La nueva agenda pública

El debate electoral del 3 de abril, una oportunidad para las ideas y para los compromisos., El 3 de abril, convocados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los candidatos presidenciales debatirán sus propuestas sobre el país. Será el único encuentro que sostendrán los aspirantes a la primera magistratura de la Nación, en una campaña electoral en la que han sobrado invitaciones a debatir, casi todas rechazadas. Es muy cierto que la campaña electoral es atípica por varias razones, y que la más importante de ellas es el clima de confrontación vacía de contenidos en que se han enzarzado los candidatos ayudados por las resoluciones de los organismos electorales sobre tachas y exclusiones. Sin embargo, es también cierta la percepción de que la mayoría de candidatos han rehuido la discusión de los temas de fondo y han preferido una campaña de ofrecimientos directos a los electores, sobre todo obras y grandes anuncios poco sustentados. Del tren ofrecido en CADE 2015, que se convirtió en una competencia que llegó al tren bala que recorrería desde Tumbes a Tacna, se ha avanzado poco. De cara al debate del 3 de abril lo que se requiere en primer lugar son compromisos. Este se diferencia de las ofertas en su racionalidad y en su naturaleza coherente. Por ejemplo, es insuficiente que los candidatos señalen que de ser elegidos el país crecería 6% del PBI por año si al mismo tiempo no se indica qué medidas se adoptarían, qué resultados por cada sector –sobre todo primario– se esperaría, en qué tiempo se espera que se llegue al 6% anual y cómo se lidiaría con la externalidad de la rebaja del precio y la demanda mundial de los minerales. Igual sucede con otras cifras, especialmente dos que interesan. Sobre la rebaja del IGV se precisa que se indique cómo compensar una menor presión tributaria si al mismo tiempo se promete un paquete de inversión pública cuantiosa. Y sobre los contratos del gas es preciso señalar qué contratos se pretenden renegociar y qué efectos tendría para el consumo nacional o para una venta al exterior en las nuevas condiciones. Del mismo modo, otros dos asuntos que emergen de la imprecisa campaña electoral obligan a un posicionamiento de los candidatos, especialmente de aquellos que pasarán la valla electoral. El primero son los puntos de la nueva agenda política del país que no solo demandan gobierno sino y sobre todo acuerdo, y el segundo, siguiendo esa línea, los aspectos en detalle de la reforma institucional que debe ser abordada casi de inmediato, entre los que sobresalen la administración de justicia y la lucha contra la corrupción, temas que ahora se sabe, luego de varios fracasos, no solo reclaman leyes. El debate del 3 de abril no debería ser una discusión que prolongue la línea de confrontación adjetiva entre los partidos. En esta parte del proceso electoral no se puede evitar las contracampañas y nadie sensato les pediría a los candidatos que no critiquen a sus adversarios. Sin embargo, aunque sea solo por esta vez, la nueva agenda pública del país merece una atención seria y objetiva.

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