La escuela vigilada, por Ricardo Cuenca

El lunes 12 de octubre, el Ministerio de Educación puso en consulta los nuevos lineamientos de disciplina escolar. El subtítulo del documento anuncia su propósito: la restitución del principio de autoridad docente. El texto devuelve la nota de conducta de 0 a 20, regula suspensiones, matrícula condicional y expulsiones, y prohíbe en las escuelas públicas el maquillaje, los aretes, los tatuajes, las faldas por encima de la rodilla y el cabello pintado. Dos días después, al presentar los textos escolares de 2027, la presidenta Keiko Fujimori resumió el espíritu de la medida: «no solamente habrá recorte de pelo sino también el recorte de la ideología».

La frase, más que un exabrupto, es una confesión. Pone en la misma línea el cabello de los estudiantes y el contenido de los libros, y deja ver que estas medidas no buscan reducir la violencia escolar ni mejorar los aprendizajes. Expresan una antigua idea de escuela, la de un lugar para vigilar, corregir y castigar; un lugar para moldear cierto tipo de persona. No son una política educativa. Son una posición política sobre la educación. 

La norma atribuye el problema a una decisión de 2018, aunque la historia es más larga. Desde la Ley General de Educación de 2003, el Estado sostuvo durante más de dos décadas una misma idea: que la disciplina es formativa y respeta los derechos de los estudiantes, y que la escuela es, antes que nada, el lugar donde se aprende a convivir con las diferencias. Parte de ese camino se recorrió, además, en la primera gestión del actual ministro José Antonio Chang. La exposición de motivos reconoce el propósito legítimo de la norma de 2018, dejar atrás décadas de castigo físico y humillación, y aun así la señala como la primera causa del problema. El cambio parece técnico, pero no lo es. Es el paso de una escuela que enseña a convivir a una que exige obedecer.

Entre enero de 2024 y agosto de 2026, el SíseVe registró 50.633 reportes de violencia escolar. Uno de cada tres no describe agresiones entre estudiantes, sino hechos atribuidos al personal de las escuelas, y 4.563 de esos casos son de violencia sexual. Según la ENLA 2025, el 29% de escolares de segundo de secundaria vio ese año a un docente castigar a un estudiante humillándolo y el 18%,golpeándolo con un objeto. Aun así, la norma define el problema como un asunto de conducta estudiantil y a los adultos les ofrece algo que llama «respeto irrestricto».

No hay, en las treinta y dos páginas de la exposición de motivos, una sola línea que explique por qué el maquillaje o el cabello teñido amenazan la convivencia. Confundir el problema con la apariencia no es un error de diagnóstico. Es un desplazamiento en el que se mira el cuerpo del estudiante para no mirar a la institución. Y no a cualquier estudiante. La regla rige solo en la escuela pública; quien quiera el cabello teñido, sugirió el ministro Chang, puede buscar un colegio privado. El orden tiene destinatarios.

Y tiene, sobre todo, destinatarias. Fuera del discurso presidencial, la norma no dice una palabra sobre el cabello de los varones. Lo que regula recae en lo que se asocia a las mujeres: el maquillaje, los aretes, el largo de la falda. Medir la falda de una adolescente «por razones de seguridad» no es un detalle reglamentario. Es poner su cuerpo bajo vigilancia, el mismo año en que se le quitó la educación sexual que le enseñaba a cuidarlo. 

Michel Foucault mostró que la escuela moderna comparte su arquitectura con el cuartel y la prisión. Las tres operan con las mismas técnicas —la vigilancia constante, el examen, la sanción que corrige hasta la desviación más pequeña— y producen lo mismo: cuerpos dóciles, útiles porque obedecen. La nota de conducta y el registro de cada falta con fecha, hora y firma son dispositivos de ese tipo. La norma dibuja incluso lo que Foucault llamó el continuo carcelario: las faltas más graves pasan del aula a la comisaría y de allí a los centros juveniles.

La disciplina es una condición del aprendizaje. Son acuerdos que se construyen, se explican y se cumplen. El disciplinamiento es otra cosa. Es un proceso de regulación, vigilancia, normalización y producción de conductas mediante mecanismos institucionales de poder. Su resultado no es la convivencia. Es la obediencia. Por eso estas normas no ayudan a convivir; alimentan la ilusión de que castigando desaparecerá el problema. Es, además, una ilusión sin presupuesto. El decreto no demanda recursos adicionales y cuando un estudiante necesite atención psicológica que la escuela no pueda darle, el director entregará a la familia los datos de los servicios del Ministerio de Salud.

En 2021 publiqué un texto titulado La restitución de la autoridad. Acerca de la tarea de enseñar. Sostuve allí que las reformas habían erosionado la autoridad pedagógica al convertir al maestro en un facilitador. Pero la autoridad no se decreta. Hannah Arendt advirtió que la autoridad excluye la coerción. Y es que allí donde se recurre a la fuerza, la autoridad ya ha fracasado. Un maestro tiene autoridad porque sabe, porque enseña y porque es reconocido por ello. Una autoridad que se exige irrestricta y que castiga como falta grave cualquier acto que afecte la imagen del colegio, dentro o fuera de él, no es autoridad restituida. Es autoritarismo. Y el autoritarismo también se aprende.

Dije al inicio que estas medidas expresan una posición política. Lo que está en curso es la «guerra cultural» con que la derecha radicalizada disputa el sentido común, y la escuela es su territorio predilecto. Empezó antes de este gobierno, cuando el fujimorismo y sus aliados, con mayoría en el Congreso, hicieron del enfoque de género un adversario, y culminó en mayo con la eliminación de la educación sexual integral. Luego vino la memoria. Primero, una revisión de textos escolares que señalaba como sensibles palabras como «conflicto armado» o «dictadura»; después, el anuncio del ministro Chang de que, sobre los años de la violencia política, bastaba con decir que hubo terrorismo. Ahora llega el disciplinamiento. No son, pues, tres decisiones. Es una sola agenda que avanza sobre la escuela por capas: ni género ni sexualidad, ni memoria, ni convivencia. 

Lo que se dibuja es una escuela donde no se habla de sexualidad, donde se quiere reescribir la historia reciente y donde el cuerpo debe pasar desapercibido. Una escuela así no forma ciudadanos capaces de reconocer en el otro a un igual con quien discrepar. Forma súbditos que aprenden temprano que la diferencia es una falta y que toda falta se sanciona.

Quienes prometen sacar la ideología de las aulas confirman, sin quererlo, lo que niegan: que la educación es, siempre, un hecho político.