Aumentan denuncias por abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en Tacna
Defensoría del Pueblo advierte que aislamiento social en hogares era un riesgo por convivencia con agresores. Piden kits de medicamentos y que se retome el debate sobre la legalización del aborto.
El Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional en Tacna recibió entre enero y setiembre de este año 154 denuncias contra la libertad sexual de niñas, niños y adolescentes. En el 2019, en el mismo periodo, fueron 140 y en todo ese año un total de 224.
El jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo, Edward Vargas, sostuvo que se advirtió desde el inicio del estado de emergencia sobre el riesgo de violencia que podría representar el aislamiento con los presuntos agresores en casa. Se demandó a las autoridades atención oportuna a las víctimas.
Pese a ello, se encontraron deficiencias en todo el país. En Tacna, uno de los derechos vulnerados fue el de la asistencia jurídica en un caso presentado en el Centro de Emergencia Mujer. No se atendió de forma inmediata a una víctima adolescente a pesar de que la Policía comunicó la denuncia de abuso sexual el mismo día.
Entrega de kits
La Defensoría también advirtió que el sector Salud está obligado a dar kits para casos de violación. Estos contienen medicamentos para prevenir un futuro embarazo no deseado y enfermedades de transmisión sexual.
Al respecto, el director de Salud, Juan Cánepa, sostuvo que sí se cumplió con entregar esos kits en Tacna. Reconoció que en el 2019 hubo problemas por falta de insumos a nivel nacional, pero esa deficiencia ya fue subsanada.
La Defensoría, a través de una nota de prensa, reafirmó su posición institucional de despenalizar el aborto por causa de violación sexual. Para esta entidad el Estado debe retomar el debate y mantener una posición que no revictimice a las mujeres ni desconozca sus derechos.
Según organismos internacionales, actualmente está calificada como una tortura obligar a una mujer a continuar con un embarazo producto del abuso sexual e incestos. El Comité contra la Tortura (Naciones Unidas) señala que no se debe criminalizar la atención médica de los y las profesionales de la salud a las mujeres que requieran un aborto por estas causas.
