Lavado de activos. Fiscalía considera que hay indicios de la existencia de una red delictiva que desde el año 1991 blanquea bienes y dinero provenientes de crímenes de corrupción de funcionarios, con un líder y tres niveles de testaferros.,El expresidente Alan García reveló ayer que la Fiscalía amplió por 36 meses la investigación en su contra por lavado de activos. Por eso, a través de su cuenta en la red social Twitter, acusó a la Fiscalía de abusiva y politiquera... y agregó que eran “malvados” por incluir a la ex primera dama de la Nación Pilar Nores. PUEDES VER Alan García cuestiona que involucren a Pilar Nores en investigación en su contra Como quiera que el expresidente no dijo nada más, La República fue a investigar a qué se refería el ex mandatario y qué había detrás de su intranquilidad. La tarea no fue fácil. La 1ª Fiscalía Corporativa Especializada en Lavado de Activos, a cargo del fiscal José Antonio Castellanos Jara, ha declarado la absoluta reserva del proceso. Reserva absoluta El personal del despacho de Castellanos ha recibido la orden de guardar silencio ante cualquier consulta sobre la investigación a García. El objetivo, según se conoció, es evitar que el expresidente tenga alguna excusa para decir que su caso es político. La prohibición se ha extendido a los abogados defensores de los investigados y la Procuraduría. “Se recuerda a los sujetos procesales (investigados, procuraduría pública y abogados) que las copias obtenidas de los actuados y disposiciones fiscales y otros emitidos por este Despacho deberán ser utilizadas exclusivamente para los fines de su defensa, debiendo guardar absoluta RESERVA, bajo responsabilidad y consecuencias legales”, dice una disposición del fiscal Castellanos. Esto es pena de cárcel para el que incumpla la norma. Pese a todo, logramos averiguar lo que el doctor García Pérez no había tuiteado de la disposición fiscal Nº 7 del 28 de septiembre del 2017, es decir, emitida hace apenas cuatro días. Organización criminal La República cumple con precisar que no le fue posible obtener una copia del documento, solo la ha podido revisarlo por poco tiempo. Lo que averiguamos es lo siguiente: Efectivamente, la fiscalía amplió el plazo de investigación al expresidente García por tres años. Pero lo más llamativo es que la investigación fue adecuada a la Ley contra el Crimen Organizado, porque se trataría de una investigación compleja, que incluye a 31 personas y múltiples empresas. Hay más. En lo que en círculos judiciales se considera como la resolución jurídica más grave, jamás escrita antes contra el ex presidente García Pérez y sus colaboradores, la fiscalía dice que los investigará como presuntos integrantes de una "organización criminal". Es decir, no solo adecúa el proceso de investigación a la Ley contra el Crimen Organizado para tener más tiempo para investigar, sino dice que hay indicios que van más allá. “Los hechos investigados preliminarmente apreciarían la existencia de una presunta organización criminal dedicada a la comisión del delito de lavado de activos”, “debidamente estructurada, con alcance nacional e internacional” y “con permanencia y regularidad en el tiempo”. Añade la Fiscalía que es evidente que una serie de actos de corrupción han sido cometidos en las altas esferas del poder, a raíz de lo cual varias personas han incrementado sus patrimonios de manera exorbitante, luego del primer gobierno del investigado Alan García Pérez, e incluso en su segundo gobierno, dice el documento fiscal. Líder de organización La fiscalía señala, además, que se presume que el expresidente es el presunto líder de una presunta organización criminal, cuyo objetivo es la comisión del delito de lavado de activos, originados en actividades criminales contra la administración pública. Es la denuncia más grave hasta ahora lanzada por la fiscalía contra el líder aprista. Además, indica que esta organización, para el cumplimiento de su objetivo, estaría estructurada en tres niveles de testaferros o "cuadros de confianza". La fiscalía identifica que en el primer nivel hay cinco personas: Hernán Garrido Lecca, Aurelio Pastor, José Antonio Chang, Luis Nava y Pilar Nores. En el segundo nivel habría 10 personas, entre los que se menciona a Carlos Arana Vivar, Jorge Barco, Miguel Facundo Chinguel, Umberto Olcese y otros. El tercer nivel estaría integrado por grupos empresariales y hasta 15 personas naturales, que no habrían ocupado cargos públicos. En medio, un sinnúmero de empresas que habrían servido para ocultar y blanquear el dinero que la Fiscalía, presume, proviene de corrupción de funcionarios. Así comienza la investigación del Ministerio Público. El código del silencio de la organización La Fiscalía señala que los indicios analizados en la etapa preliminar de investigación indican que la organización dirigida por Alan García ha generado en el tiempo un "código de silencio". Al igual, añade que se favoreció de la prescripción. Siempre a través de su cuenta de Twitter y desde España, el expresidente Alan García ha reiterado que se somete a la investigación, tal como ha ocurrido en los últimos años. El ex mandatario también reclamó por la inclusión en la investigación de la señora Pilar Nores por la construcción en lo que fue su casa familiar de tres departamentos, 7 cocheras y un depósito.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Viernes 22 de Noviembre del 2024