Cómo nos fue con las empresas públicas

Por Patricio Quintanilla.

Patricio Quintanilla. Foto: La República.
Patricio Quintanilla. Foto: La República.

Cuando tomo conocimiento de algunas propuestas para volver a un Estado-empresario, me viene a la memoria experiencias anteriores al respecto; en los últimos 50 años hemos tenido dos gobiernos con esa política, que los jóvenes no han vivido y, en algunos casos, no conocen. Fueron la presidencia del General Juan Velasco Alvarado (1968) y el primer mandato de Alan García (1985).

Velasco Alvarado

El 3 de octubre del año 1968, el General de División, Juan Velasco Alvarado, da un golpe de estado, toma con tanques el Palacio de Gobierno y expulsa del país al presidente constitucional Fernando Belaunde Terry e instala su gobierno, con un Consejo de Ministros integrado exclusivamente por miembros de las Fuerzas Armadas.

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Una de sus primeras acciones fue expropiar la International Petroleum Company, que fue asumida por la Empresa Petrolera Fiscal, reorganizada y convertida en Petro Perú. Ese sólo fue el inicio, estatizando luego las compañías mineras (Minero Perú, Hierro Perú), compañías telefónicas (Entel Perú), ferrocarriles (Enafer Perú), compañías eléctricas (Electro Perú), entre muchas otras. Todo esto influenciado por la CEPAL de entonces y Raúl Prebisch, su promotor.

Ahuyentando la inversión privada nacional y extranjera además de una reducción de las exportaciones que estaban concentradas en empresas estatales; los resultados fueron una reducción del ingreso per cápita de la población, escasez de moneda extranjera y consecuente pérdida y un enorme aumento de la deuda externa. Todas las empresas estatales estaban en pérdida, que era asumida por el Tesoro Público, originando un alto déficit fiscal.

Alan García I

Me refiero al primer gobierno de Alan García, porque el segundo fue totalmente diferente, pero éste tuvo los peores resultados económicos en los últimos años.

La primera medida fue decidir no pagar la deuda externa, lo que convirtió al país en un paria mundial, sin financiamiento y con riesgo de incautación de las Reservas Internacionales Netas (RIN) por los acreedores; sin embargo la decisión que cambió todo fue el intento, parcialmente fallido, de estatizar los bancos.

El Producto Bruto Interno crece el primer año (1986) por aprovechar la capacidad instalada ociosa que encontró en el país, pero entre los años 1988 y 1990, cayó en casi 27%, con la mayor caída de 12.3% en 1989; el impacto de su gestión, fue peor que el sufrido en la economía peruana, consecuencia de la pandemia de COVID 19.

Pero el impacto más dañino fue la inflación que sufrimos, por las emisiones inorgánicas del BCR para sufragar el enorme gasto público, aumentado por subsidios generales e indiscriminados y control de precios, que crearon una grave escasez de productos de primera necesidad. El pico de inflación fue de 7,482% en un año.

Conclusión

La historia ha demostrado las nefastas consecuencias de políticas de estatización de empresas y pretender que el Estado asuma ese rol y queda claro que la economía de mercado es la mejor opción.

Se produce competencia desleal, porque las empresas públicas, recurren a fondos del Estado, que son de todos los peruanos, para cubrir las pérdidas.

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