Presupuesto 2027: oposición cuestiona prioridades del Gobierno y pide más recursos para educación, seguridad y salud

La distribución de los recursos para el próximo año generó cuestionamientos entre los parlamentarios durante el debate del proyecto de Presupuesto 2027. Tras la sustentación del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, legisladores de distintas bancadas señalaron que las prioridades planteadas por el Ejecutivo requieren ajustes, principalmente en seguridad ciudadana, salud y educación.

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El proyecto asciende a S/266.506 millones y contempla, entre sus principales asignaciones, S/49.000 millones para educación, S/32.000 millones para salud y S/15.338 millones para orden público y seguridad, de acuerdo con las cifras expuestas por el titular del MEF.

Sin embargo, para algunos parlamentarios el monto asignado no responde de manera suficiente a las principales necesidades del país. Uno de los cuestionamientos más directos estuvo relacionado con la seguridad ciudadana, precisamente uno de los sectores que el Gobierno presentó como prioridad para 2027.

Rocha cuestiona recursos para seguridad

La diputada Roxana Rocha, de Renovación Popular, cuestionó durante su intervención la asignación prevista para seguridad y puso en duda que los recursos contemplados sean suficientes para enfrentar la criminalidad.

El cuestionamiento resulta especialmente relevante debido a que el Ejecutivo ha colocado la seguridad ciudadana entre los ejes centrales del presupuesto. El premier Luis Galarreta sostuvo durante la sustentación que el proyecto busca fortalecer la lucha contra la delincuencia y señaló que se destinarían alrededor de S/15.400 millones a orden público y seguridad.

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La discusión, por tanto, se centra no solo en cuánto dinero recibe el sector, sino en si la asignación permitirá ampliar la capacidad operativa de la Policía, mejorar la investigación criminal y fortalecer otras instituciones vinculadas con la lucha contra el delito.

El debate también ocurre mientras el propio Congreso ha convocado a los ministros del Interior y Defensa para que expliquen las medidas que vienen adoptando frente al incremento de la delincuencia, una señal de que la seguridad se mantiene como uno de los principales puntos de presión sobre el Gobierno.

En esa misma línea, la diputada Jennifer Paredes, de Juntos por el Perú, cuestionó la distribución planteada por el Ejecutivo y pidió que se restituyan S/430 millones para seguridad ciudadana. La legisladora sostuvo que detrás de las cifras presupuestales existen necesidades concretas de la población y reclamó mecanismos de supervisión para garantizar que los recursos lleguen efectivamente a ese sector.

Paredes también puso el foco en la distribución territorial del gasto. Cuestionó que, pese al incremento previsto para la inversión pública, el gasto de capital de los gobiernos regionales crecería apenas 1,1% frente a 2026. "No queremos un presupuesto concentrado en Lima mientras las regiones siguen esperando", señaló durante el debate.

Zunini alerta por reducción en el Mininter

Una crítica similar fue planteada por Ernesto Zunini, diputado de Juntos por el Perú, quien alertó sobre una reducción de S/519 millones en el presupuesto del Ministerio del Interior.

El parlamentario consideró que este ajuste debe ser revisado frente a la situación de inseguridad ciudadana. Su cuestionamiento apunta a una diferencia entre la prioridad anunciada por el Ejecutivo y la distribución efectiva de los recursos dentro del sector.

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Zunini también sostuvo que las prioridades del presupuesto no contemplan mecanismos específicos frente al incremento de los precios de los combustibles, un factor que puede impactar tanto en los costos de transporte como en los gastos de operación de distintas actividades económicas.

El planteamiento introduce otro elemento al debate presupuestario: la necesidad de que las previsiones para 2027 contemplen no solo las grandes partidas sectoriales, sino también los riesgos que pueden modificar los costos de funcionamiento del Estado y de la economía.

Piden revisar exoneraciones tributarias

Otro de los puntos planteados por Zunini fue la política de exoneraciones y beneficios tributarios. El diputado pidió revisar estos mecanismos y citó recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) respecto de la necesidad de evaluar y racionalizar los beneficios fiscales.

Según sostuvo durante su intervención, las exoneraciones vinculadas con el sector agroexportador representan alrededor de S/1.880 millones, por lo que consideró necesario revisar si estos beneficios cumplen efectivamente con los objetivos para los que fueron creados.

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La discusión sobre los gastos tributarios cobra importancia porque el propio ministro Cuba planteó durante la sustentación la necesidad de incrementar los ingresos fiscales. El titular del MEF señaló que el Gobierno busca reducir la evasión tributaria en dos puntos porcentuales, lo que, de acuerdo con su estimación, podría generar unos S/20.000 millones adicionales para el Estado.

La OCDE también ha planteado que Perú debe racionalizar sus gastos tributarios y mantener aquellos beneficios que demuestren resultados, mientras que los que no sean efectivos deberían ser reformados o eliminados.

Educación y salud también entran en la discusión

Las observaciones de los legisladores no se limitaron a seguridad. La distribución de recursos para educación y salud también forma parte de las áreas en las que se plantea revisar las prioridades del Ejecutivo.

En educación, el senador José Castillo Terrones, de Juntos por el Perú, también planteó la necesidad de fortalecer los recursos destinados al sector. Su pedido se sumó a los reclamos por mayores asignaciones para salud y seguridad, además de una mayor participación de los gobiernos regionales y locales en la distribución presupuestal.

En salud, pidió mayores recursos para el sector y advirtió que la población continúa enfrentando problemas como la falta de medicamentos y de equipamiento hospitalario. El legislador planteó que estas necesidades sean consideradas en la distribución final del presupuesto.

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Por su parte, el senador Jaime Delgado Zegarra, de Ahora Nación, expresó preocupación por los pacientes que esperan intervenciones quirúrgicas y planteó fortalecer las políticas de prevención de enfermedades y las acciones vinculadas con la inocuidad de los alimentos.

El proyecto asigna S/49.000 millones a educación y S/32.000 millones a salud. El Gobierno sostiene que ambas áreas forman parte de sus prioridades para 2027, junto con seguridad y transporte. El premier Galarreta destacó precisamente estos cuatro sectores durante su presentación ante el Pleno.

En educación, además del presupuesto sectorial, el proyecto contempla recursos para garantizar la continuidad de inversiones en universidades y financiar becas y créditos educativos. Para salud, se han previsto recursos para inversiones y para sostener compromisos salariales ya establecidos.

El cuestionamiento de los parlamentarios apunta a que la discusión no debería concentrarse únicamente en el monto global asignado a cada sector, sino también en cómo se distribuyen esos recursos y qué resultados se espera obtener con ellos.

El presupuesto entra a una etapa de negociación

Las críticas formuladas durante la sesión muestran que el proyecto presentado por el Ejecutivo no tendrá una discusión limitada a aprobar o rechazar el monto global. Los parlamentarios deberán revisar las partidas y plantear modificaciones antes de que la propuesta siga su trámite legislativo.

El Congreso estableció que, después de la exposición de los titulares del Ejecutivo, se realizaría un debate de dos horas con la participación de los voceros del Senado y de la Cámara de Diputados. Concluida esta etapa, los proyectos de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero serán derivados a la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República para su análisis.

La discusión tendrá como uno de sus principales puntos de tensión la diferencia entre las prioridades anunciadas por el Gobierno y las necesidades que los parlamentarios consideran insuficientemente atendidas. Seguridad ciudadana aparece como el caso más evidente: mientras el Ejecutivo la coloca entre sus ejes centrales, legisladores como Rocha y Zunini cuestionan que los recursos previstos para el Mininter sean suficientes.

El debate presupuestario deberá definir, finalmente, si las partidas planteadas permiten atender esas demandas sin comprometer el objetivo fiscal que sustenta el proyecto para 2027.