Antonio Maldonado: “Donde sea vencido el ejercicio de la libertad de expresión, ahí se acabó la democracia”

El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado resalta la vulneración a los estándares internacionales que trae consigo el proyecto de ley que reactivó Podemos Perú al representar una amenaza al periodismo. El especialista enfatiza en la importancia de esta profesión en la consolidación de la democracia en el Perú y el mundo.

La libertad de expresión se ha visto atacada y el tema se ha vuelto coyuntural por el caso Plata como cancha, ¿qué reflexión le merece el escenario?

Observamos un escenario de mayores restricciones y ataques al ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión y del pensamiento de la región, no solo del Perú. Contrariamente en la región tenemos normativamente hablando, y como compromiso de los estados, un ámbito de protección del ejercicio de los derechos de más alto nivel. Después de haber vivido el conflicto armado interno donde los periodistas fueron atacados por ejercer su profesión, después de haberse recuperado la democracia, en el Perú ha habido una restricción sinuosa, oculta, y a veces no tan oculta, al ejercicio de la libertad de expresión.

En el Congreso se ha revivido un proyecto de ley que plantea endurecer las penas para la difamación agravada, ¿qué opina de ello?

Nuestro Congreso continúa proponiendo iniciativas legislativas que violan el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo hace sobre la vulneración de una regla muy básica, en este caso en el artículo 29 en su literal B se establece que cualquier restricción de un derecho fundamental debe ser pensada de conformidad con las obligaciones internacionales y aplicando el principio pro persona (pro homine), que establece que toda restricción sobre los derechos debe valorarse de manera restringida. Observamos que este proyecto lo vulnera al hacer una interpretación arbitraria y antojadiza de la restricción. Propone una reforma que vulnerará más este derecho.

¿Deberían modificarse las penas actuales de este delito?

Eso es un tema que debiera discutir el Congreso. Lo que nos ha mostrado es que en el Perú se ha injuriado impunemente. Los que hemos sufrido ataques por el ejercicio de nuestras funciones públicas, o los que han sido atacados en su honor vilmente por instrumento de organizaciones criminales, jamás han tenido protección. La ley no ha servido para prevenir, para lo que sí ha servido es para restringir el derecho. La norma se da en un contexto histórico, entonces si yo fuese legislador tendría que dar un contexto histórico mínimo de tres décadas y ver cómo los derechos de libertad de expresión y pensamiento deben ser protegidos y cómo lo abusos que se cometan en su nombre deben ser castigados. Esta pregunta no ha sido respondida por el derecho penal.

Este proyecto fue elaborado por Podemos, cuyo líder es investigado. ¿Qué posición debe tomar el Congreso?

Mínimamente, este proyecto debe ser archivado y debería recibir una señal contundente de la ciudadanía en el sentido de que cosas como estas son inaceptables. No hay forma de siquiera analizar jurídicamente el proyecto porque no es más que un escudo de impunidad de sujetos dueños de partidos.

Antes se han presentado este tipo de iniciativas en el Legislativo, ¿es una tendencia?

Podemos decir a esta altura que hay un patrón de impunidad, un pacto de silencio entre los partidos políticos que son protagonistas de un Congreso. Utilizan medios que no solo son irregulares, sino delictivos, por eso están investigados muchos por crimen organizado. Por eso hay este tipo de proyectos de ley que son contrarios al papel de un Congreso en el contexto de una sociedad democrática.

Desde su perspectiva de exprocurador, ¿qué rol tiene el periodismo de investigación?

Con base en mi experiencia como procurador para los casos Fujimori-Montesinos y como funcionario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, que el papel del periodismo de investigación es fundamental en sociedades que han sufrido regímenes autoritarios, de grave violencia, sencillamente porque pasado ello lo que queda son instituciones de justicia destruidas, y en el caso del Perú un Ministerio Público seriamente neutralizado. Entonces yo como procurador encontré que la información más valiosa la proporcionaban las unidades de periodismo de investigación como de Ángel Páez en La República. Es con base en esa información que nos permitió presentar argumentos suficientes como en el caso de la extradición de Fujimori. Es el periodismo de investigación lo que ha permitido que estos casos no queden en la impunidad.

Lo que no se debate en el Congreso es la propuesta para despenalizar la difamación. ¿Esto refuerza la tendencia?

Sin duda, es un indicio. Es muy claro que el Congreso está motivado por propósitos subalternos contrarios a la democracia que deben ser denunciados, enfrentados y vencidos. Este proyecto (de Podemos) está condenado al fracaso porque va a ser discutido y cuestionado en el ámbito del sistema interamericano. El Congreso está llevando con su desubicada e impertinente iniciativa a una condena al Estado peruano por violar la Comisión Americana, pero además los periodistas también reclamarían por daños y perjuicios que deben ser pagados por quien causó esta vulneración. Por tanto, esta norma carece de valor alguno para la democracia, altamente contraproducente.

¿Qué deberían hacer las instituciones del Estado?

Yo esperaría que instituciones como la Defensoría del Pueblo tengan un papel mucho más protagónico. El tema es de su competencia como institución nacional de derechos humanos. El valor del periodismo de investigación es innegable y debe ser altamente protegido. No puede ser atacado de ninguna manera. Ahí donde sea vencido el ejercicio de la libertad de expresión y pensamiento por esas fuerzas oscuras, ahí se acabó la democracia.