
Hace unas semanas, se conoció que el plan de Donald Trump era comenzar a cobrar multas migratorias a extranjeros que fueron deportados de Estados Unidos y ahora ya se hizo oficial. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) contrató a cuatro empresas privadas para localizar a personas en México, Guatemala y Honduras, confirmar sus domicilios y entregarles notificaciones con sanciones pendientes.
Las cuatro compañías (Global Recovery Group, Caduceus, Response AI Solutions y The Baptiste Group) tendrán que realizar labores de localización y recuperación de pagos. Entre sus tareas principales estará confirmar que la persona deportada vive en la dirección identificada y además entregarle una notificación relacionada con la multa. La documentación contempla el hecho de conseguir una fotografía como comprobante de la entrega.
Asimismo, para poder encontrar a los destinatarios, las empresas tendrán que recurrir a diversas fuentes de información, entre ellas los registros públicos, laborales, judiciales y documentos que permitan confirmar el domicilio. No obstante, la contratación no significa que estas compañías tengan facultades de autoridad o de ejecutar por sí mismas un embargo en el territorio mexicano.
Inicialmente debes saber que las multas están relacionadas con órdenes de expulsión de Estados Unidos. Las leyes migratorias establecen sanciones civiles para algunos casos donde una persona incumple deliberadamente una orden de salida vigente. En ciertos supuestos, las multas podrían acumularse diariamente.
Una decisión judicial estadounidense publicada en el 2026 cita una sanción de hasta 998 dólares por día bajo la sección 274D de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esto te ayuda a comprender por qué algunas personas han recibido avisos de cantidades que ascienden a cientos de miles o incluso millones de dólares.
Los reportes acerca del programa indican que en México se concentra la mayor cantidad de multas, pero la CBP pretende recuperar en los otros dos países ya mencionados (Guatemala y Honduras) inicialmente en el contrato.
El monto de las multas correspondientes a personas ubicadas en México es de 212 millones de dólares, frente a 76 millones en Guatemala y 68 millones en Honduras, según una investigación periodística.
Hasta el momento se conoce que las empresas podrán ser enviadas a México para localizar a personas deportadas y entregarles notificaciones sobre las multas migratorias estadounidenses. Lo que todavía no está claro hasta dónde podrá llegar el gobierno de Donald Trump para concretar el cobro dentro del territorio mexicano, pues una empresa privada no puede asumir automáticamente facultades de una autoridad.
Esto quiere decir que recibir una carta de una empresa contratada por CBP no equivale por sí mismas a que puedan embargar bienes, tampoco que puedan retirar dinero de una cuenta mexicana o que puedan ingresar a tu domicilio por la fuerza.





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