Economía

Congreso aprueba presupuesto del MEF que recorta subsidios de vivienda más del 50% para 2026

El recorte en los subsidios de vivienda social, posiblemente heredado de la gestión anterior, podría afectar a 30.000 hogares y 70.000 empleos. Los S/2.000 millones en subsidios deben aprobarse en los primeros meses de 2026 para que los proyectos inmobiliarios puedan ejecutarse a tiempo.

Subsidios como Techo Propio y MiVivienda son esenciales para que miles de familias accedan a su primera vivienda
Subsidios como Techo Propio y MiVivienda son esenciales para que miles de familias accedan a su primera vivienda | Fuente: composición LR

Con la reciente aprobación del Presupuesto Público 2026, el sector de la vivienda formal en el Perú entra a un punto de quiebre. Pese a ser un motor clave para el empleo, la inversión y la reducción de brechas habitacionales, los recursos destinados a los subsidios que permiten a las familias acceder a una vivienda digna sufrirán una caída superior al 50%, pues la partida para los programas Techo Propio y MiVivienda pasará de S/2.175 millones en 2025 a S/1.088 millones en 2026.

De acuerdo con la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), este ajuste presupuestal comprometerá el acceso de más de 30.000 hogares que esperaban acceder a su primera vivienda mediante el Bono Familiar Habitacional (BFH) o el Bono del Buen Pagador (BBP).

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CODIP propone una Ley de Financiamiento Habitacional con un horizonte plurianual. Foto: CODIP

CODIP propone una Ley de Financiamiento Habitacional con un horizonte plurianual. Foto: CODIP

“Sabemos que el presupuesto aprobado ha sido remitido por la gestión anterior y por ello confiamos en que el gobierno actual pueda mejorar esta asignación a través de un crédito suplementario durante los primeros meses del año”, señaló José Espantoso, presidente de CODIP. “Miles de familias dependen de estos programas para concretar el sueño de la vivienda propia”.

Y es que la menor asignación afectará directamente la continuidad de los programas, pilares esenciales de la política de vivienda social. 

Faltan S/2.000 millones para subsidios de vivienda

En entrevista con La República, José Espantoso explicó que el gremio espera que el nuevo gobierno anuncie públicamente que el primer crédito suplementario del año priorizará la ampliación de los subsidios de vivienda, especialmente el Bono Familiar Habitacional para Adquisición de Vivienda Nueva y el Bono del Buen Pagador

“Solicitamos que el Ejecutivo confirme que al menos se igualará lo ejecutado en 2025, alrededor de S/2.000 millones en subsidios”, remarcó.

Los recursos deben llegar a inicios de año, porque si se aprueban tarde ya no pueden ejecutarse, dado que los proyectos inmobiliarios toman meses de desarrollo. Además, el riesgo no recae en paralizaciones inmediatas, sino en la pérdida de capacidad de miles de familias para acceder a la oferta existente y en la imposibilidad de generar nueva vivienda formal.

Si bien no es posible precisar cuántos proyectos específicos entrarían en riesgo, Espantoso estima que dejarían de colocarse 15.000 unidades de vivienda nueva y otras 15.000 en Construcción en Sitio Propio

En conjunto, se trata de 30.000 viviendas menos, es decir, 30.000 hogares que no podrían acceder a vivienda formal si los subsidios no se amplían oportunamente.

Recorte de subsidios de vivienda podría frenar S/2.660 millones del dinamismo económico en 2026

El impacto económico del recorte también sería significativo. En el caso de Techo Propio, una reducción de S/350 millones implica S/350 millones menos en ingresos tributarios y S/525 millones menos en actividad inmobiliaria, es decir, un total de S/875 millones que la economía dejaría de generar.

Para el Nuevo Crédito Mivivienda, los S/75 millones recortados representan S/210 millones menos de recaudación y S/1.575 millones menos en actividad inmobiliaria, debido a su multiplicador de 21 veces. En conjunto, el país perdería más de S/2.660 millones en dinamismo económico entre construcción, empleo y ventas de vivienda formal.

Las regiones que dependen en mayor medida de los subsidios serán las más afectadas en 2026.

Al menos 70.000 empleos en riesgo

En materia laboral, Espantoso subrayó que los efectos serían directos y severos, puesto que el sector construcción genera alrededor de 280.000 empleos al año, y cerca de la mitad —unos 140.000 puestos— están vinculados a vivienda social.

Si el recorte se mantiene en 2026, el impacto potencial sería de al menos 70.000 empleos comprometidos. “Cada mes de retraso en aprobar el crédito suplementario pone en riesgo miles de puestos de trabajo”, advirtió.

Respecto a una eventual coordinación con CAPECO, señaló que hoy no existe una proyección conjunta, aunque los datos de CODIP ya muestran el impacto crítico de un recorte prolongado.

Proponen marco plurianual para subsidios de vivienda

Colombia y Chile ya operan con marcos plurianuales para sus subsidios de vivienda, un esquema que garantiza continuidad, sostenibilidad y planificación a largo plazo. Consultado sobre si el Perú debería adoptar un modelo similar, CODIP confirmó que sí: el gremio ha planteado formalmente una Ley de Financiamiento Habitacional que otorgue a los subsidios un horizonte plurianual de por lo menos cinco años, con recursos sostenibles y crecientes cada año.

La propuesta —presentada a diversos gobiernos, ministros y al propio presidente de la República— busca dejar atrás la dependencia de decisiones presupuestales anuales, que generan incertidumbre y dificultan la ejecución de programas como el BFH y el BBP.

Un horizonte mínimo de cinco años responde directamente a la realidad del sector. Un proyecto inmobiliario requiere al menos dos años de actividades preoperativas y alrededor de tres años para su desarrollo integral hasta la formalización de las unidades. Sin esa previsibilidad, los inversionistas no pueden planificar nuevas iniciativas ni ampliar la oferta de vivienda formal.

Por ello, más que escoger entre cinco, siete o diez años, CODIP considera prioritario que el país cuente con una Ley de Financiamiento Habitacional que asegure un marco plurianual con un piso de cinco años, capaz de brindar estabilidad tanto a las familias beneficiarias como a quienes toman decisiones de inversión en el sector.

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