Tribunal Constitucional: alertan que se alista fallo para afectar a Vizcarra

Ya entró en marcha la nueva estrategia para que se declare fundada la contienda competencial contra el cierre del Congreso presentada por el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, ante el Tribunal Constitucional (TC), cuyo pronunciamiento podría darse antes de la elección del 26 de enero.

El objetivo de un sector del ente constitucional -que según fuentes al interior de esa institución, lidera el magistrado Ernesto Blume- es cerrar toda posibilidad a que se logren cuatro votos a favor de la constitucionalidad de la decisión de disolver el Legislativo que tomó el mandatario Martín Vizcarra el 30 de setiembre pasado.

Uno de estos mecanismos habría sido la denuncia contra el juez Eloy Espinosa-Saldaña sobre un supuesto maltrato a la secretaria general del TC, Susana Távara. Algunas voces sembraban el rumor de que podría ser vacado por esta acusación, sin embargo, otras hablan de una amonestación.

“Hay un grupo de gente que parece que no me tiene las mejores ganas de tenernos como magistrado del TC”, dijo el viernes en RPP, remarcando que lo sucedido fue una discusión áspera.

Trascendió que inicialmente este “grupo” habría querido que la denuncia se viera de forma “express”, por eso le notificaron a pesar de estar con licencia médica y le dieron como plazo máximo el miércoles último para dar sus descargos. Sin embargo, para evitar más críticas, dieron marcha atrás y pasaron su caso para el próximo año.

Pero la maniobra habría empezado mucho antes, incluso, de la audiencia del miércoles 4 de este mes. En esa sesión, dos abogados del Congreso y el procurador supranacional, en representación del Ejecutivo, sustentaron sus respectivos fundamentos a favor y en contra de la demanda.

Proyecto de Blume

Como se sabe, el magistrado Carlos Ramos Núñez fue designado ponente de la contienda competencial y, como tal, elaborará el proyecto de sentencia, el cual será debatido por el pleno del TC y sometido a votación.

Sin embargo, no sería el único texto en elaboración. Fuentes al interior del ente constitucional aseguraron a La República que su aún presidente, Ernesto Blume, habría encargado que le preparen una propuesta alternativa, en la que se indicaría que Vizcarra violó la Carta Magna al cerrar el Legislativo.

En resumen, su fundamento desestimaría la posición del Ejecutivo sobre la negación fáctica de la cuestión de confianza cuando los congresistas no postergaron la elección de los miembros del TC como les fue solicitado; es más, indicaría que en la tarde del miércoles la mayoría parlamentaria aprobó expresamente la confianza.

Las fuentes señalan que esta intención no es reciente, pues poco después de haber llegado la contienda competencial, el presidente del TC habría pedido evaluar el expediente a uno de sus asesores de mayor confianza.

Añaden que Blume también habría solicitado al coordinador de la Comisión de Procesos de Inconstitucionalidad y Competenciales, Omar Sar, que elabore una propuesta, tal como hizo en octubre pasado sobre la admisibilidad de esta demanda, aunque públicamente dijo que lo primero sería nombrar al ponente.

Todo esto ante la eventualidad de que el proyecto de Ramos no calce con sus expectativas de pronunciarse por la inconstitucionalidad de la decisión del jefe del Estado, a pesar de que reconocerían la validez del proceso de elecciones parlamentarias complementarias.

Prueba de fuego

¿Y por qué es tan importante esta postura si no se aplicaría para el congreso disuelto? Sencillamente porque podría ser usado por el nuevo Congreso para vacar al presidente Vizcarra. Esta postura contaría con el respaldo de tres magistrados: Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero. Y en contra estarían los otros cuatro, por ello la salida de Espinosa-Saldaña, sea por vacancia o por una eventual renuncia al TC, los colocaría en un empate, el cual tendría que ser dirimido por la nueva presidenta del ente Constitucional, Marianella Ledesma. Esta sería su prueba de fuego.

No se exige pronunciamiento expreso

- El Tribunal Constitucional deberá evaluar si el Parlamento no le dio la confianza fáctica al Ejecutivo, como para que pueda haberlo cerrado el 30 de setiembre.

- Según el artículo 134 de la Constitución, el presidente está facultado a disolver el Legislativo si este no le da la confianza o a ha censurado a su gabinete en dos ocasiones.

- En ninguna parte se indica si esta decisión se debe manifestar de forma expresa o si puede ser tácita. Ese vacío tendrá que ser definido por el TC.