Gas natural: Colegio de Ingenieros cuestiona adenda de Cálidda y pide licitar proyectos en regiones

La propuesta de ampliar la concesión de Cálidda para extender las redes de gas natural a siete regiones del centro y sur del Perú enfrenta cuestionamientos por el mecanismo previsto para ejecutar las obras. El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) sostiene que los nuevos proyectos deben someterse a licitaciones competitivas y no incorporarse mediante una adenda al contrato vigente de distribución de Lima y Callao.

El pronunciamiento del gremio se produce en medio de las gestiones del Gobierno para concretar la expansión del servicio fuera de la capital. La iniciativa contempla una inversión superior a US$550 millones, la construcción de 3.700 kilómetros de redes y la atención potencial de más de 300.000 usuarios en 15 localidades de siete regiones: Ayacucho, Ucayali, Junín, Puno, Cusco, Apurímac y Huancavelica.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha planteado esta ampliación como una alternativa para extender el acceso al gas natural. Sin embargo, el CIP advierte que la urgencia de llevar el recurso a más localidades no debería justificar que se incorporen nuevas obras a una concesión existente sin evaluar mecanismos de competencia.

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CIP cuestiona el uso de una adenda para ampliar la concesión de Cálidda

Uno de los principales reparos del colegio profesional es que una adenda contractual debería modificar o corregir aspectos de una concesión existente, pero no servir para encargar proyectos nuevos fuera de su ámbito original. En ese escenario, el gremio considera que las obras deberían adjudicarse mediante un procedimiento competitivo.

El debate no se limita a la modalidad de contratación. El CIP advierte que modificar las condiciones de un contrato bajo el esquema BOOT —construcción, propiedad, operación y transferencia, por sus siglas en inglés— podría sentar un precedente para otras concesiones que también se encuentran bajo ese régimen.

El colegio profesional sostiene, además, que la ampliación podría generar un subsidio cruzado entre los usuarios de Lima y Callao y los nuevos mercados regionales. Según su planteamiento, esa posibilidad debe evaluarse para determinar cómo se distribuirían los costos de la infraestructura y qué efectos tendría sobre las tarifas.

Tasa de descuento y tarifas, otros puntos en discusión

El CIP también pone en cuestión la tasa de descuento utilizada como referencia para evaluar la rentabilidad de las inversiones. Según el pronunciamiento, los proyectos de Cálidda y Transportadora de Gas del Perú (TGP) se estructuraron con tasas del 12%, en un contexto en el que el Perú enfrentaba costos de endeudamiento más elevados.

El gremio contrasta esa referencia con el rendimiento de los bonos soberanos peruanos, que, según señala, se encuentra por debajo del 5%. A partir de esa comparación, plantea revisar las condiciones financieras aplicables a las nuevas inversiones.

No obstante, el rendimiento de los bonos soberanos y la tasa de descuento de un proyecto de infraestructura son indicadores distintos. Aunque el primero sirve como referencia del costo de financiamiento del Estado, no determina por sí solo la rentabilidad exigida a una concesión. Para evaluar si corresponde mantener o modificar la tasa del 12% mencionada por el CIP, es necesario considerar las condiciones contractuales, los riesgos de la inversión y la metodología financiera aplicada.

Otro argumento del pronunciamiento es que la infraestructura existente ya habría sido pagada mediante las tarifas hasta 2033. El CIP pide respetar los criterios de los organismos técnicos sobre el valor residual de esos activos, un aspecto que considera relevante para evitar que los usuarios asuman costos que no correspondan.

El colegio profesional sostiene que la ampliación debe respetar las reglas de contratación pública y permitir la participación de empresas e ingenieros peruanos. Su posición coloca en discusión no solo cómo acelerar la masificación del gas natural, sino también qué mecanismo debe utilizarse para adjudicar las obras y distribuir sus costos.

La discusión sobre la ampliación de la concesión de Cálidda no se limita a acelerar la llegada del gas natural a nuevas regiones. También está en juego si las obras se incorporarán al contrato vigente mediante una adenda o se adjudicarán mediante una licitación, una diferencia que incide en las condiciones de competencia y en la evaluación de los costos que asumirían los usuarios.