Crean equipo especial para investigar muertes durante las protestas sociales
En Lima. Verán asesinatos y otros atropellos a los derechos humanos ocurridos durante las protestas ciudadanas. Víctimas denuncian que se entorpecen las indagaciones.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, creó un equipo especial de fiscales, con sede en Lima y dirigido por una fiscal de Trujillo, para investigar los asesinatos y graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante las protestas sociales contra el Gobierno y el Congreso.
Este es el tercer cambio de fiscalías que afecta las investigaciones sobre las 45 muertes y múltiples heridos por disparos de armas de fuego que dejaron las protestas sociales, la cuales se desarrollaron entre diciembre del 2022 y marzo del 2023, especialmente en las provincias del sur.
Al producirse la mayoría de las muertes y heridas leves y graves, las primeras diligencias estuvieron a cargo de fiscales provinciales penales de casos comunes, fiscalías especializadas de crimen organizado o Fiscalías Especializadas de Derechos Humanos, Interculturalidad y Terrorismo, según la zona del país donde ocurrieron los hechos.
Luego, el 13 de enero, la fiscal de la Nación anunció la reestructuración del Subsistema de Fiscalías de DD. HH., Interculturalidad y Terrorismo para investigar, dijo, las muertes en las protestas.
Con esa meta, este subsistema altamente especializado y con años de experiencia fue dividido en dos: por un lado, DD. HH. e Interculturalidad, bajo la coordinación del fiscal superior provisional Luis Valdivia Calderón, y por otro, terrorismo.
A la vez se suprimieron despachos, se crearon otros y se rotó o dejó de lado a los fiscales más experimentados en ver casos relacionados con afectación a los derechos humanos, por otros elegidos directamente por la fiscal de la Nación, sin ninguna experiencia en este tipo de sucesos.
Víctimas. La mayoría murió por disparos. Foto: difusión
Fiscales ad hoc 2.0
Pasadas seis semanas, al comenzar marzo, Patricia Benavides volvió reorganizar el Subsistema de DDHH e Interculturalidad, por lo que aprovechó para dejar de lado al experimentando Valdivia Calderón para poner en su lugar a una fiscal de Trujillo, en la región La Libertad, que hasta febrero veía casos civiles, Marena Mendoza Sánchez.
Así llegamos al día de hoy. La fiscal de la Nación vuelve a intervenir para centralizar todas las investigaciones en Lima, al crear un equipo especial de fiscales para casos de víctimas de las protestas. Además, este grupo de trabajo tiene fecha de caducidad: junio del 2023. Tal vez, buscando evitar que surgan liderazgos que se resistan al poder y cobren estabilidad en función a su labor.
Los equipos especiales son hoy lo que durante la dictadura de Alberto Fujimori, de los años 90, fueron las fiscalías ad hoc. Mejoradas y corregidas.
Es decir, fiscales provisionales elegidos a dedo por la Fiscalía de la Nación para investigar a dedicación exclusiva un caso, por un plazo determinado, lo que los hace altamente dependientes de quien dirige la institución, y a través de este del poder político de turno.
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Para evitar la inestabilidad en el cargo, la dependencia del poder y mantener la especialización, a partir del año 2001, el Ministerio Público creó las fiscalías especializadas por tipo de delitos: crimen organizado, corrupción, derechos humanos y terrorismo, lavado de activos, trata de personas, etc.
Sin embargo, poco a poco se está regresando al sistema de fiscales ad hoc, dejando de lado a los fiscales especializados, que son titulares, para preferir a provisionales de confianza del fiscal de la Nación, que pueden ser fácilmente removidos del cargo.
Equipo especial
El nuevo equipo especial estará dirigido por la fiscal superior Marena Mendoza, en adición a sus funciones como coordinadora de las Fiscalías de DDHH e Interculturalidad.
Luego, tendrá como fiscales provinciales a las abogadas Mirela Coronel Molero y Mary Marleny Rojas Jara, más ocho fiscales provinciales adjuntos que ocuparán plazas que le quitan al Subsistema de Derechos Humanos e Interculturalidad.
La resolución de creación establece que en los próximos cinco días se realizará a nivel nacional un inventario de los casos de violación de DDHH en el marco de las protestas. Ya con el inventario, en 48 horas, la fiscal Mendoza Sánchez requerirá a nivel nacional la remisión a Lima de todos los expedientes judiciales.
Durante este periodo, las investigaciones se paralizan. La Asociación de Pro Derechos Humanos (Aprodeh) que traslada los expedientes a Lima pone un freno a las investigaciones y “sería un gran retroceso en la búsqueda de justicia para centenares de víctimas”.
Anota que las investigaciones en Ayacucho, Juliaca, Andahuaylas, Cusco o Arequipa ya tenían avances y se estaban visualizando videos.
"En el caso de Ayacucho, estas pesquisas se encontraban bastante avanzadas, y actualmente se estaba procediendo con la etapa de visualización de videos, los cuales ayudarían a establecer las responsabilidades correspondientes. Trasladar este caso, aleja a las víctimas ya que tendrían que viajar hasta Lima, para poder seguir el proceso. En la práctica se pone un freno al avance de las investigaciones", precisó Aprodeh.
Por este motivo, la Asociación Pro Derechos Humanos exigue al "Ministerio Público que deje trabajar a la Fiscalia Especializada en Derechos Humanos de Ayacucho, así como en Juliaca, Andahuaylas, Cusco o Arequipa, y que no traslade sus casos a Lima, puesto que sería un gran retroceso en la búsqueda de justicia para centenares de víctimas".
Familiares tendrán que venir a Lima
Los familiares de los ciudadanos fallecidos en las protestas o las víctimas no mortales tendrán que desplazarse hasta Lima para hacer seguimiento de las investigaciones.
Lo mismo sucederá con los testigos de los actos de violencia, con lo cual el desplazamiento a la capital se convierte en un obstáculo para la búsqueda de la verdad. Esta misma situación se repite con los policías y soldados sospechosos de ser victimarios.
Regresan los fiscales AD hoc
Equipo especial de fiscales tendrá vigencia hasta junio del 2023. Sus despachos salen de las fiscalías de Derechos Humanos.
