Paulina Facchin: Migraciones declaró nula la expulsión de activista extranjera

La noche del viernes 20 de mayo, la Superintendencia de Migraciones comunicó la decisión de declarar la nulidad del proceso de expulsión que se había establecido en contra de la activista y abogada Paulina Facchin, quien se había visto afectada por la resolución emitida por la entidad estatal el 9 de mayo, en la cual se ordenaba su salida del país. Esto, tras habérsele revocado la condición de residente legal que la ciudadana extranjera tenía tras 11 años de vivir en el Perú.

Según el comunicado difundido por medio de sus redes sociales, Migraciones determinó la permanencia de Paulina Facchin en territorio nacional tras revisarse un recurso administrativo interpuesto por la activista, quien desde un primer momento se había opuesto al decreto de expulsión por considerar que no se habían tomado en consideración varios elementos jurídicos que hacían improcedente la orden dada por la Superintendencia.

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“A pesar de que el proceso está judicializado, de que existe, el Pacto de San José de Costa Rica del cual el Perú es parte, que en su artículo 22 establece que no se puede devolver a un ciudadano extranjero, al país donde corre riesgo, se me notifica el día de ayer esta resolución que indica mi expulsión y la prohibición de ingreso al Perú por 15 años”, había declarado la activista política con anterioridad a Epicentro TV.

En este sentido, el organismo estatal dio razón a los puntos expuestos por Facchin y señaló que, “al emitirse la resolución de expulsión, no se consideró el principio de no devolución que consagra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual el Perú es signatario”.

Asimismo, la Superintendencia de Migraciones aseveró en la parte final del comunicado que la actual gestión de la entidad “garantiza el respeto a los derechos reconocidos en los tratados internacionales, la Constitución y las leyes”.

¿Qué sucedió con Paulina Facchin?

El último 11 de mayo, la conocida activista política dio a conocer que había recibido una notificación por parte de las autoridades de migración, en la cual se le comunicaba de la orden de expulsión en su contra, bajo el argumento de que ella habría brindado datos falsos cuando intentó solicitar la nacionalidad peruana por naturalización hace cuatro años.

“Debido a la persecución política que sufro, en 2018 solicité la nacionalidad peruana, cumpliendo todos los requisitos jurídicos, y eso se convirtió en un proceso arbitrario y una cacería de brujas al mejor estilo del chavismo, pero en Perú”, comentó en una entrevista a RPP.

No obstante, a pesar de sus intenciones, el proceso de nacionalización de Facchin se detuvo en el año 2020, cuando el Estado le denegó la obtención del pasaporte peruano argumentando la “insolvencia moral” de la solicitante, lo cual fue considerado por la activista como una violación a sus derechos. Dicha disposición fue seguida de una denuncia por el supuesto ilícito cometido por la abogada, lo que derivó en la orden de expulsión emitida a principios de mes.

“Se expuso en redes sociales información personal y familiar, y en agosto del 2020 me informan que se inicia un proceso de expulsión arbitrario. Ellos alegan que yo he mentido en el momento de la solicitud de la nacionalidad, cosa completamente falsa”, manifestó en su momento la activista.

La protección internacional a los migrantes

Es preciso mencionar que los tratados firmados por el Perú, sobre todo en materia de derechos humanos, tienen rango constitucional, es decir, pasan a formar parte del ordenamiento jurídico nacional y adquieren el mismo nivel legal que la Constitución Política. Así se reconoce en el artículo 55 de la propia carta magna, en la que se señala que “los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”.

En relación a lo anterior, al haber ratificado la Convención Americana de los Derechos Humanos en el año 1978, el Perú se comprometió a seguir todos los puntos contenidos por este documento y hacerlos cumplir dentro de su ordenamiento interno. Esto incluye también el artículo 22, que establece lo siguiente: “En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas”.

Justamente, es a este aspecto en particular al que apeló Paulina Facchin para evitar su expulsión, ya que, dada su condición de activista política, opositora a la dictadura que rige en su país natal, no podría ser expulsada del Perú, debido que, al proceder con esta acción, se estarían violando los acuerdos suscritos por el país.