
Las comunidades migrantes en Estados Unidos viven con creciente inquietud ante el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump. Una de las medidas más significativas ha sido el endurecimiento de las deportaciones, respaldado por una aplicación más estricta de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Esta legislación otorga al gobierno la autoridad para expulsar del país a ciudadanos extranjeros, incluidos aquellos con residencia legal permanente, como los titulares de la Green Card.
Esta normativa, clave en el sistema migratorio estadounidense, contempla una serie de causas que pueden llevar a la deportación, desde delitos penales hasta infracciones.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), firmada en 1952 y actualizada en múltiples ocasiones, no se aplica únicamente a inmigrantes indocumentados. De igual forma, la legislación migratoria contempla que los residentes permanentes pueden perder su estatus legal si cometen determinadas infracciones o delitos específicos establecidos en dicha normativa.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) regula la entrada, permanencia y salida de extranjeros en Estados Unidos. Foto: composición LR
Donald Trump ha promovido una aplicación más rigurosa de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Desde esta perspectiva, se prioriza la deportación de inmigrantes indocumentados y ciudadanos con Green Card que hayan incurrido en alguno de los siguientes delitos:
Estos delitos, según la interpretación de la ley, no solo justifican la deportación, sino que también pueden impedir que el inmigrante obtenga otro beneficio migratorio en el futuro, como la ciudadanía americana.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) es el marco legal que regula la entrada, permanencia y salida de ciudadanos extranjeros en Estados Unidos. Esta legislación contempla múltiples razones por las cuales una persona —ya sea con estatus migratorio legal o en situación irregular— puede ser deportada. Uno de sus principios fundamentales es que permite la remoción de cualquier extranjero que infrinja las leyes migratorias del país. Entre las causas más frecuentes se encuentran:
Asimismo, la legislación actual dispone que cualquier persona condenada por delitos graves o considerada una amenaza para la seguridad nacional puede ser deportada, sin importar su estatus migratorio.

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