Caso Petroperú: Poder Judicial levanta el secreto bancario a Hugo Chávez y Samir Abudayeh
El Poder Judicial ordenó levantar el secreto de las comunicaciones del ex gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, el empresario Samir Abudayeh y otras 23 personas, entre naturales y jurídicas, como parte de la investigación preparatoria seguida al expresidente Pedro Castillo y otros por el presunto delito de organización criminal y otros en agravio del Estado.
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El Poder Judicial ordenó levantar el secreto de las comunicaciones del ex gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, del empresario Samir Abudayeh y otras 23 personas, entre naturales y jurídicas, como parte de la investigación preparatoria seguida al expresidente Pedro Castillo y otros por el presunto delito de organización criminal y otros en agravio del estado.
El juez supremo Juan Carlos Checkley adoptó esta medida al declarar fundada la solicitud que hizo la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos para que se ejecute esta medida, con el fin de que se pueda visualizar y extraer los mensajes y archivos adjuntos de los correos electrónicos, almacenados en equipos de cómputo que guardan relación con las presuntas irregularidades, detectadas en el proceso de adquisición de combustible Biodiésel B 100, del caso denominado Petroperú.
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Ante ello, el magistrado precisó que el levantamiento del secreto de las comunicaciones de estas personas naturales y jurídicas corresponderá al periodo comprendido desde el 1 de setiembre del 2021 hasta el 31 de marzo del 2022.
El ex gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo; el empresario Samir Abudayeh y los demás implicados afrontan por separado una investigación preparatoria por el caso Petroperú.
El juez supremo Checkley Soria determinó que la medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones guarda una relación razonable, respecto a conductas altamente perniciosas al sistema democrático, como son los delitos contra la administración pública, cometido por funcionarios públicos del Estado.
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El magistrado dispuso que, una vez ejecutada la presente medida restrictiva de derechos por el Ministerio Público, deberá dar cuenta del resultado para el control respectivo.
Asimismo, determinó que la ejecución de la presente medida por parte del Ministerio Público recurrente deberá efectuarse única y exclusivamente para los fines a que se contrae la presente investigación, bajo responsabilidad funcional en caso de incumplimiento.
El expresidente Pedro Castillo cumple 36 meses de prisión preventiva en el Penal de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate, a raíz de esta investigación preparatoria que involucra los casos acumulados Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda.
