Trabajadores de la JNJ son investigados por colusión

Miembros envueltos en una investigación por contrataciones de servicios fantasmas entre el 2017 y 2018 en la época del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) presidido por Guido Aguila, continúan ejerciendo funciones en la recién nacida Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Se trata de Abel Santibáñez Collado, conocido docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; y Antonieta Urbina Mancilla. Ambos ocuparon los cargos de director general del CNM y la jefatura de Presupuesto, respectivamente, de la institución que fue desactivada tras el escándalo que dio origen al caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Tanto Santibáñez y Urbina mantienen sus puestos en la JNJ como Jefe de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional el primero, y cabeza de la Oficina de Presupuesto e Inversiones la última. Los funcionarios, además, son investigados desde julio del 2018 por los delitos de colusión, peculado y malversación de fondos.

Johnny Chilicahua Villacorta, exencargado de Seguridad en el CNM, también está incluido en las indagaciones.

¿Por qué se les investiga? El tercer despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción de Lima tiene una respuesta en el que existe un perjuicio al Estado por S/1’261,768.

Seminarios y conversatorios

Acorde con una última disposición a la que accedió La República y que hizo el fiscal Reynaldo Abia el 4 de diciembre del 2019, se amplían y precisan los hechos contra un total de 18 implicados en la gestión de Guido Aguila en el CNM, incluyendo a Santibáñez y otros exalumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El Ministerio Público maneja la siguiente hipótesis: Santibáñez, en calidad de autor, habría cometido junto con Antonieta Urbina, José Sotelo Torpoco, jefe de Oficina de Administración y Finanzas del ex CNM, y Johnny Chilicahua Villacorta “contrataciones irregulares en beneficio de los propios funcionarios y/o personas jurídicas, por prestaciones que no se ejecutaron durante la gestión del denunciado”.

Las primeras pistas del caso fueron desembolsos irregulares que, en principio, halló la Contraloría General de la República emitiendo dos informes al respecto en 2019 e iniciando una investigación aparte, que terminó acumulándose a la del fiscal Reynaldo Abia.

Uno de estos informes de auditoría concluyó lo siguiente: entre 2016, 2017 y 2018, el CNM emitió 14 órdenes de servicios por S/101 940, “para la organización de seminarios y conversatorios vinculados a las ‘Funciones Constitucionales del CNM’, cuyo ponente sería Guido Aguila Grados”.

No obstante, acorde con la información solicitada a entidades públicas, estas desmintieron que se hayan realizado ciertas actividades en las que se utilizaron miles de soles del Estado mediante el CNM y contrataciones con empresas del entorno de Santibáñez.

En el caso de los cursos denominados “Análisis de problemas y toma de decisiones”y “Curso de integración de equipos de alto desempeño”, del 24 y 25 de agosto del 2017, estas fueron encargados a la empresa MATFRA S.A.C. Sin embargo, cuando se preguntó al CNM si los 31 trabajadores de la entidad asistieron a estas capacitaciones, 24 de ellos confirmaron no haber asistido a los eventos.

Este y otros ejemplos grafican, para el Ministerio Público, la complejidad del caso, pues Santibáñez autorizó junto con otros exfuncionarios las órdenes de servicios y desembolsos por actos que no se concretaron.

Fuentes consultadas por esta publicación afirmaron, a su vez, que es altamente probable que la investigación en etapa preliminar dé el salto a la fase preparatoria, donde las medidas a imponer podrían ser graves para los imputados.

Círculo universitario

Las actividades de Santibáñez como docente le permitieron entablar relaciones con sus estudiantes en las aulas de la Facultad de Letras de la UNMSM. De allí habrían sido beneficiados Jordani Vidarte Rojas, Led Mariños Meléndez (S/87,880), Jherson García Danós (S/50,985) y Midchel Meza Carrión (S/33,000), sus exalumnos y ahora coinvestigados en el caso que lleva el fiscal Abia.

Vidarte Rojas fue, sin embargo, el de más éxito entre el 2017 y 2018. A inicios de aquel año desempeñó el cargo de Jefe encargado de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del CNM”, apenas cuando cursaba el noveno ciclo de Comunicación Social en la UNMSM.

Un mes después de conseguido el puesto, en mayo del 2017 y hasta el 18 de abril del 2018, Vidarte ganó en total S/78,500.

Su madre, Odeli Rojas Rojas, también se vio beneficiada con contratos con el CNM por S/307,830 a través de la empresa Gestión Comunicativa Responsable SAC, con pagos que se dieron desde el 5 de julio del 2017 (apenas un mes de haber sido creada) hasta el 12 de marzo del 2018. La persona jurídica está suspendida temporalmente, según últimos registros de SUNAT.

A través de la modalidad de órdenes de servicios se habría beneficiado también a Francisco Montes Hurtado, Roberto Pérez Bravo, Alejandro Aponte Fachín y Luis Castro Mendiola, especialistas en temas de protocolo y egresados de otras universidades.

No obstante, la participación de empresas también fue crucial en la presunta salida ilegal de dinero de las arcas estatales. Es por ello que también se encuentran comprendidos en la investigación fiscal Estela Rolando Aurelio, Sebastián Llanos Astete, Oscar Larenas Jiménez, Carlos Tenicela Ninamango y Renzo Facundo Ramírez.

Todos son, respectivamente, los representantes legales de Rauxden SAC, Matfra SAC, Marka Responsable EIRL, Stato SAC y Faitcorp SAC. Estas, junto con Gestión Comunicativa Responsable SAC, cobraron a expensas del Estado alrededor de S/756,463.

Las personas jurídicas Episteme SRL y La Pepa Comunicaciones SAC también están comprendidas en la carpeta fiscal..

Es por esta razón que las 18 personas naturales investigadas formarían parte de la telaraña de cómplices primarios del caso. La Fiscalía, atendiendo esta hipótesis, ha postulado de forma alternativa el delito de negociación incompatible contra todos ellos.

Réplica y acciones

Hasta la fecha, el despacho del fiscal Reynaldo Abia ha solicitado un informe detallado al Rectorado de la UNMSM sobre el “docente Abel Fernando Santibáñez Collado quien era Asociado en tiempo parcial en la Escuela de Comunicación Organizacional”, así como toda la documentación “que sustente su contratación” y la lista de alumnos en el periodo 2015-2018.

También se han programado interrogatorios a testigos e investigados desde diciembre del 2019 y el presente mes. El pedido de levantamiento de secreto de las comunicaciones de todos los implicados del periodo 2016 al 2018 también es otra medida dispuesta por la Fiscalía.

Cabe precisar que la denuncia que motivó el caso de la Fiscalía fue interpuesta por el exconsejero Baltazar Morales Parraguez en 2018. Desde entonces la investigación continúa en etapa preliminar.

Abel Santibáñez, consultado por el tema, respondió que a la fecha aún no ha sido citado por el Ministerio Público y que este investiga diversos hechos “cuando era director general del CNM, y yo era responsable de todo”.

Según refirió, solo hay tres hechos en su contra como el pago irregular de movilidad a trabajadores del CNM, un seminario “que cambió de fecha” y otro evento en San Marcos “por las personas que cuidaron el evento y parece que el administrador no acudió”.

“Todos tenemos que hacer nuestro descargo en la JNJ a nivel administrativo”, concluyó Santibáñez, pues según indicó también hay otra indagación contra los implicados al interior de la institución.

Acotó además que el presidente de la JNJ, Aldo Vásquez Ríos, está al tanto de las pesquisas de la Fiscalía. Esta publicación intentó contactarlo, pero no respondió nuestros mensajes y llamadas.