Mirtha Vásquez: “El Estado peruano nos ha declarado la guerra a los ciudadanos”
La expresidenta del Consejo de Ministros advierte que la "coalición autoritaria" amenaza a los peruanos con actuar contra todo aquel que se oponga a sus medidas.
La expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, señaló que el Estado le ha declarado la guerra a los ciudadanos, a propósito del Consejo de Estado donde se tomaron acuerdos, según dijo, “inconstitucionales” y que atentan contra las libertades. Cuestionó sobre todo que policías y militares sean procesados en su propio fuero.
En el Consejo de Estado se acordó que militares y policías sean investigados en el fuero militar. Es algo que ya había propuesto el Ejecutivo. Lo llamativo es que han estado otras autoridades presentes y que han mostrado su acuerdo con una medida así. Entre ellas los titulares del Poder Judicial, de la Junta Nacional de Justicia…
La Defensoría del Pueblo.
Aunque no sé qué tanto se puede esperar del actual defensor. ¿Qué reflexión le provoca?
El Consejo de Estado no es un organismo constitucional, no está institucionalizado. Es una reunión de autoridades para coordinar algunas acciones. Yo he participado en varios. A mí me llama la atención porque este conjunto de autoridades ha emitido una suerte de lista con decisiones que son inconstitucionales. Es sobre todo un acto político que deja en claro dos cosas.
¿Cuáles?
Primero, ya no tenemos independencia de las instituciones. El Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo son las llamadas a defender la legalidad. Al sumarse a una declaración política donde básicamente se está decidiendo vulnerar normas y llevar adelante una serie de políticas anti derechos, está claro que no están cumpliendo con su deber. Lo segundo es que estamos en medio de un Estado donde hemos perdido el sentido de la democracia. Se está atentando contra las libertades ciudadanas. Hay acuerdos que se van a traducir en políticas autoritarias, persecutorias.
Como lo de la investigación en el fuero militar y policial. Es impunidad.
Una de las cosas más graves, porque están pasando por encima de la Constitución y de una serie de pronunciamientos del propio Poder Judicial. Esto ya se discutió hace varios años. La propia Defensoría, como institución, ha planteado que no se puede adoptar una medida de esta naturaleza porque rompe incluso con todos los estándares internacionales de respeto de derechos humanos, pero ayer (martes) todos se sumaban a lo mismo. Al no respetarse estándares internacionales, al estar decididos a vulnerar la Constitución nos estamos saliendo de un Estado de derecho.
O tal vez ya nos salimos.
Sí, exacto.
Otro acuerdo en el Consejo de Estado es disponer que Sunafil haga operativos para buscar extranjeros que “trabajen de manera irregular”. ¿No es la criminalización de los que vienen de otros países para justificar la propia incapacidad en seguridad ciudadana?
Es la concreción de una política xenofóbica. A la gente de otros países muchas veces le es difícil formalizarse. Pero quiero llamar la atención sobre lo siguiente: nosotros en el Perú no tenemos formalidad. Somos un país que tiene más del 70% de informales, pero resulta que se está tomando una decisión para perseguir a los informales extranjeros. Esa es una política absolutamente contraria a los derechos humanos, a los convenios a los que nos hemos comprometido para no practicar este tipo de acciones discriminatorias.
Y todos los que estaban sentados en la mesa mostraron su aquiescencia.
Ahí nos damos cuenta de que los ciudadanos estamos huérfanos de instituciones que puedan cautelar nuestros derechos. Si a un Ejecutivo se le ocurre dictar este tipo de normas, para eso debería estar un Congreso que lo controle, un Poder Judicial que defienda sus fueros o una Defensoría del Pueblo que salga al frente. Pero resulta que todos estaban sentados en la misma mesa, mostrando su acuerdo con estas políticas contrarias a cualquier orden democrático.
¿Cuál es la interpretación política? ¿La coalición que gobierna quiere dar un mensaje de unidad?
Un primer mensaje es que esta coalición ya tiene capturados a todos los poderes. Nos quieren demostrar que lo controlan todo. Segundo, están dispuestos a no respetar las leyes, ni la Constitución, nada. Y lo tercero es que nos están retando a los ciudadanos, nos están amenazando con su poder autoritario, nos están lanzando el mensaje de que están dispuestos a actuar contra todo aquel que se oponga a estas medidas, por más abusivas que sean. Es realmente terrible.
En el contexto de las protestas anunciadas durante los días del APEC.
Justamente, quieren demostrar que están dispuestos a lo que sea para neutralizar a la gente. Por eso han dicho que los que salgan a protestar serán traidores a la patria. Creo que no pensábamos estar en una situación como esta, donde el Estado nos declara la guerra.
¿El Estado nos ha declarado la guerra?
Yo creo que el Estado peruano nos ha declarado la guerra a los ciudadanos, porque está pasando por encima con todo su aparato. Todos están en la misma línea: acallar a la ciudadanía e imponer sus decisiones con el poder que tienen.
¿Qué piensa de la elección de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia? Observadores nacionales e internacionales cuestionaron el proceso por no respetar los estándares internacionales.
Es uno de los golpes más graves que le han dado al país. Ya tenían capturados a gran parte de los organismos constitucionales, a instituciones estratégicas del Estado. La Junta permite controlar el sistema de justicia, a través de jueces y fiscales, en donde todavía quedaba un espacio de resistencia frente a esta coalición autoritaria y mafiosa. Varios jueces o fiscales han estado resistiéndose a aplicar las normas que han sacado en el Congreso, por ejemplo. Pero con la nueva Junta eso creo que se acabó. Cualquier juez o fiscal que se salga del orden podría ser expulsado del sistema.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Jueves 21 de Noviembre del 2024