en ingresos aduaneros que el gobierno ya ha recaudado.

De todas maneras, el fallo de la Corte Suprema no abarcará los aranceles específicos por sector impuestos por Trump, incluidos los del acero, aluminio y automóviles.

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Amenaza existencial

Los especialistas presagiaban un gran impacto de los aranceles en la inflación que no se ha materializado. Pero las empresas, especialmente las pequeñas, dicen que están soportando la mayor parte de los costos adicionales.

"Estos aranceles amenazan la propia existencia de pequeñas empresas como la mía, dificultan la supervivencia, por no hablar del crecimiento", declaró Victor Schwartz, uno de los demandantes, antes de la apertura de las audiencias.

"Me sorprendió que aquellos con mucho más poder y dinero no dieran un paso adelante", agregó Schwartz, fundador de una empresa familiar de importación de vinos en Nueva York llamada VOS Selections.

Otro empresario con sede en Nueva York, Mike Gracie, que importa papel de decoración pintado a mano de China, dijo que los altos aranceles de Donald Trump significaron cientos de miles de dólares en nuevos costos.

Cuando Washington y Pekín iniciaron la batalla de aranceles en abril, los derechos de aduana estadounidenses se dispararon al 145%, una factura adicional que Gracie tuvo que absorber.

"No queríamos arriesgar nuestro negocio subiendo precios. Pero no podemos seguir absorbiéndolos indefinidamente", sostuvo.

Kent Smetters, de la Universidad de Pensilvania, señaló que el 40% de las importaciones son bienes intermedios, lo que significa que no son para minoristas, y advirtió que mantener los aranceles significa que las empresas estadounidenses se vuelven menos competitivas.

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Posibles resultados

En opinión de Ryan Majerus, un ex alto funcionario comercial de Estados Unidos, la Corte Suprema podría finalmente validar la política arancelaria de Donald Trump, pero con ciertas limitaciones.

Los magistrados podrían fallar de forma diferencial en función de los aranceles recíprocos, que buscan reducir brechas comerciales, y otros derechos aduaneros que son más bien herramientas de sanción, por ejemplo para combatir el ingreso de fentanilo a Estados Unidos, agregó Majerus, actualmente socio del bufete de abogados King&Spalding.

Incluso si el máximo tribunal considerara ilegales todos los aranceles de Donald Trump, la administración podría recurrir a otras leyes para imponer aranceles del 15% durante 150 días, y aprovechar ese plazo para abrir investigaciones oficiales, como le concede la Sección 301 de la Ley de Comercio, dijo Majerus.

Esa Sección 301 permite a Washington responder a conductas consideradas injustas. Majerus estima que los socios que han negociado acuerdos de aranceles con Donald Trump preferirán mantener esos términos en lugar de reabrir negociaciones.

Más allá de los acuerdos, Smetters dijo que el caso tiene implicaciones más amplias. "Si la Corte permite que esto pase, entonces la pregunta es, ¿qué más puede hacer la administración sin la aprobación del Congreso?", señaló el académico.