El proceso independentista catalán, en caída luego de la intervención del gobierno autonómico (la Generalidad y sus órganos, el gobierno, el parlamento y la presidencia) por el gobierno español, en aplicación del artículo 155º de la Constitución, le pasa la factura a Podemos, la nueva formación de la izquierda española que junto con sus aliados obtuvo el 21% de votos en las elecciones del año pasado, y que –también juntos– ocupan 67 de 350 escaños en el parlamento. Presionado por expectativas regionales, especialmente de sus bases y sus aliados en Cataluña, Podemos exhibió un extraño discurso neutral pero inclinado hacia el proceso separatista catalán impulsado por una coalición de grupos conservadores, liberales y de izquierda. Mientras el proceso estaba en curso, antes de la declaración unilateral de independencia y de la respuesta del gobierno de Mariano Rajoy, ese discurso pudo servir para administrar la falta de una opinión resuelta y organizadora sobre la cuestión catalana, pero no fue suficiente. El grupo que revolucionó y modernizó la movilización en España y Europa, legítimo heredero del movimiento de los indignados del 15-M del 2011, se vio atenazado por una estrategia sin táctica. Por primera vez desde su fundación fueron “otros” los que ganaron la iniciativa de la calle. Los separatistas los llevaron de las narices, estableciéndose entre ellos y Podemos una distribución de roles perjudicial para el partido nacional: Los primeros aceleraban la separación de España vía el ilegal referéndum del 1º de octubre, y los segundos atajaban al gobierno de Rajoy, defendiendo el derecho a decidir del 48% de los ciudadanos sobre el 52% restante. Ese fue el primer error del profesor Pablo Iglesias, líder de esa formación, que se sabe de memoria las lecciones de estrategia, pero al que le faltó la primera lección de táctica: tener una línea propia en el terreno de los hechos, y llevarla adelante. A Podemos de estos meses le sobró Gramsci, pero le faltó Lenin, De Gaulle y Churchill. En principio, es seductor el modelo de organización más plural para España, es decir, un desarrollo mayor del modelo de autonomías instalado por la Constitución de 1978. La idea de esta alternativa fue plasmada en la propuesta de un nuevo pacto territorial y democrático por la vía del federalismo. No obstante, esta alternativa no puede enarbolarse relativizando la unidad nacional, un error frecuente de las formaciones nacionales radicales de derecha o izquierda. Razón tuvo hace días la profesora Carolina Bescansa, una de los tres fundadores de Podemos, al lamentar que su partido no tenga un proyecto político para España y en pedir que se le hablase más a España y a los españoles y no solo a los independentistas, recordando que Podemos es un partido español y estatal. Ese segundo error no fue leve. La idea de llamar fascista a todo aquel que defienda la unidad de España –o si queremos aplicarlo a cualquier país, la unidad nacional– no se justifica siquiera en las disputas en las redes sociales; más aún si se tolera, como ha sucedido en Cataluña por parte de grupos de la izquierda regional, que se llame traidor (botifler en el argot catalán) al que se muestra contrario a la secesión. Al contrario, no enfrentarse al nacionalismo secesionista creyendo que tenía la marca de izquierda, y que eso era suficiente, implicó sentar las bases del actual conflicto entre la dirección nacional de Podemos y sus bases catalanas que solo tiene una ruta de solución: la salida de los que pierden. El tercer error fue priorizar su oposición al gobierno, y subestimar el valor moral de la Constitución, inclusive si en el gobierno se encuentra un grupo cuestionado como el Partido Popular (PP) protagonista de sonados escándalos de corrupción. Allí hubo un equívoco más que político, que es no tomar en cuenta que la Constitución es más que un gobierno. Eso sucede cuando desde la Ciencia Política se subestima el Derecho Constitucional. Ahora, tendrán que hacer otra incoherencia: participar en un proceso electoral que consideran ilegitimo. http://juandelapuente.blogspot.pe
