Alan García: historial de denuncias y malos manejos que pesan en su contra

LaRepublica.pe continúa con el recuento de las denuncias contra los principales candidatos a la presidencia y líderes políticos. Esta vez le toca el turno al expresidente Alan García

Alan García carga con el peso de varias denuncias en su contra y malos manejos en sus dos gestiones. Foto: La República

Alan García carga con el peso de varias denuncias en su contra y malos manejos en sus dos gestiones. Foto: La República.

El líder del Apra, Alan García, quiere llegar a la presidencia de la República por tercera vez. La ciudadanía, sin embargo, debe recordar que sobre él pesan graves acusaciones por las conmutaciones de penas a reos vinculados con el narcotráfico, la muerte de policías y civiles durante un enfrentamiento en Bagua, presuntos vínculos con empresas brasileñas corruptas, encubrimiento de hechos delictivos durante su segundo mandato y otros casos que aquí recordamos.
 

Narcoindultos

Durante su segundo gobierno, Alan García indultó a narcotraficantes y aprobó conmutaciones de penas ahora investigadas porque, según testigos, estuvieron condicionadas a retribuciones económicas. Por un lado, el Poder Judicial condenaba a narcotraficantes e integrantes de bandas criminales; por otro, Alan García los liberaba para, según argumentó, “erradicar el hacinamiento de los establecimientos penales”.
 
Con Alan a la cabeza se entregaron más de 5000 conmutaciones de penas y más de 200 indultos. La Comisión de Gracias Presidenciales, órgano encargado de evaluar y proponer al presidente las reducciones de penas, estuvo encabezada por Miguel Facundo Chinguel, hoy preso en el penal Ancón II, acusado de montar una red criminal. 
 
Y antes de llegar a las manos de Alan García, las propuestas de conmutaciones e indultos pasaban por la opinión del ministro de Justicia, cargo que durante los ‘narcoindultos’ fue asumido por Aurelio Pastor, condenado a cuatro años de prisión por el delito de tráfico de influencias. 
 

Petroaudios

Fue el mayor escándalo de corrupción del segundo gobierno de García. La empresa Discover Petroleum International ganó la buena pro para la explotación de cinco lotes petroleros de manera irregular en el 2008, tal como se reveló a través de unos audios donde se escucha al aprista Romulo León informar a Alberto Químper, ex director de Perú-Petro, que Discover estaba dispuesto a pagarle 5000 dólares mensuales por ayudarla a ganar los contratos.
 
 
León y Químper estuvieron presos tres años. El primero de ellos recuperó su libertad por exceder el plazo para que se emita sentencia. El segundo fue excluido del proceso al prescribir los delitos que le imputaron.
 
Durante las investigaciones, Alan García dijo desconocer las negociaciones con Discover Petroleum. Esta afirmación fue desmentida por Rómulo León, quien aseguró que el líder aprista sí estaba al tanto.
 

Metro de Lima

La principal empresa investigada del caso ‘Lava Jato’, Odebrecht, lideró el consorcio que se encargó del tren eléctrico en el Perú, una de las obras de las que se jacta Alan García. Odebrecht, sin embargo, en investigada en su país, en Venezuela y en Panamá por el presunto pago de coimas a funcionarios y políticos.
 
El presidente de esa empresa, Marcelo Odebrecht, fue arrestado en Brasil, donde cumple condena por su presunta participación en un esquema de sobornos de la estatal Petrobras.
 

Marcelo Odebrecht reunido con Alan García en el 2009. Foto: Sepres

En Perú, García y sus ministros aprobaron un sistema legal excepcional que le permitió a Odebrecht y su socia Graña y Montero incrementar en más de 400 millones de dólares el costo de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del tren, según denunció Convoca.pe a través del diario La República.

Agua para todos

La megacomisión, grupo de trabajo parlamentario que investigó el segundo gobierno de Alan García, detectó indicios de corrupción en la implementación del programa ‘Agua para todos’. El informe que elaboró sobre este caso fue aprobado por el Pleno del Congreso e involucra directamente a Alan García, el expremier Jorge del Castillo y el ex ministro de Vivienda Hernán Garrido Lecca.
 

‘Agua para todos’ tenía como finalidad garantizar el abastecimiento de agua potable para la población urbana y rural. Sin embargo, la megacomisión detectó que García y su cúpula se habrían aprovechado del programa social para obtener beneficios particulares
 
Lo hicieron presuntamente a través de la evasión de controles, la adjudicación de obras e inflación de costos. El presidente de la ‘megacomisión’, Sergio Tejada, detalló que una de las empresas que obtuvo contratos para trabajar en ‘Agua para todos’ por más de 300 millones de soles fue la española Abengoa, que a partir del 2013 contó con Alan García como consultor remunerado.
 
 

Business Track 

La megacomisión también investigó y encontró indicios de presiones políticas en el proceso judicial del caso Business Track (BTR). El informe de este grupo de trabajo reveló que Alan García, Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca habrían formado parte de una “organización delictiva” para evitar que se esclarezcan las actividades ilegales de Business Track (BTR).
 
La empresa BTR estuvo implicada en espionajes telefónicos que revelarían negociaciones irregulares entre los miembros del gobierno y el partido aprista. Una de las conversaciones que interceptó fue la que sostuvieron Químper y Romulo León, y que desencadenó el escándalo denominado ‘Petroaudios’.
 
El informe de la megacomisión sobre el caso BTR alertó que Alan García y Jorge del Castillo evitaron que otros casos de corrupción sean de conocimiento público. Por ello, advierte que se cometió el presunto delito de asociación ilícita para delinquir. El citado informe fue aprobado por el Pleno del Congreso.
 

Carretera interoceánica

La Policía de Sao Paulo intervino en el 2009 las oficinas del grupo Camargo Correa y las viviendas de sus altos directivos. Incautó documentos, memorias USB y accedió a correos que revelarían pagos de coimas de empresas brasileñas a políticos y funcionarios a cambio de licitaciones de obras, una de ellas es la carretera interoceánica, que une Brasil y Perú.
 
En una de las memorias USB incautadas a Pietro Gavina, ex director del Grupo Camargo Correa, se encuentra información sobre presuntos pagos irregulares a funcionarios peruanos entre el 2005 y el 2008. Ese periodo corresponde al tramo final del gobierno de Alejandro Toledo y al inicio del segundo mandato de Alan García.
 
Durante ambos periodos, se aprobaron sospechosos incrementos en la inversión de la carretera interoceánica. En 2005, la construcción de la Interoceánica Sur se estimó en aproximadamente 800 millones de dólares, en 2008 creció a 1303 millones de dólares y en marzo de 2015 bordeó los 2000 millones de dólares, según cifras oficiales que ventiló Convoca.pe.

Colegios emblemáticos

La megacomisión detectó que la remodelación de colegios emblemáticos durante el segundo gobierno de Alan García habría servido para encubrir grandes desembolsos de fondos públicos a terceros.
 
En este caso, se detectó que el exmandatario aprista cometió una presunta falta constitucional al promulgar el Decreto de Urgencia 004-2009, que permitió realizar contrataciones sin licitaciones. Amparados en ese polémico decreto, funcionarios del Ministerio de Educación lograron evadir los procedimientos establecidos para realizar contrataciones.
 
En julio de este año, una investigación de la revista ‘Poder’ detectó que la presunta red delictiva de Rodolfo Orellana, tuvo participación en este caso a través de su cooperativa de ahorro Coopex, que habría entregado cartas-fianza ilegales a las empresas que se encargaron de las remodelaciones del colegio Clorinda Matto de Turner en el Cusco.
 

¿Dónde está mi colegio? Esto se preguntaban las alumnas del Clorinda Matos de Turner en el 2012. 

El Baguazo

Decretos legislativos impulsados por el segundo gobierno de Alan García provocaron un sangriento enfrentamiento el 5 de junio del 2009 entre policías y pobladores indígenas en la zona denominada Curva del Diablo, en Bagua. Murieron 22 policías, 10 civiles y desapareció el mayor PNP Felipe Bazán.
 
Los familiares de los policías fallecidos denunciaron penalmente a Alan García por homicidio culposo.
 
Los decretos que desencadenaron la violencia pretendían promover la inversión en la Amazonía peruana, pero las comunidades indígenas alertaron que estos violaban sus derechos. El mismo día del enfrentamiento en Bagua, Alan García declaraba ante la prensa que los pobladores indígenas no son “ciudadanos de primera clase”.
 

El Frontón

Durante su primer gobierno, recordado por la hiperinflación, se llevó a cabo una matanza en los penales El Frontón y San Juan de Lurigancho. Ocurrió el 18 de junio de 1986, cuando los reclusos de El Frontón y San Juan de Lurigancho iniciaron un motín planificado también Santa Bárbara.
 
El Ejecutivo al mando de Alan García ordenó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas restablecer el orden. En Lurigancho murieron 124 reclusos; en Santa Bárbara, dos; y en El Frontón, 118. En este último penal solo hubo 30 sobrevivientes.
 
Según testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), los terroristas que se rindieron en El Frontón fueron ejecutados a balazos y con armas blancas. Y recientemente el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’ publicó un reportaje que recoge las declaraciones de José Francisco La Madrid, mayor retirado del Ejército Peruano, quien revela que Alan García ordenó la ejecución de presos.
Imagen tomada en marzo de 1982 muestra a presuntos subversivos trasladados al penal El Frontón. Crédito: EFE

Escándalo en Banco de Crédito 

El líder del Apra fue acusado del delito de enriquecimiento ilícito por su presunta participación en un acto de corrupción dentro del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI). 
 
Se acusó a dos funcionarios peruanos de recibir sobornos de tres millones de dólares por depositar parte de las reservas del Banco Central de Reserva (BCR) al BCCI. Se trató de Leonel Figueroa y Héctor Neira.
 

Hospitales fantasmas

A través de decretos de urgencia, Alan García logró que el Ejecutivo realice varias contrataciones sin licitaciones previas durante su segundo gobierno. Uno de ellos estuvo destinado a la construcción de hospitales, ahora bajo la lupa por presunta sobrevaloración de costos.
 
La Comisión de Salud del Congreso ha descubierto que en un inicio un proyecto de construcción costaba 23 millones de dólares. Luego subía a 535 millones de dólares.
 
Además, el congresista Joaquín Ramírez informó que hay hospitales que nunca fueron construidos pese a que el gobierno de Alan pagó por adelantado hasta el 70 % del costo de la obra. Incluso, Alan García colocó la primera piedra de un hospital que nunca fue construido

Falso doctor

Alan García presumió del grado académico de doctor sin tenerlo. Incluso, firmó documentos de la Universidad de San Martín de Porres con ese título, cuando solo es magíster.
 
El propio Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres (USMP), dirigido por el líder del Apra, tuvo que quitarle el título de doctor en su página web. Y el exmandatario fue denunciado por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de autoridad.
 
Ante el escándalo, García dio la cara y reconoció que no ostenta el grado de doctor; sin embargo, fiel a su estilo, calificó la denuncia como una “tontería”. 
 

La familia aprista

Alan García está a la cabeza de un partido golpeado constantemente por las denuncias contra sus integrantes, a quienes desafilia cuando se descubren sus vínculos con la corrupción o el narcotráfico. 
 
Entre los personajes que pertenecieron al partido de la estrella se encuentran Aurelio Pastor, sentenciado a cuatro años de prisión por tráfico de influencias; Facundo Chinguel, preso en el penal Ancón II, acusado de montar una red criminal; y Rómulo León, quien estuvo preso por el caso ‘Petroaudios’.
 
A ellos se suma Gerald Oropeza, quien sigue prófugo de la justicia peruana y es investigado por el presunto delito de tráfico de drogas. Tras revelarse que era militante aprista, el partido político de la estrella tuvo que anunciar que realizaría una reinscripción de todos sus militantes.
 

 

 

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