Poder Judicial dicta 36 meses de prisión preventiva a Nicanor Boluarte: hermano de la presidenta está no habido
El juez Richard Concepción Carhuancho argumentó que existe peligro de fuga y de obstaculización de las investigaciones que realiza el Ministerio Público. En este momento se ha resuelto que corresponde imponer prisión preventiva a Nicanor Boluarte.
El Poder Judicial (PJ) dictó 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte por el presunto delito de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho en el marco de la investigación por el caso "Los Waykis en la Sombra". El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción Carhuancho, ordenó la ubicación, captura y traslado "inmediato" a un centro penitenciario del hermano de la jefa de Estado.
La medida restrictiva también se extiende contra los otros tres imputados en este caso: Jorge Luis Ortiz Marreros, Jorge Chingay Salazar y Zenovia Griselda Herrera Vásquez. La defensa legal de ellos y de Boluarte Zegarra informaron que apelarán la decisión judicial.
Respecto al hermano de la mandataria, el juez ordenó que se oficie la orden de ubicación y captura a las entidades correspondientes tanto a nivel nacional e internacional, pues se desconoce su paradero.
Nicanor Boluarte se encuentra no habido
Tal como informó La República, Nicanor Boluarte pasó a la clandestinidad y desapareció del radar de las autoridades judiciales desde el domingo 17 de noviembre, al no presentarse en forma física ni a través de conexión de internet a las audiencias públicas.
Cuando el juez le preguntó a su abogado Luis Vivanco que estaba pasando, el defensor legal respondió que no se había podido comunicar por teléfono con su cliente. La misma respuesta ofreció en la audiencia de la tarde. Los demás investigados Jorge Luis Ortiz, Zenobia Herrera, Jorge y Noriel Chingay Salazar y el abogado Mateo Castañeda si participaron de la audiencia.
Nicanor se conectó a la audiencia del 17 de noviembre desde un auto. Foto: composición LR
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Durante el desarrollo de una de las audiencias virtuales del fin de semana, se habría escuchado a Nicanor Boluarte coordinar con una tercera persona, que necesitaba o que estaba utilizando un vehículo distinto al habitual. Su auto permanece estacionado cerca de su casa, en San Borja.
El domingo habría sido visto conectarse a la audiencia judicial virtual desde un automóvil, lo que hace suponer a las autoridades que estuvo preparándose para desaparecer en caso de una decisión judicial contraria a sus intereses. La decisión puede ser apelada, pero la decisión se cumple de inmediato.
Se evaluará prisión preventiva contra los otros investigados
En las siguientes horas se determinará el plazo de la prisión preventiva y si la medida también alcanza a alguno de los otros cinco investigados.
En las audiencias del domingo y lunes, el magistrado explicó con mucho detalle cómo habría funcionado la red de corrupción implantada por Boluarte Zegarra y los otros implicados: Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector General de la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior, Jorge Chingay Salazar, amigo de Nicanor Boluarte y contra Zenovia Griselda Herrera Vásquez.
En su sustentación, Concepción Carhuancho evidenció que, de acuerdo con los elementos presentados por la fiscalía, Nicanor Boluarte habría fungido como líder de la organización criminal y además era el que dirigía las designaciones de prefectos y subprefectos en la región San Martín, Cajamarca y otros.
Según lo mencionado por el aspirante a colaborador eficaz, Víctor Torres, "nada se ejecutaba sin la venia" del hermano de la presidenta.
Durante su presentación, el juez sustentó cada uno de los cinco hechos imputados a los referidos investigados. Uno de ellos fue la tesis fiscal que sostiene que Boluarte Zegarra, luego de que su hermana asumiera la presidencia del Perú, advirtió que había un "poder que lo respaldada para concretar su plan criminal" propició espacios de reunión para impartir a los miembros del grupo de confianza de Dina las directivas a tener en cuenta para identificar a las personas que serian nombrados como prefectos y subprefectos.
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"Ley con nombre propio": el principal argumento de Carhuancho para no aplicar la Ley 32108 y 32138
Esto debido a que las defensas técnicas de los investigados pidieron la aplicación de la Ley 32108 y su modificatoria 32138, norma recientemente modificada por el Congreso de la República.
Sobre ello, el magistrado insistió, durante la lectura, que dicha legislación tiene “nombre propio” y atenta contra el sistema de justicia provocando la vulneración de las bases de un estado democrático. Para sustentar su enunciado, Concepción Carhuancho citó el caso del parlamentario Waldemar Cerrón Rojas, quien recurrió a la Ley 32108 para evitar ser investigado por el presunto delito de organización criminal en el caso 'Dinámicos del centro'.
"Cerrón Rojas aprovechó la norma que él mismo impulsó. La Ley 32108 se dictó para beneficio de un sector y en desmedro de las mayorías. Se dejó totalmente de lado las bases de generalidad y abstracción. Cuando digo que es una ley con nombre propio, no es un argumento político, sino un argumento técnico jurídico y lo ha empleado el propio Tribunal Constitucional", manifestó.
En ese sentido, Carhuancho resaltó que la modificación realizada por el Parlamento retiró los delitos ligados a la administración pública y corrupción, pues exige que solo se considere organización criminal a los delitos que tengan penas superiores a los 6 años e incluyan movimiento de dinero. Todo ello con el objetivo, explicó Carhuancho, de dejar fuera a los funcionarios públicos y actores políticos.
Por esto, dejó claro que no aplicaría tal norma en el caso "Los Waykis en la Sombra" por ser inconstitucional. "La ley que modificó el delito de organización criminal dejó fuera de su radio de acción sus elementos esenciales. La comisión de delitos que no prevean penas superiores a los seis años. Esta ley ha sido diseñada para beneficio propio de funcionarios públicos. Bajo dicho concepto, dicha ley debería inaplicarse en este caso concreto por contravenir contra la Constitución", sustentó.
Convención de Palermo: otro de los sustentos del juez
Además, con el objetivo de reforzar su posición, el juez Carhuancho mencionó que el Juzgado debe cumplir con lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), la cual establece una definición de organización criminal que no limita la consideración de delitos a una penalidad mayor a seis años de pena privativa de la libertad. Por el contrario, pone como "piso" una pena de al menos cuatro años.
Asimismo, el magistrado explicó que la tipificación de este instrumento internacional sólo exige que la operatividad de la organización criminal tenga un "fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material", por lo que se antepone a lo establecido por la Ley 32108.
"(En este caso) no puede aplicarse la Ley 32108, por ser contrario a la Constitución Política del Perú, la Convención Americana de los Derechos Humanos en la aplicación del control difuso y del control de convencionalidad", dijo.
Fotografía de las afueras de la vivienda de Nicanor Boluarte, quien se encuentra no habido, tras dictarle 36 meses de prisión preventiva en su contra. | Fotos :Carlos Félix / La República.
Aplicación del control difuso
Sumado a ello, el juez Carhuancho comentó que las defensas de los investigados habían alegado que el Ministerio Público no está legitimado para solicitar la aplicación del control difuso de la ley, ya que debió recurrir a la acción de inconstitucionalidad.
Al respecto, el magistrado dijo: "Este argumento se va a desestimar por las siguientes razones: El Ministerio Público se encuentra legitimado para pedir el control difuso de una ley cuando advierta que vulnera un derecho protegido por la constitución, pues esta entidad promueve la acción judicial en defensa de la legalidad, los jueces pueden aplicar el control difuso".
"En este incidente cautelar de prisión preventiva se esta haciendo uso del control difuso constitucional para inaplicar la Ley 32138 y la 32108", agregó.
Nicanor Boluarte: Dina Boluarte no registra actividades públicas el día que su hermano pasó a la clandestinidad
El pasado lunes 18 de noviembre, día en que juez Richard Concepción Carhuancho comenzó con la lectura de exposición de los motivos para el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte por liderar la presunta organización criminal Los Waykis en la Sombra, la presidenta Dina Boluarte no registró ninguna activad pública oficial en su agenda, según se pudo corroborar en la pagina oficial de Presidencia.
De acuerdo al portal de Transparencia de la Presidencia, la mandataria Boluarte Zegarra —quien cuenta con solo 3% de aprobación y es la Jefa de Estado más impopular del mundo — no realizó ninguna actividad oficial en el día en que su hermano habría pasado a la clandestinidad al no presentarse a la audiencia del Poder Judicial donde se decidirá su futuro.
Agenda pública de Dina Boluarte no reportó actividades el 18 de noviembre. Foto: composición LR
Sin embargo, en horas de la mañana, la mandataria recibió la visita de los ministros Juan José Santiváñez (Ministerio del Interior) y Morgan Quero (Ministerio de Educación). Horas más tarde, la visitó la ministra Úrsula León (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) , César Vásquez (Ministerio de Salud) y José Arista (Ministerio de Economía).
Nicanor Boluarte: ¿por qué se pide 36 meses de prisión preventiva contra el hermano de Dina Boluarte?
Para la Fiscalía, Nicanor Boluarte habría sido el encargado de dar presuntas directrices en la dirección de prefectos y subprefectos para poder inscribir a su partido político Ciudadanos por el Perú (CPP), debido a la existencia de conversaciones difundidas en audios junto con otras personas investigadas, donde habrían discutido con Boluarte sobre designación de sus parientes en puestos del sector público.
En ese sentido, el Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva contra el hermano de Dina Boluarte por ser el presunto líder de la organización criminal Los Waykis en la Sombra.
Abogado de Nicanor Boluarte se molesta al ser consultado por su ubicación: “Protege su libertad”
El abogado de Nicanor Boluarte, Joseph Campos, volvió a asegurar que desconocía el paradero de su patrocinado. Según lo indicado por el letrado, Boluarte se encontraría ejerciendo su derecho constitucional al proteger su libertad frente a la decisión tomada por el Juez Richard Concepción Carhuancho, quien dispuso la prisión preventiva en su contra por 36 meses.
En entrevista con Canal N, Campos aseguró que la decisión tomada por el juez Richard Concepción Carhuancho fue adelantada dentro de una clase universitaria, ejecutándose así una ruptura del principio de imparcialidad. Para Campos, esto sería constituiría un accionar inconstitucional.
"A nosotros nos interesa que el juez Carhuancho sea juez y que hable a través de sus resoluciones. Pero cuando el hace una actividad por fuera de la judicatura, y habla de una figura que se encuentra procesada esta incurriendo en un acto claramente inconstitucional", declaró.
