Aníbal Torres y Daniel Soria: el nuevo conflicto que merma la imagen del Ejecutivo

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, ha anunciado que va a evaluar el nombramiento del procurador general del Estado, Daniel Soria. Según mencionó en una entrevista para La República, esto se debe a que Soria no cumpliría los requisitos para estar en el cargo. Estas declaraciones han causado polémica debido a la coyuntura actual, y especialistas han señalado que el accionar de Torres podría verse como una “represalia”.

El pasado 18 de diciembre del 2021, Daniel Soria denunció ante el Ministerio Público al presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Esto, en relación a las reuniones que mantuvo en Breña con la empresaria Karelim López, quien es representante del consorcio Puente Tarata III, que ganó la licitación de una obra de Provías.

En el documento, el procurador general del Estado solicita a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que una vez iniciada la investigación en contra del jefe de Estado, no la suspenda, pues su investidura no evita que sea indagado.

Denuncia del procurador contra Pedro Castillo

El martes 4 de enero, Ávalos abrió una investigación contra Castillo a razón de lo presentado por Soria, sin embargo, de inmediato anunció que la suspendía hasta que el mandatario culmine su gestión, basándose en el artículo 117 de la Constitución.

Pero Soria pretende insistir con el tema y declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, al cual fue citado, que recurriría al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional para que ‘obliguen’ a la fiscal de la Nación a reinterpretar dicho artículo y continuar con la pesquisa, pese a que la decisión de Ávalos es inapelable.

No sería la primera vez que la titular de la Fiscalía toma una medida semejante, ya que procedió de la misma forma con el expresidente Martín Vizcarra y su vinculación con el caso Richard Swing. Soria, en aquel momento, no reclamó.

Como informó este medio, el nombramiento de Daniel Soria como procurador general del Estado se dio durante el Gobierno de Vizcarra Cornejo. A través de una resolución en el diario oficial El Peruano, el 1 de febrero del 2020 asumió el cargo sin que haya participado de un concurso público para ello.

En su currículum, Soria no señaló haber ejercido la defensa penal, solo consignó su experiencia laboral como profesor asociado de la Universidad Católica del Perú y su paso por la Defensoría del Pueblo entre 1998 y el 2002. No obstante, el Gobierno de Vizcarra le dio luz verde para su permanencia.

Aníbal Torres podría destituir a Daniel Soria del cargo

Aníbal Torres dijo que la revisión al expediente del nombramiento del procurador se da porque se cuestiona que este no tiene experiencia en la defensa del Estado y que, pese a los comentarios, él actúa “con base en los hechos probados y a la ley”.

“Si no cumple con los requisitos, se dispondrá conforme a ley y no será un hecho aislado. En toda la administración pública se han designado funcionarios y servidores que no han cumplido con los requisitos legales”, declaró en entrevista para La República.

Debido a que la intención de evaluar su permanencia en el cargo se da posterior a la insistencia de Soria por investigar al presidente, especialistas consideraron que esto no sería oportuno.

“Creo que es inoportuno el comentario, sobre todo por la coyuntura. Hacia afuera se podría ver como una suerte de respuesta frente a una conducta con la que no está de acuerdo el Ministerio de Justicia (...). Si requiere algún cambio, tendrían que ser en circunstancias distintas que no generen ningún tipo de controversia o malos entendidos”, explicó la abogada Liliana Calderón.

El penalista Luis Lama, a su vez, comentó que el ministro de Justicia, “como defensor de la democracia”, debería apoyar las gestiones del procurador, ya que estas se desarrollan acorde a sus funciones.

A su vez, 70 procuradores de todo el país han mostrado su respaldo a Daniel Soria, mientras que la Defensoría del Pueblo ha emitido un comunicado en el que manifiesta que considera que si se remueve del cargo al procurador, se “vulneraría los principios constitucionales de independencia del sistema de justicia y de autonomía funcional”.

Incluso la primera ministra, Mirtha Vásquez, aseguró que no existe intenciones desde el Ejecutivo de “actuar de manera represiva contra ninguna autoridad”. En tanto, el ministro de Justicia no ha vuelto a pronunciarse sobre el tema.