Gestión de Luis Castañeda pagó más de S/47 millones a consorcio por semáforos inoperativos
Contraloría detectó millonarias adquisiciones hechas por la Municipalidad de Lima por equipos en mal estado y personal sin experiencia técnica. Consorcio no cumplió con plazos para completar la obra.
Compras millonarias. De acuerdo a un informe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría General de la República, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) pagó más de 47 millones de soles, de un total de S/118,628,151.10, durante la gestión del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.
Esto por un proyecto de semaforización inoperativo hasta la fecha. La millonaria compra se hizo al consorcio Gestión Movilidad Lima, integrado además por la empresa española Indra, la austriaca Kapsch Trafficcom Transportation y el grupo peruano Yachay Telecomunicaciones.
En efecto, según El Comercio el acuerdo entre la MML y el consorcio se debieron instalar un total de 289 semáforos inteligentes (dando un promedio de 4 a 5 por intersección) en sectores vehiculares y peatonales en la capital entre junio de 2018 y febrero 2019.
No obstante, de acuerdo al reporte de OCI estos plazos no se cumplieron pues los primeros resultados 1, 2, 3 y 4 del total de 7 tenían que finalizarse en noviembre del 2018 pero hasta la fecha dicho proyecto solo lleva el 89.53%, según lo señala el informe.
semáforos
Por otro lado, OCI informa que la MML autorizó el pago de S/65,245,482.30, donde $47,451,259.63 se dieron en la gestión de Castañeda Lossio y otros S/17,794,22.67 en la administración de Jorge Muñoz sin importar “los retrasos injustificados en los que incurrió el contratista”.
Dichas demoras en la entrega de los semáforos fueron de 31 días y otros 159 días por la instalación poniendo en riesgo de un cobro a la entidad de 11 millones de soles.
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Deficiencias e inexperiencia
Asimismo, para ganar la buena pro, el consorcio Gestión Movilidad Lima, aseguró en el contrato a la MML que el personal que realizaría la instalación contaba con “la experiencia adecuada” pero según comunica OCI el jefe encargado de la obra, así como especialistas no contaban con ingresos al país.
Del mismo modo, se descubrió que el contratista reemplazó a sus trabajadores con reemplazos que no acreditaban “el cumplimiento de los requisitos mínimos: perfil, experiencia, colegiatura y habilitación”.
Gestión de Luis Castañeda pagó más de S/47 millones a consorcio por semáforos inoperativos
Otro de los problemas que detectó la Contraloría es que se hallaron semáforos peatonales, en al menos siete intersecciones en Lima, que no funcionaban. Además, de contadores no operativos en 41 lugares donde debían estar instalados.
Tampoco había cámaras domo y las puestas no se activaron en 4 intersecciones. Inexistencia de sensores Bluetooth y exposición de cables de suministros de energía en 27 intersecciones.
Por último, el informe concluye que tanto la gestión de Luis Castañeda Lossio y la de Jorge Muñoz asignaron para la supervisión de dicha obra a personal que no tenía el perfil mínimo requerido y que hasta la fecha no se ha convocado un proceso de selección para una supervisión externa.
Prisión preventiva
Cabe recordar que Luis Castañeda Lossio fue incluido en el pedido de prisión preventiva de 36 meses junto a José Luna Gálvez, excongresista y fundador del partido Podemos Perú; y Giselle Zegarra, exgerenta de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, planteado por la Fiscalía al Poder Judicial.
Luis Castañeda tiene impedimento de salida del país. Foto: La República.
La solicitud, a la que tuvo acceso La República fue presentada por la fiscal Milagros Salazar, integrante del Equipo Especial Lava Jato, el último jueves ante el Poder Judicial. En el documento se indica esperar la programación de la fecha para la audiencia en la que se evaluará este pedido, lo más pronto posible.
Actualmente, los tres exfuncionarios cumplen impedimento de salida por el plazo de 18 meses; sin embargo, la representante del Ministerio Público sostuvo que existe peligro de “reintegración de la presunta organización criminal”. Además, sostiene que identificó acciones de resistencia a la autoridad.