En los próximos días la Corte IDH se pronunciará sobre indulto a Fujimori

Cerca de la 1 de la tarde, los familiares de las víctimas de Alberto Fujimori empezaron a llegar a las instalaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en Lince. Como han hecho en varios momentos claves en su larga búsqueda de justicia, vieron juntos la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medidas provisionales frente a la revalidación del indulto humanitario al condenado exmandatario.

Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes secuestrados y asesinados por el destacamento militar Colina, expresó cómo se han sentido tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que por mayoría decidió liberar a Fujimori sin haber cumplido los 25 años de prisión a los que fue sentenciado por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.

“Durante 30 años venimos luchando de forma permanente para que se haga justicia, frente a un Estado que es indiferente, que no es capaz de garantizar nuestros derechos”, dijo con voz entrecortada por la indignación.

Detrás de ella, respaldándola, estaban los familiares de los estudiantes desaparecidos Ernesto Castillo Páez, Martín Roca y Kenneth Anzualdo; de la periodista asesinada Melissa Alfaro y el periodista desaparecido Pedro Yauri; de los dirigentes Saúl Cantoral y Pedro Huilca.

“Cuando se obtuvo la condena de Fujimori no solamente los familiares de Cantuta y Barrios Altos sentimos que algo de justicia se había hecho. También familiares de otros casos de violaciones a derechos humanos que ocurrieron durante la dictadura de Fujimori, y que hoy nos acompañan, sintieron que también se había hecho en sus casos”, recalcó.

Por ello, Ortiz solicitó al tribunal supranacional no solo que les conceda las medidas provisionales, sino que vaya más allá, y se pronuncie sobre la validez del indulto que se diera el año 2017. “Cuatro años vivimos en la incertidumbre de pensar que algún tribunal de justicia o constitucional vaya a regalarle el indulto a Fujimori sin que le corresponda”, exhortó.

Sustentación

Antes, los abogados de cuatro organizaciones de derechos humanos que representan a las víctimas sustentaron el pedido.

Recordaron que en el 2018 la Corte IDH reconoció que el indulto afectaba el derecho a las víctimas y encargó al Estado verificar si cumplía con la normatividad peruana sobre el indulto humanitario. Remarcaron que un juez anuló la gracia presidencial al haber hallado irregularidades en su otorgamiento, que fue ratificado por la Corte Suprema, y lo que tres magistrados del TC han dejado sin efecto.

Señalaron que ello afecta el derecho a la justicia de las víctimas y el desconocimiento de las sentencias de la Corte IDH sobre Barrios Altos y La Cantuta contra la impunidad.

Asimismo, indicaron que su pedido cumple con el requisito de urgencia, pues Fujimori hubiera salido si el tribunal supranacional no lo hubiera detenido. Aseveran que también se cumple el requisito de extrema gravedad, pues no toma en cuenta los estándares señalados por la Corte en la resolución del 2018 ni se convocó a las víctimas.

Recalcaron, además, que el TC actuó sin transparencia al no haber informado la incorporación del indulto a su agenda.

Finalmente, pidieron a la Corte que resuelva con claridad que el indulto y la gracia otorgadas, así como la decisión del TC, contravienen las sentencias de Barrios Altos y La Cantuta; y por ello ordenen al Estado que se abstenga de disponer la libertad de Fujimori.

Posición tibia

En contraste a las declaraciones de altos funcionarios del Ejecutivo, como el canciller César Landa y el premier Aníbal Torres, cuestionando la legalidad del indulto a Fujimori, los procuradores públicos se limitaron a explicar las acciones tomadas tras el pedido de la Corte IDH de abstenerse a ejecutar el fallo del TC.

Pidió al tribunal que tome en consideración que Fujimori tiene impedimento de salida del país en el proceso por el crimen de seis campesinos de Pativilca. Y le recordó que en la resolución del 2018 también le ordenó al Estado analizar si en el ordenamiento jurídico existe una figura que, sin ser un perdón, proteja la vida de Fujimori.

Y recién ante la insistencia de una magistrada de la Corte sobre la posición del Estado, el procurador Carlos Reaño tibiamente dijo que los elementos están dados para que se otorguen las medidas provisionales y que Perú acatará lo que decidan.

CIDH: fallo del TC es mensaje de impunidad

El vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Stuardo Ralón, sostuvo que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el indulto no cumple con las disposiciones establecidas por la Corte IDH el 2018.

Agregó que no se han analizado los serios cuestionamientos que estableció la Corte sobre los requisitos internos para el indulto humanitario. Señaló que en el expediente del TC no constan las resoluciones supremas ni datos sobre la salud actual de Fujimori.

Ralón advirtió que con ello el TC no solo desacata la resolución de la Corte IDH, sino que manda un mensaje de impunidad de las graves violaciones de derechos humanos.