
Ante el creciente riesgo que suponen ciertos comportamientos peligrosos en las vías públicas, California ha reforzado su marco legal para garantizar la seguridad vial y proteger a las comunidades. Las autoridades cuentan ahora con nuevas herramientas para actuar con mayor firmeza frente a incidentes que amenazan el orden y la integridad de los espacios públicos.
Estas medidas permiten la confiscación de vehículos que hayan sido utilizados en determinadas situaciones de riesgo, sin que sea imprescindible detener al conductor en el momento. La finalidad es disuadir la organización y participación en este tipo de actos, promoviendo así un entorno más seguro para conductores, peatones y residentes.
Las leyes AB 1978, AB 2186, AB 2807 y AB 3085, aprobadas y firmadas por Gavin Newsom, forman parte de un paquete legislativo orientado a reforzar las sanciones contra los conductores involucrados en carreras clandestinas en California y exhibiciones de velocidad ilegales. Estas normativas amplían las posibilidades de confiscación de autos por carreras ilegales y buscan erradicar actividades que ponen en riesgo la seguridad vial.
Entre sus principales disposiciones se establece la incautación de vehículos en California por participar o facilitar este tipo de eventos, independientemente de si el conductor es detenido en el momento o si el auto fue utilizado como barricada o apoyo logístico. Esta serie de leyes representa un paso firme hacia el control de estas prácticas peligrosas.
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Las carreras clandestinas y las exhibiciones de velocidad ilegales han sido una constante amenaza en diversas ciudades californianas. Según datos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), en los últimos cinco años se ha registrado un aumento del 30% en incidentes relacionados con acrobacias ilegales y tomas de calles en California.
Este fenómeno no solo implica riesgo de accidentes, sino que también afecta la convivencia en comunidades residenciales, provocando ruido excesivo y situaciones de peligro para peatones y otros conductores. Frente a esto, las autoridades han implementado nuevas sanciones para conductores en California, que buscan confiscar vehículos y multar a los responsables, incluso si no son sorprendidos durante el evento.
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Esta ley permite incautar un vehículo sin necesidad de detener al conductor, siempre que se demuestre que el auto fue usado para bloquear carreteras o estacionamientos con el fin de facilitar carreras clandestinas o exhibiciones ilegales. Las sanciones al conductor, como multas, cárcel o suspensión de licencia, se aplican de manera separada si se logra su identificación.
Faculta a los oficiales a confiscar vehículos utilizados en exhibiciones de velocidad en estacionamientos públicos o privados por hasta 30 días, además de imponer las penalizaciones por exhibiciones de velocidad correspondientes. Esto incluye maniobras como trompos o derrapes, típicos en los estacionamientos de centros comerciales.
Amplía el concepto de tomas de calles en California para incluir las exhibiciones de vehículos, como derrapes y otras acrobacias ilegales. Si bien no introduce nuevas sanciones, asegura que estas conductas sean tratadas con la misma severidad que las carreras clandestinas tradicionales.
Extiende la lista de delitos por los cuales un juez puede ordenar la incautación de un vehículo. La norma permite confiscar autos por carreras ilegales o exhibiciones de velocidad, tanto en la vía pública como en estacionamientos, a través de un proceso judicial.
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Recuperar un vehículo incautado por carreras clandestinas en California requiere seguir un proceso legal. En la mayoría de los casos, el propietario debe:
Dependiendo de la ley aplicada, como la AB 2186, el plazo de incautación puede ser de hasta 30 días, pero en situaciones más graves, podría extenderse según la decisión judicial.
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Las carreras clandestinas en California son ilegales y están penalizadas tanto por el Código de Vehículos. Participar, facilitar o asistir a estas actividades puede resultar en:
La implementación de estas leyes contra derrapes y acrobacias ilegales refuerza la postura del estado para garantizar la seguridad vial en California, protegiendo tanto a los residentes como a los conductores responsables.

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