La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y la Organización Mundial de la Salud instituyeron una fecha en el mundo para reflexionar sobre dicha tragedia humana. Esto ocurrió hace tan solo 22 años. La intención fundamental busca insistir en la urgencia de hablar públicamente, prevenir y acompañar.

En el Perú, la conmemoración de esta jornada adquiere un cariz particularmente doloroso. Tan solo en 2024, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registró 735 suicidios consumados, casi el doble de los 391 reportados en 2023.

Es cierto que se han desplegado esfuerzos institucionales. Por ejemplo, la Ley de Salud Mental (Ley 30947), que incorporó tamizajes emocionales en las escuelas; y la Línea 113, opción 5, que atiende urgencias psicológicas de manera gratuita y permanente.

Sin embargo, la estadística revela que la política pública, aunque necesaria, se sigue estrellando contra un muro cultural. Ese muro está hecho de silencio, prejuicio y estigma.

Al respecto, el Centro de Investigación y Desarrollo en Salud Mental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia afirma que muchas personas optan por el silencio ante la estigmatización social.

Por otro lado, el Programa de Prevención del Suicidio del Instituto Nacional de Salud Mental sostiene que para superar este problema público los peruanos deben romper con el tabú hablando del problema.

De ahí que la tarea pendiente no se limite a fortalecer servicios de salud mental o a mejorar protocolos de atención. Además, se trata de transformar una cultura que margina a quien sufre en silencio. La salud mental es una condición humana que requiere escucha, acompañamiento y tratamiento.

Por lo tanto, hablar de salud mental es, en suma, un acto de responsabilidad colectiva.

Si usted o alguien cercano atraviesa una crisis emocional, comuníquese a la Línea 113, opción 5, disponible las 24 horas en todo el país. No está solo.

Editorial

Hablar de salud mental puede salvar vidas

Hoy, el Día Mundial de Prevención del Suicidio nos confronta a la realidad de este problema público en el país.

Hablar de salud mental puede salvar vidas | Editorial

La República

Las reservas internacionales cumplen una función central dentro de la política monetaria de un Estado. Según el Banco Central de Reservas del Perú, estas “constituyen la liquidez internacional con que cuenta un país para enfrentar choques macroeconómicos adversos”. Su administración autónoma y técnica ha contribuido a la continuidad de la estabilidad monetaria durante casi tres décadas en el Perú.

El aumento sostenido del precio del oro en los mercados internacionales ha incorporado a la agenda pública una discusión sobre la composición de las reservas internacionales. El BCRP mantiene alrededor del 5% de dichas reservas en oro, una proporción estable desde hace más de una década.

El contexto global, sin embargo, presenta transformaciones que inciden directamente en la gestión de reservas. El incremento del endeudamiento soberano en economías centrales y la reconfiguración de flujos de capital complejizan los supuestos que sustentaron decisiones pasadas. En este marco, la composición de las reservas adquiere una dimensión de evaluación.

La estabilidad de la proporción de oro en las reservas peruanas durante un periodo prolongado con diversas crisis, incluida la pandemia, plantea una pregunta que debería ser respondida técnicamente: el grado de correspondencia entre esa proporción y los riesgos del entorno económico actual.

Este debate se inscribe en el ámbito de la política monetaria y de la administración de reservas. Al respecto, la autonomía del Banco Central de Reserva se expresa, precisamente, en su capacidad para conducir estas discusiones desde un marco institucional y no desde presiones coyunturales. Eso no quiere decir que no admita variaciones conservadoras financieramente, en único beneficio del Estado.

En el último quinquenio, la explotación minera ha desbordado al Estado. El surgimiento de competidores que se encuentran fuera del radar fiscal tiene vínculos directos con los incentivos comerciales que ofrecen los precios internacionales de los metales, particularmente el oro. Este problema estructural que amerita el debate por una reforma minera en el país, también puede generar oportunidades, aunque probablemente conservadoras, para plantear variaciones como la que se expone en el presente editorial.

La solidez macroeconómica del Perú se ha construido sobre la base de reglas claras, disciplina y previsibilidad. Esta última debilitada por el pacto parlamentario autoritario que gobierna. Por lo tanto, la revisión de la composición de las reservas internacionales responde a la misma lógica que permitió estabilidad y fortaleza, que no es otra que la adaptación institucional frente a un entorno en transformación.

La necesaria discusión sobre las reservas de oro del Perú

Ad portas de un nuevo proceso electoral, el Perú vuelve a enfrentarse a una prueba que va más allá de las urnas. Se trata de decidir qué tipo de convivencia democrática estamos dispuestos a sostener mientras debatimos el rumbo del país.

En ese marco, resulta especialmente preocupante que el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, haya optado por atacar al periodista Ángel Páez, de esta casa editorial. El acto ocurre luego de que este investigara y publicara información sobre una deuda tributaria con la SUNAT.

Lejos de ofrecer explicaciones claras o presentar documentación que despeje las dudas de los ciudadanos, el candidato respondió con descalificaciones personales y amenazas judiciales, incluso “no perdonando la vida” al sr. Paez.

En los últimos años, el debate público en el país ha ido degradándose hasta confundirse con la agresión. La discrepancia legítima ha sido reemplazada por la descalificación, y el adversario político ha pasado a ser tratado como enemigo. Esta lógica es incentivada por liderazgos que quieren convertir el insulto en estrategia, la mentira en recurso y la polarización en capital político.

Sin embargo, su eficacia depende, en última instancia, de que como ciudadanos la acepten y la reproduzcan.

Discutir en democracia no implica renunciar a las convicciones ni diluir las diferencias. Implica, más bien, reconocer límites éticos anteriores como evitar la pretención de eliminación de quién denuncia, porque es sabido que es la ruta directa para formas fascistas de ejercer el poder.

En ese sentido, cuidar la democracia en cómo discutimos exige resistir la tentación de reducir la política a consignas o a identidades cerradas que no admiten matices.

Este cuidado no es una tarea exclusivamente individual. Todos los peruanos y especialmente los candidatos presidenciales, pues tienen una responsabilidad mayor.

El proceso electoral que se avecina pondrá a prueba nuestra capacidad de sostener el desacuerdo sin romper la convivencia.

Por eso conviene recordar algo elemental: el futuro político del país no depende únicamente de quién gane, sino de cómo decidimos transitar el debate. Cuidar la democracia implica también cuidar el lenguaje, los gestos y las prácticas con las que enfrentamos a quienes piensan distinto. Por eso, la solidaridad entera de La República al señor Angel Paéz y nuestra preocupación serena ante expresiones que invitan a cuidar con mayor celo el clima democrático y respeto mínimo en una sociedad civilizada.

La democracia también se cuida en cómo discutimos

La violencia vinculada al transporte urbano ocupa hoy un lugar central en la agenda pública. El Ministerio Público reporta que, en el 2025, los atentados contra este sector dejaron más de 134 víctimas, entre ellas 73 personas fallecidas y 61 heridas.

Al respecto, las medidas adoptadas por el Gobierno se han limitado a mantener estados de emergencias. El resultado que hoy se cosecha es tan solo la expansión del crimen organizado.

El transporte urbano constituye un actor permanente del régimen político. A lo largo de los últimos dos gobiernos sostenidos por el pacto parlamentario autoritario, un grupo de ese sector ha formado parte de ese arreglo de gobernabilidad. A pesar del amplio esfuerzo de muchos ciudadanos para salir a las calles y protestar, algunos dirigentes han optado por negociar el levantamiento de la medida de fuerza sin explicar a su gremio y a la ciudadanía solidaria el contenido del mismo.

Este vínculo explica su peso político. Los gremios de transporte, casi en su totalidad informales, concentran capacidad de presión a través de paros. Esa capacidad ha operado como instrumento de negociación frente a la inoperancia gubernamental. De esa manera, la informalidad ha funcionado como variable que dificulta la transparencia.

La actual expansión de la extorsión y los atentados se desarrolla sobre un sistema previamente configurado por la ausencia de control estatal. En ese entorno, el crimen organizado encuentra espacios de inserción, así como de estructuras de protección, incluso vinculadas al aparato policial. En ese sentido, la violencia aparece como parte de una disputa por rentas y control territorial.

La respuesta estatal se ha concentrado en dispositivos de seguridad y presencia policial, sobre todo en los distritos con mayor renta media, sin un plan conocido de inteligencia para desbaratar las bandas que siguen asesinando a personas que solo quieren trabajar. El debate público gira en torno a operativos con presencia innecesaria del presidente José Jerí y anuncios de corto plazo. En paralelo, permanecen pendientes decisiones sobre la no derogatoria de las leyes procrimen, el modelo de transporte, y la estructura empresarial del sector.

El transporte urbano cumple una función fundamental en la organización de la vida de la urbe y, por ende, es indicativo de estabilidad. Este escenario, por tanto, convoca a la agencia ciudadana. Cambiar el rumbo de un país sin conducción requiere organización y vigilancia constante del poder.

Los transportistas ante la inseguridad y el régimen

El boicot al estreno del documental Uyariy, de Javier Corcuera, expone un patrón de censura configurado tras la crisis política abierta por el autogolpe fallido de Pedro Castillo. La modificación de la programación del documental, con su retiro de salas en el sur andino y su reubicación en horarios de baja asistencia en Lima, funciona como un mecanismo de restricción del acceso del público.

Uyariy aborda las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023, en particular los hechos del 9 de enero en Juliaca. El documental construye un relato centrado en las víctimas y en sus familiares, y coloca en discusión la actuación del Estado durante esas jornadas.

No obstante, este caso se inscribe en una secuencia de intervenciones estatales sobre el campo cultural. El anuncio del Ministerio de Cultura sobre la reestructuración de los Estímulos Económicos para la actividad cinematográfica redefine los criterios de asignación de recursos públicos. Esta redefinición incide en los temas, enfoques y circuitos de producción del cine nacional, y establece nuevas condiciones para el desarrollo de proyectos audiovisuales contradictoriamente.

El Congreso cumple un papel central en esta orientación mediante proyectos de ley orientados a la reducción del financiamiento cultural y la creación de comisiones de investigación que introducen un esquema de supervisión política sobre la creación artística. Este esquema impacta con mayor fuerza en el cine regional e indígena, cuyo desarrollo depende en gran medida del apoyo estatal.

A este entramado se suma el rol de sectores del sector privado que han otorgado legitimidad a prácticas autoritarias. Determinadas empresas y gremios han asumido una conducta de alineamiento con el poder político, ya sea por acción directa o por omisión. De manera directa o pasiva, aceptan restricciones a la libertad de expresión y a la circulación de contenidos. Contraductoriamente, esta conducta afecta condiciones básicas para el desarrollo económico, como la previsibilidad de las normas y la estabilidad social.

La censura cultural se articula así con una dinámica que trasciende dicho ámbito. La desactivación de equipos fiscales encargados de investigar las muertes en protestas, la ausencia de acciones desde organismos responsables de la protección de derechos y la aceptación privada de estas prácticas forman parte de una misma orientación política.

Este patrón permite comprender la lógica del régimen. Ante un escenario de cuestionamiento social, el control del relato se convierte en un recurso de gobernabilidad.

El patrón de censura del régimen

La amenaza velada del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, contra los jueces que decidan no aplicar la Ley 32107 constituye un acto antidemocrático más en el Perú. Es una presión política directa sobre la función jurisdiccional, que pretende comprometer el principio básico de separación de poderes, nuevamente

En un Estado constitucional de derecho, los jueces no deben lealtad a coyunturas políticas ni a mayorías parlamentarias circunstanciales. Su fidelidad es, y debe ser siempre, a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. En ese sentido, reconocidos juristas insisten en que el control difuso sigue siendo un deber constitucional que protege a la ciudadanía frente a leyes que puedan vulnerar derechos fundamentales.

Que esta amenaza se produzca en un contexto de inseguridad, donde amplios sectores, como los transportistas hoy movilizados, reclaman un Estado capaz de garantizar la vida y el trabajo. El Congreso afirma nuevamente que la prioridad es disciplinar a los jueces y reordenar el sistema judicial; no es fortalecer la justicia para enfrentar la violencia actual creciente.

La invocación selectiva de la “seguridad jurídica” para justificar la aplicación de una ley que abre la puerta a la prescripción de delitos de lesa humanidad es, además, un uso instrumental del derecho. La seguridad jurídica no puede construirse sobre la base de la impunidad ni en contradicción con los compromisos internacionales asumidos por el Perú. Mucho menos puede imponerse mediante advertencias de sanción administrativa a magistrados que cumplen con su función constitucional.

Frente a esta deriva de régimen parlamentario autoritario, la resistencia democrática no se agota en los tribunales. Persisten, y deben ser defendidas, las vías constitucionales que aún permanecen abiertas: las próximas elecciones, como mecanismo de sanción política, y las protestas ciudadanas, convocadas desde la sociedad civil, como ejercicio legítimo del derecho fundamental a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

La historia reciente del país demuestra que cada vez que se ha debilitado la independencia judicial, el resultado ha sido más arbitrariedad, menos justicia y mayor distancia entre el poder y la sociedad.

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