La comunidad internacional respalda a los peruanos frente al régimen

En Ginebra, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió ayer que la ley de amnistía aprobada por el Gobierno de Dina Boluarte “representa un retroceso para la justicia y la verdad”.

Dichas palabras fueron expresadas frente al representante del régimen, el ministro que es hoy de Justicia, Juan José Santiváñez. Constituyen, además de una condena internacional, una señal de respaldo a la ciudadanía que resiste a los atropellos de sus derechos y libertades bajo el pacto autoritario.

Vale la pena recordar que no es la primera vez que organismos multilaterales, de los cuales el Perú es miembro activo, advierten sobre el devenir antidemocrático en nuestro país. En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó reparos frente al uso desproporcionado de la fuerza en las matanzas de civiles al inicio del Gobierno actual.

A ello se sumaron, en 2024, diversos pronunciamientos de relatores de la ONU que alertaron sobre el debilitamiento de la institucionalidad.

Que un organismo internacional con el peso de la ONU señale este desvío democrático coloca a nuestro país en el mapa de las preocupaciones globales sobre los derechos humanos.

En ese sentido, este pronunciamiento confirma lo que dentro y fuera del país es evidente: el Perú atraviesa un proceso de consolidación autoritaria que busca blindar a quienes ejercieron violencia desde el Estado y silenciar a quienes reclaman justicia.

Para la ciudadanía peruana, este gesto no debería pasar desapercibido. Es un recordatorio de que el respeto a la dignidad humana no depende solo de las autoridades o de los partidos políticos, sino de la vigilancia activa de cada ciudadano frente a las arremetidas de un gobierno deslegitimado y abusivo como el actual.

Es cierto que, en el plano internacional, la consecuencia inmediata es un mayor aislamiento político de los demás países miembros para el Gobierno peruano, que se aleja del concierto de naciones comprometidas con los derechos fundamentales.

Pero, al mismo tiempo, esta censura internacional fortalece a la sociedad peruana: muestra que no está sola, que su reclamo por verdad, justicia y libertad cuenta con el eco y la legitimidad de la comunidad internacional.

El reto está ahora en convertir ese respaldo en energía cívica. Que las palabras del alto comisionado de la ONU no queden solo como un gesto diplomático, sino como aliciente que inspire a los peruanos a defender activamente sus derechos frente a un régimen que pretende arrebatárselos.