“Mi cabeza vale 18 mil millones de dólares”, afirma Gregorio Santos

Edgar Jara. Cajamarca

Antes de que el Ministerio del Interior ofrezca una recompensa por su captura, el ex gobernador regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, le puso precio a su cabeza, afirmando que vale 18 mil millones de dólares, en referencia a lo que cuestan los proyectos mineros como Michiquillay, Conga, La Granja, La Zanja y otros.

A través de un mensaje en las redes sociales, Santos ensayó una respuesta a la justicia que lo condenó a 19 años de prisión efectiva por estar inmerso en varios delitos, atribuyéndolo a una persecución de los grupos de poder económico, por haber defendido el medio ambiente en esta región y su lucha contra las mineras.

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“El juez Guillermo Huamán me ha condenado por 19 años de cárcel efectiva en la primera instancia; sin embargo, la dictadura mediática empresarial sin esperar que se lea la sentencia íntegra el 15 de enero viene presionando al Ministerio del Interior para que ya le ponga precio a mi cabeza, y vienen generando a través de la concentración de medios, cuyos propietarios son las grandes multinacionales, cuyos financistas son las grandes mineras y los grandes consorcios empresariales, sacando reportajes diciendo que a Gregorio Santos lo han sentenciado porque lo han encontrado responsable de los delitos de colusión simple, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir; sin analizar la sentencia y violando todo tipo de derechos universales, derecho a la presunción de inocencia, hasta ser sentenciado en última instancia”, se le escucha justificar.

Flaco, desencajado y ojeroso, el radical izquierdista agregó que le quieren negar el derecho a defenderse y al pueblo peruano lo quieren orientar a que se quede con una idea de que este proceso judicial ha sido producto de una exhaustiva investigación del Ministerio Público. “Falso, este caso nació en las oficinas de Yanacocha, del Grupo El Comercio, de la Confiep, de la Presidencia del Consejo de Ministros, con dos reuniones del Consejo de Estado, como si se tratara de un problema de seguridad y guerra interna, ahí nació el caso Proregión, y luego establecieron comisiones investigadoras en el Congreso para el linchamiento político, penal, fiscal, moral, para tapar el grito de resistencia más contundente contra el extractivismo, contra la política neoliberal y la clase política entreguista”.