¡Desestatíceme esa prensa!

12 Ene 2018 | 6:05 h

Los promotores de una ley para prohibir avisos estatales en medios privados (una se ha dado hace poco en Kenia) no están entendiendo del todo la relación entre estos dos sectores. Los medios privados no solo acogen avisos que el Estado estima necesarios. También publicitan, sin pago de por medio, el amplio espectro de las actividades del sector público.

Esos avisos estatales no son un capricho o una componenda, sino un servicio público. Los consumidores de medios privados cuentan con esos avisos para saber qué está pasando en la parte que les interesa de ese sector. Que para el Estado es preciso avisar lo demuestra la publicidad de la empresa privada: nadie paga por aparecer en los medios sin un buen motivo para ello.

La figura de la prohibición es tan grotesca como si los medios privados quisieran cobrarles a los políticos con cargos por aparecer en sus páginas o sus pantallas. Como en el caso de los avisos, esa presencia de quienes declaran todo el día, y se la pasan convocando conferencias de prensa en el Congreso, es una situación que, por lo menos en los mejores casos, beneficia a todas las partes.

La proporción entre avisos estatales pagados y noticias que sin pago alguno transmiten la vida del sector público y sus habitantes es obvia: los medios privados están en buena medida al servicio del Estado, no al revés. Por ejemplo, la publicidad estatal no está salvando a los medios impresos de la crisis que avanza en el sector. Tampoco, hay que decir, la privada.

De otra parte el dinero público para publicidad no es la bolsa descontrolada o políticamente orientada que suponen los promotores de esta nueva ley. Ese gasto está regido por normas que ya tienen años, y que han venido siendo periódicamente revisadas, la más reciente en el 2006. ¿Qué han descubierto los promotores? No nos dicen.

La propuesta parece el cuco perfecto para distraer de la derrota política que viene padeciendo un sector del Congreso. Pues una norma así va a ser leída, dentro y fuera del país, como un atentado directo contra las libertades de prensa, de información y de empresa. En todo caso el Congreso se puede abstener de publicar avisos, por voluntad propia, o pagar el espacio que ocupan sus declaraciones.

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