Contraloría pone bajo la lupa a 8 funcionarios de Ositrán por contrato para supervisar el Anillo Vial Periférico
Se cuestionó la experiencia del jefe de Ingeniería Vial de la empresa ganadora, señalando inconsistencias en su historial. Documentos oficiales de España contradicen sus declaraciones.
La República en GoogleLa Contraloría General de la República detectó irregularidades en la fiscalización de la oferta ganadora para contratar la supervisión de las obras del Anillo Vial Periférico de Lima Metropolitana. El caso involucra a ocho funcionarios y servidores públicos del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), sobre quienes se identificó presunta responsabilidad penal y/o administrativa.
Según el Informe de Control Específico n.° 007-2026-2-4732-SCE, la entidad de control examinó el procedimiento de selección n.° 002-2025-OSITRAN, convocado para contratar el servicio de supervisión del diseño y construcción de las inversiones obligatorias del proyecto vial. La evaluación comprendió el periodo del 20 de noviembre de 2025 al 28 de mayo de 2026.
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Los auditores cuestionaron que la Jefatura de Logística y Control Patrimonial de Ositrán concluyera que no existían pruebas de inexactitud o falsedad en la experiencia del profesional propuesto como jefe de Ingeniería Vial por la empresa ganadora.
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Sin embargo, la documentación oficial del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de España y los informes de la Demarcación de Carreteras de Cataluña contradijeron la experiencia específica declarada por el profesional.
Documentos de España cuestionaron la experiencia del especialista
De acuerdo con el informe de la Contraloría, la revisión de los antecedentes permitió advertir que el profesional no habría desempeñado los cargos ni realizado los trabajos declarados para acreditar su experiencia específica.
Además, los auditores detectaron inconsistencias en la experiencia vinculada a la obra denominada “Autovía A-14, tramo Lleida-Roselló”, en España. Según la información recabada, la empresa española mencionada en los antecedentes del especialista no estuvo a cargo de la supervisión de dicha obra, sino que realizó labores de gestión de apoyo técnico-administrativo.
La Contraloría precisó que estas actividades no correspondían a un servicio de supervisión de obra ni eran similares al objeto de la contratación convocada por Ositrán.
Pese a estas observaciones, los funcionarios involucrados emitieron, visaron o respaldaron informes que validaron la experiencia cuestionada.
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Ositrán habría aplicado un criterio no previsto en las bases
El informe de control señala que, durante la evaluación de los documentos, se recurrió a una supuesta “equivalencia funcional” entre las actividades declaradas por el profesional y las exigencias del proceso de selección, pese a que este criterio no estaba contemplado en las bases integradas.
Según los auditores, este análisis omitió contrastar la información presentada por el postor ganador con los hechos acreditados en la documentación oficial. De esa manera, se validó una experiencia que no habría cumplido con los requisitos técnicos exigidos para el puesto.
La Contraloría advirtió que esta actuación impidió que Ositrán activara oportunamente los mecanismos correspondientes ante la presentación de información inexacta. Como consecuencia, el contrato de supervisión continuó sustentado en una oferta cuya documentación no acreditaba el perfil técnico requerido.
Los ocho funcionarios y servidores involucrados pertenecían a la Jefatura de Logística y Control Patrimonial, la Gerencia de Administración y la Gerencia de Asesoría Jurídica de Ositrán.
Contraloría recomienda acciones penales y administrativas
Ante los hechos identificados, la Contraloría recomendó al titular de Ositrán adoptar las acciones necesarias para determinar las responsabilidades que correspondan en el ámbito administrativo.
Asimismo, recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores presuntamente involucrados.
El informe establece presuntas responsabilidades, por lo que corresponde a las instancias competentes evaluar los hechos y determinar las sanciones o consecuencias legales que resulten aplicables.
