Gobierno aprueba transferencia de S/25 millones para pago de bono extraordinario a docentes

El Gobierno autorizó el pago de un bono extraordinario de S/67 para 374.419 docentes y auxiliares de educación a nivel nacional, en el marco de los compromisos establecidos en el convenio colectivo 2025-2026 firmado con el Sutep (Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú).

Este bono extraordinario se entregará por única vez a docentes y auxiliares nombrados y contratados bajo las leyes del magisterio (N.º 29944, 30328 y 30493) que trabajan en las Unidades Ejecutoras de Educación de los gobiernos regionales y de Lima Metropolitana, así como a quienes laboran en escuelas de educación básica gestionadas por los ministerios de Defensa e Interior.

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S/25 millones para financiar el bono

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Gobierno autorizó una transferencia de S/25.086.073 en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 destinada a financiar el pago de un bono extraordinario para docentes y auxiliares de educación de instituciones públicas.

Esta asignación de recursos fue formalizada mediante el Decreto Supremo N.º 037-2026-EF, publicado en el diario oficial El Peruano, que establece que los fondos estarán destinados exclusivamente a este fin y que los responsables de los pliegos implicados deberán garantizar su correcto uso.

Cabe recordar que el pago del bono se efectúa gracias al acuerdo colectivo descentralizado 2025-2026 firmado entre el Ministerio de Educación y el Sutep, y se lleva a cabo de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N.º 31188.

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¿Quiénes recibirán el bono?

El bono alcanzará a docentes y auxiliares nombrados o contratados en instituciones educativas públicas de Educación Básica y Técnico-Productiva, al personal de institutos técnicos y unidades ejecutoras de educación de los gobiernos regionales, así como a los docentes de escuelas administradas por los ministerios de Defensa e Interior.

De igual manera, la normativa dispone que los responsables de los pliegos implicados deben autorizar, a través de una resolución, la distribución programática de los recursos transferidos dentro de un plazo de cinco días calendario desde la entrada en vigor del decreto supremo. Esto significa que los encargados de cada entidad tienen cinco días para planificar la asignación de los recursos y garantizar que cada profesor y asistente reciba este beneficio.

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Se especifica también que los fondos transferidos deberán ser utilizados exclusivamente para los propósitos definidos en la normativa legal, bajo pena de responsabilidad.