Control político y blindaje

7 Dic 2017 | 6:00 h

Los fujimoristas se ufanan del control político que ha hecho posible la presión preventiva de los grandes empresarios coludidos con la corrupción de Odebrecht. En vez de ufanarse, debieran tener vergüenza porque el control político es arbitrario: está sometido a intereses particulares, a arbitrariedades y a otros factores de carácter subjetivo. Lo que es democrático es el control institucional, esto es, el control político sometido a reglas de juego, a procedimientos y leyes que eviten el abuso. Que el fujimorismo se vanaglorie del control político a secas revela ignorancia, autoritarismo o ambas cosas a la vez.

La prisión preventiva de los magnates del capital tiene mucho de espectacular. Pocos esperaban que la justicia, siempre timorata y encubridora, se metiera con los grandes. Hasta ahora la prisión preventiva ha sido utilizada para apresar a los débiles y encubrir a los ricos y a los poderosos. La medida tiene diversas lecturas.

1. En las redes sociales es vista como un acto de justicia y el juez Concepción Carhuancho es catalogado como un héroe porque, teniendo un origen andino, se ha atrevido a encarcelar a un Miró Quesada, perteneciente a una de las familias más encumbradas y rancias del país. Para las redes, la prisión de los poderosos intocables tiene algo de justicia poética.

2. Los críticos del fujimorismo interpretan la medida judicial como una manera de quitarle piso a la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación y otros fiscales. Sostienen con razón que una investigación judicial, base del pedido de prisión preventiva, no se hace de la noche a la mañana. Requiere tiempo y mucho trabajo de acumulación de pruebas y evaluación de estas.

3. Los fujimoristas leen la orden de prisión preventiva de los encopetados del capital como el éxito logrado gracias al control político ejercido por ellos. Sostienen que, sin la presión del fujimorismo, los fiscales y jueces hubieran seguido arrastrando los pies y negándose a investigar a Graña y Montero y compañía. La verdad es que la investigación a Graña y Montero es un pretexto porque lo que realmente busca el fujimorismo es blindar a KF y a Ramírez, ex secretario general de FP.

4. Los fiscales y jueces niegan que sus acciones de investigación y sus decisiones estén sujetas a presiones políticas. Ojalá fuera así. La historia pasada y reciente muestra, sin embargo, que las instituciones judiciales han estado y siguen estando sometidas a la presión del poder político y de los medios. Esto es más cierto en lo que se refiere a la prisión preventiva que se ha convertido, no en una medida de justicia, sino de abuso celebrado, a veces, por las galerías. Ollanta y Nadine están presos por presión mediática y política de sus enemigos. Ahora, a los que exigieron su encarcelamiento les están aplicando la misma medicina.

5. Cabe también otra lectura. Los fiscales y jueces han tomado estas medidas drásticas contra los poderosos del capital para tomar impulso y asaltar de una buena vez las fortalezas del poder político. Si esto es así, entonces KF y AG tienen poco que celebrar. Si no fuera así, sería una vergüenza para fiscales y jueces de consecuencias imprevisibles para el orden democrático del país.

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