
Hay frases que dicen más sobre quien las pronuncia que sobre el tema que pretenden explicar. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, fue a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados a exponer las políticas de su cartera y hablar de reforma penal. Y salió con que la violencia sexual en Condorcanqui (Amazonas) tiene un “origen cultural”.
Ante el cuestionamiento de la presidenta de la comisión, se corrigió a medias. Elaboró una distinción propia de litigante entre un “hecho cultural” y un “origen cultural”. Y para ilustrarlo usó el ejemplo de pasarse la luz roja. ¿Así entiende su misión el titular del despacho que lleva en su nombre los derechos humanos?
Lo que no dice o intenta defender es que en la violencia sexual que se vive hasta hoy en el Perú hay años de retroceso. Lo que no dice es que las políticas de prevención fueron desmanteladas con el argumento de que la educación sexual integral sexualiza a los menores. Y por supuesto hay un error de fondo en ese argumento. Lo que esa formación hace es enseñarle a un niño que su cuerpo le pertenece, que el abuso tiene nombre y que puede denunciarlo.
El mismo Estado peruano ha presentado cifras que el ministro debería conocer. Entre 2024 y julio de 2026, más de 1,253 niñas y adolescentes Awajún y Wampis fueron agredidas sexualmente en ese territorio. Ayer, la presidenta del Comuawuy, Rosemary Pioc, dijo algo que Álvarez debería tener sobre su escritorio: “Estamos cansadas de denunciar. Hay mucha impunidad y ausencia de justicia.”
La función de un ministro de Justicia, como servidor público, es garantizar que la justicia llegue a todos los ciudadanos, especialmente a quienes el Estado abandonó. Para nada debería comportarse como el abogado defensor de quienes violentan, sino esforzarse por ser el garante de quienes son violentados.
Lamentablemente para los peruanos, la oportunidad que el gobierno de Keiko Fujimori tiene para exaltar con dignidad su cargo histórico como mujer al mando de un país con profundas brechas entre hombres y mujeres, la está perdiendo. Y eso lo seguirán pagando mujeres y niñas cuyas vidas seguirán siendo destruidas por la inacción de sus autoridades.

El titular de Justicia relativizó ante el Congreso la violencia sexual en Condorcanqui atribuyéndola a un “origen cultural”.

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