Sociedad

Chiclayo: denuncian presuntas irregularidades en compra de 14 compactadoras para limpieza pública

El empresario Mauro Araujo solicitó al alcalde de MPCH la intervención por presunto direccionamiento en licitación por más de S/ 8 millones.

Dirigente indicó que denunciará a autoridades por contaminación ambiental. Foto: Composición La República
Dirigente indicó que denunciará a autoridades por contaminación ambiental. Foto: Composición La República

Mientras la falta de maquinaria impide realizar con eficiencia la limpieza pública en la Ciudad de la Amistad, el proceso de selección que convocó la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) para la adquisición de 14 compactadoras fue nuevamente observado por presuntas irregularidades, específicamente en la entrega de la buena pro al Consorcio Equipos y Soluciones Ambientales por más de S/ 8 millones.

Según el documento que presentó el postor Marlon Araujo Dulanto al alcalde Marcos Gasco, se habrían cometido hechos ilícitos en el marco de la Licitación Pública n.° 05-2021, como es un presunto direccionamiento para beneficiar a una empresa.

En esa línea, el denunciante señaló que existen vicios de nulidad en la evaluación que realizó el Comité Especial a la propuesta del Consorcio Coinpro SAC-Tracama SAC-Famedi SAC, al cual representa.

En ese sentido, indicó que los integrantes de dicho comité no son coherentes en sus fundamentos para descalificar su propuesta. Por ejemplo, subrayó que se menciona que las especificaciones técnicas de la compactadora que ofertan difieren de la ficha técnica, así como algunas incongruencias con relación al modelo del vehículo que solicitó la comuna.

Sin embargo, Araujo remarcó que se habrían manipulado las especificaciones técnicas que se consideraron en la licitación y se vulneró la normativa.

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Contraloría y Fiscalía

En ese contexto, el regidor Orlando Puell lamentó este tipo de hechos y pidió la intervención de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público.

“El proceso para la compra de maquinaria inició en marzo de este año y no culmina a la fecha por denuncias por presunto direccionamiento. Urge la intervención de las entidades de control, en aras de la transparencia del uso de los recursos públicos y ante la necesidad de mejorar la gestión de los residuos sólidos”, expresó a La República.