La declaración de Lima y América Latina

10 Ago 2017 | 6:00 h

Una de las virtudes de la reunión de cancilleres y representantes de 17 países de América Latina y Canadá que tuvo lugar en Lima para analizar el caso venezolano, ha sido provocar una respuesta inmediata de los países de la ALBA reunidos el mismo día en Caracas, sobre la necesidad de un encuentro entre ambas partes bajo, digamos, el paraguas, de la CELAC.

En realidad, este hecho que podemos calificar de inédito, bien podría marcar el futuro político de la región y al mismo tiempo sacarlo de esta suerte de callejón sin salida en que se ha convertido la situación venezolana. Incluso podríamos decir que más allá de la retórica y la dureza de ambas partes, cada lado ha puesto sobre la mesa las cartas de lo que podría ser una negociación futura.

Para los países reunidos en Lima, en Venezuela se ha roto el orden democrático; además advierten que no reconocen la Asamblea Constituyente y afirman “su pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional, democráticamente electa”. Por otro lado, expresan “Su enérgico rechazo a la violencia y a cualquier opción que involucre el uso de la fuerza”.

A ello habría que sumarle la advertencia a Venezuela de que seguirán reuniéndose hasta la plena vigencia de la democracia y los derechos humanos y “su decisión de continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela”. Pero es importante señalar que la llamada Declaración de Lima reconoce a Nicolás Maduro, en la práctica, como presidente, y que descarta, como bien dijo el canciller chileno, Heraldo Muñoz, “el golpe o el autogolpe militar” como solución.

Se podría decir, entonces, que las principales exigencias de esta declaración, como afirma el texto en su parte final, serían: a) el “respeto a la soberanía; b) una negociación creíble y de buena fe, c) que tenga el consenso de las partes y d) que esté orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia en el país”. A lo que habría que añadirle la exigencia, planteada por el canciller Ricardo Luna, que la negociación tenga resultados concretos. En resumen, al desahuciar a los actuales mediadores del conflicto venezolano que son el exjefe de gobierno de España, los expresidentes de República Dominicana, Panamá y el representante del Vaticano, son estos 17 países los que asumen ese papel.

Por su parte, lo que plantean Maduro y los países de la ALBA al proponer una reunión conjunta entre ambos bloques, es que el caso de Venezuela no puede ser el único punto de una agenda regional. El Presidente Maduro en el breve discurso que dio en esa reunión mencionó a Brasil y dijo que no sabía si su gobierno era o no legítimo.

Hay que recordar que hace más de un año se dio un golpe parlamentario y que el actual “gobierno” viene aplicando un programa que está en las antípodas de aquel con el cual ganó las elecciones la expresidenta Dilma Rouseff (con Temer como vicepresidente). Y se podría agregar también a esta agenda, la actual política antimigratoria de Donald Trump y su política militarista; pero sobre todo si el caso venezolano se debe resolver en los marcos de la OEA o de la CELAC como proponen los países de la ALBA.

Ahora bien, si se compara esta situación con la que vivió Cuba en 1962 cuando fue excluida de la OEA en Punta del Este por ser un gobierno “marxista-leninista”, es claro que hoy estamos frente a otra situación que le da todavía oportunidad al diálogo y que podría abrir la posibilidad de una nueva agenda regional que vaya más allá –y eso no implica avalar o aprobar lo que sucede en ese país– del caso venezolano.

Y es que, en realidad, como dice José Natanson, recordando una idea de Juan Carlos Portantiero, hoy en América Latina existe un “empate hegemónico”, es decir, “una situación en la que dos fuerzas en disputa tienen suficiente energía como para vetar los proyectos elaborados por la otra, pero ninguna logra reunir los recursos necesarios para asumir por sí sola el liderazgo”.

Por eso no es extraño que hoy se presente el siguiente dilema: o volvemos a Punta del Este de 1962 cuando los países en la OEA no solo decidieron expulsar a Cuba sino también dejar de lado la necesidad de una nueva agenda y de un debate sobre los problemas de América Latina; o más bien recordando el espíritu de Raúl Porras, encontramos una solución que respetando la soberanía de los países sea democrática y pacífica para comenzar a resolver los problemas de Venezuela y de la región.

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