El Informante: No al cambio de posta, por Ricardo Uceda

La discusión sobre filtraciones a la prensa de declaraciones de imputados que aseguran haber coimeado a Martín Vizcarra tiene como un referente la autoría de esta infidencia. Existe una sospecha fuerte −como se pide para las prisiones preventivas− de que fue realizada por el Ministerio Público, según notas de César Romero en este diario. El domingo, el fiscal a cargo del caso, Germán Juárez Atoche, negó rotundamente haberla cometido.

La cuestión trae otras presunciones, una de ellas que los fiscales participaron de un contubernio para vacar al entonces presidente. Que sería más grave si la destitución fue un golpe de Estado, como sostienen muchos. Un tercer punto es si se fabricaron pruebas para poner a Vizcarra en el trance de ser vacado. En otras palabras: ¿el Congreso se cargó a un inocente?

En esta oportunidad abordaremos solo el primer aspecto pues el debate sobre si hubo o no golpe de Estado plantea otras disquisiciones, y, a estas alturas, mediando una intrascendente resolución del Tribunal Constitucional, el asunto circula en los terrenos de la retórica. En cuanto a la presunta culpabilidad de Vizcarra, dejemos que cada quien mantenga sus preferencias. Aún falta la corroboración de lo que dijeron los aspirantes a una colaboración eficaz. Cuando ello se produzca no habrá duda de quién fue realmente el sucesor de PPK.

Según la Corte IDH

La afectación de la reserva del proceso es ilegal y, de ser confirmada, acarrea sanciones para un magistrado. En 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a dos Estados por divulgar conversaciones telefónicas en poder de las autoridades. Fueron utilizadas para crear un clima dañino contra personas que serían acusadas. El demandante, en el primer caso, fue el abogado Santander Tristán Donoso. El Procurador General de Panamá, José Antonio Sossa, filtró una conversación suya que había sido grabada por la policía. La justicia del país ignoró la denuncia y más bien le impuso al reclamante una multa por haberse expresado en contra de Sossa. La sentencia de la Corte Interamericana vino a revertir las cosas.

En el segundo caso, Brasil fue sentenciado porque la policía entregó a un canal de televisión grabaciones que hizo a unos agricultores de Paraná contra quienes presentaría cargos. El Estado no había investigado la filtración, lo que no impidió la condena porque era su responsabilidad hacerlo. Ambas resoluciones indican violación de garantías judiciales. La reserva, que no es un valor en sí misma, tiene como fundamento la defensa de los derechos de los investigados. Por otra parte, propicia una mejor reconstrucción de “la verdad”.

No una sino muchas…

La pregunta que ahora debemos hacernos, para el caso peruano, es si la violación de la reserva solo ocurrió en la investigación a Vizcarra o es más bien parte de la normalidad. Lo cierto es que la filtración es la manera en la que los operadores judiciales, ante la vista y paciencia de sus autoridades, vienen informando sobre los casos de corrupción desde hace bastante tiempo. La práctica condiciona a la opinión pública en favor de sus posiciones.

Así, el Equipo Especial Lava Jato es sospechoso de haber abastecido a la prensa durante los procesos a los Humala, a Keiko Fujimori, a Pedro Pablo Kuczynski, a Alan García, en forma coincidente con sus actuaciones judiciales, y según sus preferencias periodísticas. A estas alturas, en las redacciones existe un mapa bastante desarrollado de quién filtra a quién. Antes de la llegada de Rafael Vela a este grupo también hubo filtraciones sin mayor escándalo, pero luego se hicieron desmesuradas y ocasionalmente en tiempo real con las manifestaciones.

Ni una investigación

Los procesos contra Los Cuellos Blancos también fueron un festín para los medios −más para unos que otros− y no hubo malestar social. Como es lógico, el pacto implícito, perverso, entre el Ministerio Público y los medios, desnaturaliza los procesos. Es de suponer que cualquiera de los imputados, con pruebas en la mano, podría obtener fallos similares en la Corte Interamericana.

La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos −su despacho también es sospechoso de filtrar materiales propicios−, no puede exhibir ninguna investigación de este proceso tan perturbador. La Junta Nacional de Justicia tampoco muestra mayor interés. Se necesita saber qué pasó y, alternativamente, un mecanismo que permita a la opinión pública estar informada de procesos de enorme importancia judicial y política. Lo contrario sería tender un manto de secretismo sobre investigaciones que demoran varios años. Siempre habrá filtraciones, pero no debe permitirse que desborden las garantías judiciales.

¿Cambio de posta?

No es una buena idea pedir ahora mismo la cabeza de los fiscales que tienen a su cargo la investigación a Vizcarra. Se podría tomar como una búsqueda de impunidad. Transmitiría el imborrable mensaje de que la Fiscal de la Nación, cuya imparcialidad ya es dudosa, desea favorecerlo, y que reacciona solo cuando se afectaron sus garantías. Desde aquí más de una vez hemos criticado al Equipo Especial, incluso cuando le disputó el caso Vizcarra al subsistema anticorrupción, que alegaba competencia. Pero el conflicto ya fue zanjado por el fiscal supremo Pablo Sánchez y solo queda esperar una actuación profesional de Germán Juárez. En cuanto a la prensa, ¿quién podría tirar la primera piedra? Sobre todo porque las filtraciones son bienvenidas en tanto contengan materias de interés público. Pueden difundirse protegiendo a la fuente y previa corroboración.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.