La presión empresarial hizo que el gobierno hiciera renunciar al abogado Christian Sánchez a la SUNAFIL. Opinó sobre legislación laboral a disgusto de la SNI. Un caso lesivo a la libertad de expresión. El informante,Ricardo Uceda El comunicado público expresaba el punto de vista de un grupo de abogados y economistas contrarios a flexibilizar la legislación laboral. Entre los que plantean la reforma están los gremios empresariales. Según el pronunciamiento, las empresas, en un momento de desaceleración económica, pretenden mantener sus ganancias a costa de la precariedad en el empleo de los peruanos. Añadía que las actuales normas no obstaculizan el crecimiento ni la competitividad. El comunicado fue firmado por algunos funcionarios públicos, entre ellos Guillermo Miranda, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo, y Christian Sánchez, intendente de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Había uno más del sector, un asesor ministerial. Pero solo a Sánchez le fue pedida la renuncia. VIEJA CONTROVERSIA El tema del pronunciamiento corresponde a una vieja controversia que no solo es técnica sino ideológica. Este año, reactivada por el estancamiento de la economía nacional, afloró en un conversatorio público en la Sociedad Nacional de Industrias. El presidente de la SNI, Luis Salazar, mostró cómo, en los distintos países, coincidían la rigidez normativa con altas proporciones de informalidad laboral –en el Perú es del 71% del total de trabajadores–, así como con bajo PBI per cápita y altos costos no salariales. Elmer Cuba, de Macroconsult, dijo que la informalidad en las empresas formales se debe principalmente a los altos costos de contratación y a una débil fiscalización. Propuso flexibilizar. El laboralista Jorge Toyama, por último, mostró un árbol legal que cada año se volvía más frondoso, lo que hacía del Perú, según aseguró, uno de los 14 países más rígidos del mundo en materia de normas. Esto ocurrió el 13 de octubre.Dos días después apareció el comunicado de quienes veían las cosas de una manera radicalmente distinta. Lo suscribían 39 personas, entre ellas Christian Sánchez. Decía que no era cierto que el régimen laboral vigente generara altos costos de despido: había opciones que lo evitaban. Era falso que el aumento del salario mínimo incrementara la informalidad laboral. La disminución de derechos laborales no promovía la inversión sino precarizaba más el empleo. En el sector de microempresas, donde se redujeron beneficios, la informalidad había persistido. Por otra parte, los “costos laborales” no eran el único factor determinante para el éxito del emprendimiento empresarial. Y tampoco era verdad que el Perú estuviera por los suelos en competitividad global: el índice del World Economic Forum (WEC) establecía que en Latinoamérica la eficiencia de su mercado laboral solo era superada por la de Chile. Por supuesto, los asistentes al foro de la SNI tendrían argumentos para retrucar. DEBATE SIN FIN Jorge Toyama, por ejemplo, insiste en la validez de su aserto respecto del índice del WEC. Los firmantes del comunicado están en lo cierto, sostiene, cuando señalan que el Perú no está mal considerando el conjunto de variables evaluadas por la ONG entre los distintos países. Pero es uno de los últimos –puesto 130 de 144– en cuanto a facilidades para contratar y despedir. “Esta es la figura más relevante para mí”, añade. También concede razón al pronunciamiento respecto de la existencia de figuras legales que evitan los altos costos del despido, al punto que no sería necesaria una flexibilización. “Pero la gran mayoría de los contratos a plazo fijo en el Perú son ilegales. Se contrata a plazo fijo para puestos que en realidad son estables”. Las réplicas podrían continuar… Y también las contrarréplicas, porque por lo menos una parte de los firmantes del comunicado, entre los que destaca el ex ministro de Trabajo y reputado laboralista Javier Neves, anima desde hace muchos años el debate sobre políticas públicas en el sector Trabajo. El debate, probablemente, nunca termine. Puestos a responder la pregunta de cómo garantizar que existan más trabajadores en planilla y más personas en la seguridad social, hay dos visiones que se enfrentan. Una tiende a establecer más leyes y derechos. Otra a flexibilizar las normas para atraer mayor inversión. Esta controversia es el marco pero no el foco de esta nota. El punto aquí es: ¿hizo bien el gobierno al pedirle la renuncia a Christian Sánchez? Los indicios señalan que fue por presión de los gremios empresariales. PERSONA NO GRATA Sánchez, de 41 años, es un laboralista egresado de la PUCP con amplia trayectoria profesional y académica. Fue asesor ministerial y Director General de Trabajo. En agosto pasado el superintendente de la SUNAFIL, Gorki Gonzales, lo convocó para que fuera Intendente Nacional de Supervisión. El organismo había sido creado en enero del 2013 para llevar a cabo las inspecciones laborales con mayor profesionalismo. Pero demoraba en desarrollarse, porque, entre otras tareas, debía crear oficinas desconcentradas en cada región con personal y recursos propios. Cuando firmó el comunicado, Sánchez aún no tenía oficina. La SUNAFIL tiene autonomía administrativa, lo que equivale a decir que el gobierno no puede quitar ni poner a sus funcionarios. Por lo menos, hasta mediados de octubre del 2014. Porque fue entonces cuando Gorki Gonzales llamó a Sánchez para decirle que la suscripción del comunicado había generado mucha incomodidad en los gremios empresariales. El día de su publicación, el presidente de la SNI se presentó en el programa Mira Quién Habla, de Cecilia Valenzuela. Mencionó a Sánchez y añadió: –Nos preocupa. Porque el Ministerio de Trabajo debe ser un organismo neutral. No debe tomar partido ni por los trabajadores ni por los empleadores. Lo que debe hacer es regular las relaciones entre ambos para lograr que haya la mayor cantidad de formalidad y que se atiendan los derechos fundamentales que establece la OIT. ¿QUIÉN MANDA A QUIÉN? Inicialmente Gonzales no le pidió su renuncia. Empleó expresiones que podrían traducirse como “vamos a ver qué pasa”. En el ínterin visitó a la SNI en su sede y a la salida fue fotografiado como se ilustra en esta página. Luego le dijo que su firma en el documento había causado suma incomodidad y que mejor renunciara. Sánchez lo hizo. Cuando el asunto trascendió, llegó al Congreso. En una sesión de la Comisión de Trabajo, un congresista le preguntó a Fredy Otárola por qué se le había exigido la renuncia a Sánchez. El ministro respondió que no se le pidió que se fuera. Él había renunciado. Hasta dio a entender que pensaba lo mismo que los firmantes del comunicado. El Estado no debería reaccionar con docilidad ante la presión de un actor externo –sea la SNI o la CGTP– si el funcionario objetado no incumplió la ley. Quizá las posiciones divergentes sobre política laboral nunca lleguen a conciliar, pero expertos que defiendan cualquiera de ellas deberían poder trabajar en el Estado. Están allí para cumplir la ley, y si son probos no actuarán por consignas o influencia ideológica. Ocurre con los jueces cuando discrepan de la ley que deben aplicar. Por otra parte, un funcionario público no pierde su libertad de expresión. Puede opinar libremente sobre políticas públicas, aunque sin comprometer a su entidad. Jorge Toyama, que discrepa en casi todo del comunicado que le costó la cabeza a Sánchez, dijo: –Yo comprendo que los empresarios se preocupen porque un Intendente de Trabajo opine públicamente contra ellos, pero si le pidieron la renuncia, está mal. Estaba en su derecho.
