Dan cárcel dorada a policías y militares violadores de DDHH

Congreso. Comisión de Defensa aprueba dictamen que dispone traslado de militares y policías a penales militares, pese a ser condenados por delitos comunes y de lesa humanidad.

10 Oct 2017 | 6:42 h

Con nueve votos a favor y una abstención, la Comisión de Defensa Nacional del Congreso aprobó el dictamen que dispone el traslado de militares y policías procesados o condenados por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo a establecimientos penitenciarios militares.

El dictamen, en caso de convertirse en ley, beneficiaría a todo miembro de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que cometió delitos de lesa humanidad para cumplir su condena en una cárcel manejada por su institución. Esto incluye a los integrantes del grupo Colina, quienes actualmente cumplen su condena en cárceles de máxima seguridad.

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El proyecto de ley que dio pie al dictamen fue presentado el 15 de diciembre del 2016 por el congresista fujimorista Carlos Tubino.

"Lo que se busca es resguardar la seguridad del personal militar y policial en su lucha contra el terrorismo. Para ese personal que en funciones pone el pecho por los peruanos y que comete un exceso que lleve a un delito y que no termine en las cárceles comunes. Hay que reflexionar si es justo que ese personal esté en cárceles comunes junto a delincuentes sin velar por su seguridad", expresó Tubino durante la exposición ante la comisión de Defensa de su proyecto de ley.

Para el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDEELE), Juan José Quispe, el dictamen minimiza los delitos cometidos por militares tratándolos como simples negligencias.

"Esto es un premio para los militares que han cometido graves delitos contra los derechos humanos. Lo que hacen es desconocer la naturaleza de los procesos penales que lleva la Sala Penal Nacional donde establece que los militares han sido condenados como autores directos o autores mediatos por delitos de graves violaciones a los derechos humanos. Caso como Putis, Accomarca o El Frontón no son negligencias o excesos, se trata de miembros de las Fuerzas Armadas que debieron respetar la vida y no lo hicieron", expresa Quispe.

En la exposición de motivos , Tubino argumenta que el traslado en necesario debido a que "nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes", como si los militares y policías presos estuvieran siendo sometidos a violencia dentro del penal.

"Eso es absolutamente falso porque no existe denuncia formal, ningún registro del INPE que establezca que los miembros de Sendero Luminoso o MRTA hayan amenazado o torturado a los miembros del Ejército que cumplen condena o estén en calidad de procesados en un establecimiento penal. Los penales tienen una demarcación de presos por delitos justamente para evitar altercados. No existe evidencia física o documentaria que demuestre que estos señores son amenazados por los terroristas. Este proyecto de ley estaría privilegiando a un grupo de perpetradores de violadores de derechos humanos con una cárcel dorada”, refiere el abogado de IDEELE.

De acuerdo a ley, los penales militares son para los militares y policías procesados por delitos de función juzgados por el Tribunal Militar Policial y no para delitos comunes.

El dictamen ya cuenta con el visto bueno del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa.

Miembros del grupo Colina están entre los beneficiados

En caso de llegar a aprobarse, el dictamen beneficiará a militares y policías que cometieron graves delitos como consecuencia de la lucha contra el terrorismo.

Un ejemplo de quienes se beneficiarían con la ley serían el capitán EP en retiro Telmo Hurtado (autor de la masacre de Accomarca) y el agente del SIE e integrante del grupo Colina, Jesús Sosa Saavedra, uno de los autores de la matanza de Barrios Altos y La Cantuta.

Otros beneficiados serían los marinos que vienen siendo procesados por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer el 5 de abril de 1992.

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