Los cuestionamientos a miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

El último viernes se instaló la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, luego de casi tres meses de entrar en funciones la entidad legislativa, principalmente por la emergencia sanitaria debido a la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

Este grupo de trabajo parlamentario es clave en el funcionamiento de la lucha anticorrupción, por ser la encargada de tramitar las denuncias constitucionales contra altos funcionarios como a sus mismos colegas, los legisladores, así como al presidente de la República, los ministros, magistrados del Tribunal Constitucional, fiscales y jueces supremos, entre otros.

Estos personajes, que presuntamente sean responsables de algún ilícito, no pueden ser investigados sin haber pasado por el procedimiento del antejuicio político, de exclusividad del Parlamento, en el caso de los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Por ende, los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tendrán una ardua labor en la lucha contra la corrupción y, según indicaron ciertos parlamentarios, para evitar más casos de “blindajes”. Este grupo será el primer filtro para que las denuncias analizadas se deriven a la Comisión Permanente, y luego al Pleno. No obstante, algunos de los integrantes han sido denunciados o vinculados a ciertos personajes imputados por delitos de corrupción.

La agrupación depende de la Comisión Permanente que, en su primera y única decisión hasta el momento, decidió la conformación de esta con 19 congresistas, los cuales son:

• Acción Popular: Luis Roel Alva (presidente), Otto Guibovich Arteaga, Carlos Pérez Ochoa y Jorge Vásquez Becerra.
• Alianza para el Progreso: Luis Valdez Farías (vicepresidente), Omar Chehade Moya y otro congresista que está por acreditarse.
• Frente Popular Agrícola del Perú: María Retamozo Lezama y Richard Rubio Gariza.
• Fuerza Popular: Martha Chávez Cossío y Carlos Mesía Ramírez.
• Unión por el Perú: José Vega Antonio y Edgar Alarcón Tejada.
• Podemos Perú: Carlos Almerí Veramendi y María Gallardo Becerra.
• Somos Perú: Guillermo Aliaga Pajares (secretario) y Felicita Tocto Guerrero.
• Frente Amplio: José Ancalle Gutiérrez.
• Partido Morado: Gino Costa Santolalla.

Cuestionamientos a integrantes de la Subcomisión

Investigaciones en contra de los mismos integrantes

La bancada con más miembros en la Subcomisión es Acción Popular (AP), de la que dos de sus representantes fueron investigados por el Ministerio Público. Uno de ellos es Otto Guibovich Arteaga, ex comandante general del Ejército.

El Comercio difundió que también es investigado de forma preliminar desde setiembre de 2019 por los presuntos delitos de negociación incompatible y colusión en agravio del Estado, relacionada a la compra frustrada de tanques de combate.

El caso está a cargo de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios quien busca determinar si Guibovich tuvo responsabilidad en una supuesta concertación para beneficiar a la empresa estatal china North Industries Corporation con la adquisición de cinco tanques de combate MBT-200, ocurrido en el 2009.

Al ser consultado por La República, Otto Guibovich sostuvo que en este caso: “El Ministerio Público puede hacer iniciado una preliminar. Eso no significa que yo sea responsable o pueda agachar la cabeza por algo. Le recuerdo que nunca se compró nada. Además, un comandante general no compra nada, lo hacen cinco niveles abajo”.

Además, según el medio local, en febrero de este año la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, de Áncash, investigaba al acciopopulista sobre la presunta omisión de información en la declaración jurada de su hoja de vida, respecto a sus ingresos provenientes del sector privado. El caso fue derivado por el Jurado Electoral Especial de Huaraz.

“Fue parte de ataques de campaña en mi región sin ningún sustento. El único ingreso privado del 2018, por clases a la universidad fueron declaradas. Todo en orden todo transparente. No ahora, sino siempre, así fui formado. ¿Me impedirán votar en la denuncia contra jueces u otros? De ninguna manera. Nunca le tomé un sol a nadie. Fui muy drástico y por ello me gané enemigos, pero no puedo cambiar y seguiré siéndolo", enfatizó el congresista

El otro integrante de AP con indagaciones de presunta corrupción en su contra es Jorge Vásquez Becerra. Según el Ministerio Público, cuando se desempeñaba como director ejecutivo del Plan Meriss Inka del Gobierno Regional del Cusco, en 2011, habría avalado una compra presuntamente sobrevalorada de combustible al grifo San Martín SAC, de propiedad de César Flórez García, hermano del exalcalde del Cusco, Luis Flórez García.

“(…) Se presume que entre el funcionario público denunciado Jorge Vásquez Becerra, quien intervino de forma directa en la etapa de ejecución del proceso de Adjudicación de Menor Cuantía N.° 16-2011-GR-Cusco, el representante de la empresa proveedora Grifo San Martín SAC, César Augusto Florez García, hubo concertación con el interesado antes referido, en la que defraudaron al Estado…”, se lee en la formalización de la investigación en setiembre del 2019 a cargo de la fiscal Anticorrupción, Gloria Soto.

Al ser consultado por este medio, el parlamentario Vásquez Becerra rechazó cualquier acto de corrupción resaltando, además, que los acuerdos y posteriores adendas fueron asesoradas legalmente por el mismo Gobierno regional, basándose en la Ley de Contrataciones del Estado. Agregó que el Ministerio Público llegará a esta conclisión y posteriormente archivará el caso.

“Rechazo enfáticamente cualquier presunción de alguna supuesta concertación con algún interesado, pues ello jamás ha sucedido ni en el contrato en cuestión ni a lo largo de mi trayectoria como funcionario público por más de 28 años. (...) Mi actuación como funcionario público siempre ha sido conforme a ley y en consonancia además con las opiniones legales y técnicas de las áreas correspondientes del Proyecto Plan Meriss Cusco. Todo ello esclarece la imputación del Ministerio Público y por tanto corresponderá la pronta conclusión de la investigación y posterior archivo”, escribió Jorge Vásquez como respuesta a la presente nota. Pecisó además que el supuesto perjuicio al Estado, que imputa la Fiscalía, sería de S/ 2.480.

Cercanía con César Hinostroza

Por Unión Por el Perú (UPP) uno de los representantes es José Vega, quien participó de un audio con el suspendido juez César Hinostroza, imputado como presunto cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto, que fue difundido en el 2018.

José Vega era el presidente de esta organización política, con la que postulaba en ese entonces Esther Capuñay a la Alcaldía de Lima, y llamaba “hermano” a Hinostroza Parichi. En el diálogo, el ahora congresista le llama al entonces vocal supremo avisándole que se encuentra por el Palacio de Justicia y que se dirigía a visitarlo.

Luego de esto, César Hinostroza llama al fiscal Arce, quien era representante del Ministerio Público ante el JNE, para pedirle que reciba “de vida o muerte” a Víctor Soto, personero legal de la organización política. En contexto estaba la denuncia de Lima Va contra UPP porque este último utilizaba el logo del primero en la campaña electoral regional y municipal. La entidad electoral resolvió a favor del partido. José Vega sostuvo que la reunión nunca se efectuó.

Otro dato en cuestión contra José Vega es que en el 2006 también fue congresista por UPP, en alianza con Partido Nacionalista Peruano, y en el 2010 presidió la Comisión de Fiscalización, que investigó el caso Comunicore, en contra del entonces alcalde Luis Castañeda Lossio, ahora con arresto domiciliario por presunta corrupción.

Tiempo después, el partido que lideraba firmó una alianza con Solidaridad Nacional, fundado por el burgomaestre investigado. No obstante, Vega Antonio rechazó algún conflicto de interés y se quedó al frente del grupo parlamentario.

Al ser consultado por La República sobre su actuación frente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y si analizó dar un paso al costado, para no levantar suspicacias en la población, reiteró “Unión por el Perú plantea la pena de muerte para los presidentes y altos funcionarios ladrones, porque no tenemos rabo de paja”.

Investigaciones por corrupción

El otro integrante de este grupo de trabajo es Edgar Alarcón, quien ahora lidera la Comisión de Fiscalización. En el 2017 fue destituido del cargo de Contralor de la República por cuatro faltas graves a la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la entidad supervisora.

Las razones para derogarlo fue que cuando era vicecontralor compró 90 vehículos para un negocio de compra-venta, por este hecho el Ministerio Público, Zoraida Ávalos, formalizó una investigación preparatoria contra el ahora congresista por el presunto delito de corrupción de funcionarios en la modalidad de enriquecimiento ilícito, tras la detección del desbalance patrimonial por casi tres millones de soles.

El segundo punto es porque Alarcón sugirió al auditor que retire la denuncia que presentó ante el Congreso por la compra de vehículos. Otra motivo es que habría favorecido a Marcela Mejía Franco, su pareja sentimental, quien fue tesorera de la Contraloría, con una liquidación 127.000 soles, y luego fue contratada por la Oficina de Control Institucional en la Municipalidad de La Molina.

El último punto fue por omitir la presentación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas. Además, la Fiscalía abrió hasta seis investigaciones en contra de Alarcón. Al respecto, el representante de UPP dijo: “Si yo he ingresado al Congreso es para trabajar. Los temas que tengo pendiente, los procesos de investigación, están en proceso. Estoy seguro de que el tiempo me dará la razón".

Caso de Luciana León y Velásquez Quesquén

El caso de la aprista Luciana León es uno de los pendientes de revisión en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, investigada por presuntamente ser el brazo legal de la organización criminal Los Intocables Ediles, mientras era congresista.

Otra investigación relacionada con el aprismo es la de Javier Velásquez Quesquén, quien, según la Fiscalía, sería parte de la asociación ilícita Los Temerarios del Crimen. Aunque no haya representación del Partido Aprista Peruano (Apra), en el actual Congreso, uno de los parlamentarios tiene vínculos con este. Se trata de Carlos Mesía, quien militó muchos años en este partido.

El abogado ahora representa a Fuerza Popular y es recordado por decir a la Comisión de Constitución del anterior periodo legislativo que “al pueblo no se le hace caso” porque "no sabe qué es el bien común”. Calificó la disolución del 30 de setiembre como un acto inconstitucional.

Caso de Héctor Becerril

Otra representante del fujimorismo en la Subcomisión es Martha Chávez, una de las abogadas de Fuerza Popular y defensora de la dictadura de Alberto Fujimori. Un caso relacionado a este grupo político es el del exparlamentario Héctor Becerril.

Es investigado por la Fiscalía desde mayo de 2019 por su presunta participación en la organización criminal Los Wachiturros de Tumán, que buscaba apropiarse del patrimonio de la Empresa Agroindustrial Tumán. Esta asociación habría estado encabezada por Edwin Oviedo, exdirigente deportivo.

Además, otro caso en contra de Héctor Becerril por presuntamente haber recibido S/ 74.000 en materiales de construcción por parte de la empresaria Mirtha Gonzales Yep. También está pendiente la investigaciones contra el fujimorista Moisés Mamani, acusado de tocamientos indebidos, quien se hizo conocido por grabar los ‘Kenji videos’, que provocó la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

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