Estas son todas las leyes migratorias que firmó Ron DeSantis en Florida y comenzaron a regir en 2025

En febrero, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó dos nuevas leyes migratorias que refuerzan el control sobre la inmigración ilegal en el estado, en línea con las políticas de la administración de Donald Trump, que rechazan cualquier presencia irregular.

Las leyes, denominadas Proyecto de Ley Senatorial 2-C (SB 2-C) y 4-C (SB 4-C), se basan en la SB 1718 previamente promulgada. A continuación, detallaremos en qué consisten ambas normas.

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Ley SB 4-C: ¿en qué consiste esta ley para inmigrantes en Florida?

Según explicó el portal web de migración Greenspoon Marde, la legislación SB 4-C establece que el ingreso ilegal a Florida se considera un delito menor de primer grado, con una pena mínima obligatoria de nueve meses de prisión. En caso de que se repita la infracción por segunda o tercera vez, el delito se eleva a un delito grave de tercer grado, con penas mínimas de entre uno y dos años de prisión.

Esta categoría incluye algunas de las sanciones más severas aplicadas en el estado para inmigrantes: la pena de muerte para los extranjeros no autorizados condenados por delitos graves, como asesinato premeditado o violación de menores de edad. Además, las fuerzas del orden deben notificar al gobierno federal sobre los arrestos por entrada o reingreso ilegal.

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Ley SB 2-C: firmada por Ron DeSantis en Florida para reforzar la ley SB 4-C

Por su parte, la ley SB 2-C complementa la legislación anterior al implementar estructuras y programas que refuercen la aplicación de las leyes de inmigración. Las normas más destacadas de esta ley incluyen:

• Calificar el voto en las elecciones de personas no estadounidenses como un delito grave de tercer grado, sin permitir defensa por desconocimiento de la ciudadanía.
• Restringir la emisión de licencias de conducir y tarjetas de identificación a inmigrantes indocumentados, considerando inválidas las licencias emitidas por otros estados.
• Crear la Junta Estatal de Control de Inmigración y el Programa de Subvenciones para la Aplicación de la Ley Local, con el fin de supervisar la implementación de la ley y financiar agencias locales.
• Establecer nuevos criterios de elegibilidad en las universidades estatales, permitiendo que solo ciudadanos o residentes legales puedan solicitar una exención de cuota.
• Endurecer las penas para los delitos cometidos por indocumentados, y crear una presunción de riesgo sustancial de fuga para estas personas.