El derecho a no ser manipulados, por Marianella Ledesma

La tecnología impacta a la información y, de manera especial, a la creación digital, por ser rápida y dinámica.

A diferencia de los mecanismos tradicionales, en los que se usaba solo un canal (auditivo o visual) para transmitir información, hoy se tiene la posibilidad del multimedia, que permite interactuar simultáneamente, utilizando variedad de plataformas para ello.

En este escenario, la información se comparte sin mayor control sobre la veracidad de su contenido. Incluso, puede ser infestada por una “granja de trolls”, en la que existe un grupo de cuentas, a veces falsas o automatizadas, que se coordinan para manipular conversaciones en línea. A través de ellas, se inundan las redes con desinformación, acoso o propaganda, con el fin de influir en la opinión pública, atacar a opositores o desviar debates importantes.

Esta práctica aparece con más intensidad en campañas electorales y no es nada positiva, porque amplifica la polarización y deteriora el debate democrático. Tiene efectos jurídicos porque vulnera la libertad de expresión, genera miedo a opinar, afecta el derecho a la intimidad, al buen nombre, a la honra, a participar en asuntos públicos, en un ambiente libre y seguro, sin presiones ni acoso. En este contexto, hay un impacto jurídico como social, que resiente la convivencia y debilita el buen funcionamiento de la deliberación democrática.

La manipulación de la información no es un tema de hoy ni es una novedad; la diferencia es que hoy cambia la escala y la velocidad. Con bots, redes sociales y segmentación, se amplifican mensajes a millones en minutos, aparentando consensos que en realidad no existen.

Antes, la propaganda era más centralizada y lenta; hoy es distribuida, automatizada y personalizada, lo que complica tanto su control como su fiscalización. Con la tecnología se amplifica el alcance y se permiten mensajes segmentados e incluso automatizados para fabricar percepciones artificiales de consenso. Eso afecta la deliberación pública, porque la conversación ya no refleja necesariamente lo que la gente realmente piensa, pues se fabrican mayorías artificiales que nublan la voluntad popular y desequilibran la democracia. Definitivamente, quien tiene capacidad para controlar, amplificar o introducir determinados mensajes dentro de las redes de comunicación adquiere una forma muy poderosa de influencia política, llamada manipulación.

Hay que enfocar el caso Cerimedo

Recientemente, en Bolivia, se detuvo a Fernando Cerimedo, a quien se le atribuye ser productor de granjas de troles para implementar redes de desinformación y operaciones políticas, para influir en el resultado de las elecciones en diferentes países de la región, como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Honduras y Perú.

El caso no ha sido desapercibido en nuestro país; por ello, se viene impulsando una moción en la Cámara de Diputados para indagar sobre esas intervenciones en el proceso electoral de nuestro país.

Una campaña masiva de desinformación afecta a todos los electores, a todos los ciudadanos. Afecta la libertad de sufragio y el derecho a participar en asuntos públicos, porque el voto pierde autenticidad si la voluntad se forma bajo manipulación artificial.

Afecta, además, principios como elecciones libres, la calidad de la información y la igualdad en la contienda. Dicho en otras palabras, la integridad del proceso electoral, que es un pilar del Estado constitucional, también termina siendo afectada.

No se debe minimizar el caso Cerimedo, pues con esa práctica también se afecta el ejercicio de la soberanía popular, la libertad de información, el pluralismo, la participación política, las elecciones libres y su legitimidad frente a esta práctica.

Habermas diría que el problema aparece cuando la esfera pública deja de ser un espacio de deliberación racional y se transforma en un espacio de manipulación. Dice Habermas: si los ciudadanos reciben información artificialmente producida o amplificada, la formación de la voluntad política deja de ser plenamente autónoma.

Otro dato que se debe relevar es la necesidad de la protección absoluta del proceso de formación de la voluntad política. No se trata de proteger una verdad absoluta, sino un proceso (repito, proceso) auténtico de formación de la voluntad.

El peligro de la manipulación

La manipulación de la opinión pública, como mecanismo de ejercicio del poder, tiene impacto en la legitimidad democrática. Como diría Chomsky, la opinión pública puede ser moldeada mediante mecanismos de propaganda y “fabricación del consenso”. El problema es quién controla los canales de información y qué intereses persigue. La realidad impactada y manipulada a través de estos mecanismos digitales requiere una regulación jurídica especial.

El punto clave es encontrar un equilibrio entre libertad de expresión y la integridad del ecosistema informativo, sin aniquilar el debate, pero cuidando las condiciones mínimas para que el voto siga siendo libre e informado. La reflexión constitucional debe girar sobre cómo proteger espacios de deliberación auténtica, sin sacrificar libertades fundamentales.

El fenómeno digital requiere complementarse con el análisis de datos, microsegmentación y el poder de las plataformas, para que la libertad de expresión conviva con un debate público no manipulado.

El poder de manipular a las masas a través de la opinión pública no es nuevo. Lo novedoso es que hoy la tecnología permite hacerlo de una manera mucho más masiva, rápida, personalizada y difícil de detectar. Esto es lo peligroso.

La ciudadanía cree que está formando libremente su opinión, pero las condiciones en que esa opinión se forma pueden estar previamente condicionadas. Se trata de una fina intervención, de una alta cirugía comunicacional, donde el elector piensa que está construyendo su proceso deliberativo de manera libre y autónoma, sin darse cuenta de que está consumiendo un libreto ya establecido.

Nuevamente, para Habermas, el problema aparece cuando la esfera pública deja de ser un espacio de deliberación racional y se transforma en un espacio manipulado. Si una granja de bots crea artificialmente miles de voces, puede producir la apariencia de un consenso que realmente no existe.

Con esto no quiero decir que la comunicación digital pone en peligro la democracia, porque también hay diversas alternativas que están atentas para defenderla, como la intervención desde el Congreso (investigación y regulación jurídica), la fiscalización ciudadana, los movimientos sociales, por citar algunos.

Hay que proteger la voluntad ciudadana

El derecho a no ser manipulado tiene una consecuencia constitucional importante: la libertad del voto, que no significa que nadie obligue físicamente al ciudadano a votar por determinada opción. También implica que su voluntad política pueda formarse libremente.

Una manipulación masiva y artificial de la opinión pública podría plantear un problema mucho más profundo que la simple difusión de una noticia falsa: podría afectar las condiciones de formación de la voluntad popular, que es la base de la democracia.

Uno de los retos más grandes de las democracias contemporáneas es cuestionar no solo la información falsa, la mentira, sino la fabricación artificial de un consenso.

Cuando mediante bots, trolls o campañas coordinadas de desinformación se simulan mayorías, entonces se puede ver afectada la libertad con la cual el ciudadano forma su voluntad política.

La tarea desde el Estado constitucional no consiste en decidir qué deben pensar los ciudadanos, sino en garantizar que esa decisión sea auténticamente libre y no el resultado de una narración que se fabrica premeditadamente.

No se trata de decir no a la tecnología, pero sí de estar en contra de la manipulación que distorsione el debate público.